Un populista patriotero al frente de la Defensa Nacional

Con el accidente del “Cougar” todavía caliente, en enero de 2006 Bono destituyó de forma fulminante al teniente general Mena por manifestar en su discurso oficial de la Pascua Militar los inconvenientes que la aprobación del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña tendría para las Fuerzas Armadas, recordando también la posibilidad de que dicha institución pudiera intervenir en caso de que el texto finalmente aprobado no respetara la vigente Constitución Española. Un pronunciamiento que el patriotero ministro de Defensa entonces entendió ilícito. El 7 de abril de 2006, Bono hizo pública su decisión de abandonar el cargo ministerial por motivos personales (afirmó no tener tiempo para dedicar a su familia y que eso podía hacer fracasar su matrimonio), siendo sustituido por José Antonio Alonso, quien hasta ese momento ocupaba la cartera de Interior. Sin embargo, su vuelta a la política activa en las elecciones legislativas de 2008 dejó en entredicho aquella versión dimisionaria, que medios informados atribuyeron a los conflictos previos que mantuvo precisamente con su sucesor en el cargo y al desgaste que sus comentarios y gestos públicos provocaban en la imagen del propio Rodríguez Zapatero, así como a su campaña soterrada para sucederle en la presidencia del Gobierno.

El paradigma máximo de la decepción militar

No obstante, el premio gordo de los desafueros y mentiras casi patológicas que han caracterizado al ministro Trillo-Figueroa, se lo llevó efectivamente el caso del “Yak-42” con la muerte de los 75 ocupantes que transportaba el 26 de mayo de 2003, 62 de ellos militares españoles que regresaban de una misión profesional de Afganistán. Antes de que se destapara el escándalo de la falsa identificación de los cadáveres, los engaños que reiteró a los familiares de las víctimas, a la opinión pública y al Parlamento, fueron más que proverbiales. Con independencia de que todas sus patrañas contaminaran, además, a algunos generales serviles, que dejaron la institución militar a las patas de la peor opinión ciudadana. Denigrar y entremezclar de forma truculenta los restos mortales de quienes habían dado su vida en acto de servicio al Estado, con la posible comisión por medio de un delito de falsedad documental, era sin duda un hecho impresentable. Y más todavía si se le imputaba nada menos que a un miembro del Consejo de Ministros, al margen de que perteneciera a una reconocida organización religiosa.