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En varias ocasiones hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Y siempre hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Pero, reconocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, parece ser tarea imposible o vedada para buena parte de la actual clase política. Justo lo contrario de lo que sucedió en la Transición, durante la que primó el conocimiento objetivo de la comprometida realidad del momento, pudiendo arbitrarse, en consecuencia, compromisos sociales y políticos adecuados, entonces eficaces y con una envidiable proyección histórica. Y aun cuando algunos puristas de la democracia opinaran que el cambio de régimen no se afrontó de la mejor forma posible, o a pesar de que otros crean ahora que la causa de su indeseable desviacionismo tiene origen en las concesiones con las que se acompañaron ab initio algunos de sus aspectos básicos, como el sistema electoral y de partidos, la separación de poderes del Estado, la organización política del territorio o determinados artículos de la propia Constitución.

En el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igualmente práctico, y no retórico, porque es en la práctica donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural sin maquillajes ni envolturas decorativas, junto a la fuerza y precisión de sus pensamientos.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la “sinrazón” y la falsa “razón de Estado” o supedita el interés partidista al interés general de los ciudadanos), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

Sin embargo, hoy por hoy, el proceso electoral o la lucha partidista por acceder al poder, o mantenerlo, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas, descalificaciones mendaces de los adversarios, ocultaciones interesadas de la realidad, anuncios legislativos cuya semántica no se compadece con lo que será su contenido real, programas electorales diseñados para engatusar a los votantes ofreciéndoles lo que “desean” pero muy distintos a lo que van a recibir después (en la “línea de gobierno” real prevista en la trastienda de los partidos), promesas falsarias o incumplibles (como la habitual de crear millones de puestos de trabajo y acabar con el paro), promesas manipuladoras …

La mentira política es un juego vergonzoso de reiterada traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las reglas de nuestra ya más que discutible democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro está, pues, que el engaño político prevalecerá en nuestro país eternamente, mientras el sistema sea el que es y los electores hallen placer en ser engañados.

EL ABSURDO DEBATE SOBRE EL “ESTADO DE LA NADA”

Esto es de una evidencia absoluta, constatada con los muchos ejemplos que nos ofrece la degenerada política de hoy en día. El último de todos ellos es el del debate sobre el “estado de la Nación”, una artificiosa pantomima que, como tal, ya no tiene audiencia ni crédito social alguno, interesando sólo a los adictos partidistas, sectarios o beneficiarios de sus pesebres, y a quienes viven de la información política, que a menudo son sus mejores cómplices.

Su última versión, iniciada el pasado 20 de febrero, ha sido un “más de lo mismo” en toda regla. Porque ¿de qué debate estamos hablando si, para empezar, no se reconocen y valoran de forma precisa los auténticos problemas del país (que son los de sus ciudadanos) para poder afrontar, a partir de ellos, las soluciones reales que requieren…?

Pues se trata, ni más ni menos, que de un debate sobre “la nada” (o sobre el “estado de la Nada”), y más bien de un concurso de habilidades dialécticas y frases ingeniosas, de búsqueda de titulares periodísticos oportunistas, por no decir de chascarrillos diversos, para solaz entretenimiento del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición, con los portavoces de las minorías parlamentarias fuera de juego, que infravaloradas por el ventajismo político de las mayorías pintan menos que un cero a la izquierda. En definitiva, de un ejercicio barato de la dialéctica política, donde termina ganando el más ocurrente o el más agudo, en opinión exclusiva de los medios informativos (muchos pagados como corifeos del sistema) y en la más interesada de los propios partidos en liza.

El debate sobre el “estado de la Nación” no es otra cosa que un gratuito enfrentamiento de pura fanfarria parlamentaria, en el que uno de los contrincantes gana al otro de forma contundente o a los puntos, o en el que ambos quedan en tablas, sin que ese resultado tenga nada que ver con lo que los ciudadanos podrían esperar de él, que sólo es el reconocimiento de sus problemas y los acuerdos para instrumentar las soluciones pertinentes. Lo más estrambótico del caso es que, gane quien gane el debate, esas soluciones nunca llegan, entre otras cosas porque la aprobación de las correspondientes “propuestas de resolución” carece de fuerza legal y jamás ha servido para nada.

En coherencia con esta evidencia, renunciamos a analizar y comentar con detalle la frívola intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incapaz de reconocer siquiera la realidad que debe gobernar y de priorizar los graves problemas que soporta, remiso en la acción de gobierno (todo son intentos de escaso alcance y tardíos) y maestro consumado en la ocultación de las cifras y datos que más comprometen su nefasta gestión de la crisis económica, pero cínico, triunfalista y exultante ante la inocua palabra del líder socialista.

Ya se verá, más pronto que tarde, si las nuevas promesas realizadas por Rajoy en su discurso parlamentario del pasado 20 de febrero, responden, en corto y por derecho, a su ineludible compromiso político con los españoles, o sólo a los acuerdos adoptados en el Consejo de Europa y a las directrices marcadas por la Comisión Europea; si se instrumentan las necesarias reformas institucionales y en la medida adecuada; si se afronta con claridad y decisión la lucha contra la corrupción y contra el paro; si se reinstaura una economía productiva… y, en su caso, si concretado todo ello seguirá mereciendo o no el “¡cuán largo me lo fiais!” del electorado. Y si, dejando aparte sus cínicas habilidades discursivas, Rajoy remonta o perjudica más la pésima valoración social de su gestión política.

Y tampoco merece la pena comentar la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo marco de debate, porque como perfecto “muerto viviente” de la política no merece más consideración que la de sparring-partner parlamentario; un “saco de patatas”, en lenguaje boxístico, con el que “hacer guantes” para conservar cómodamente el título de la categoría frente a la esperanza irremisiblemente perdida del aspirante. Lleva razón Mariano Rajoy cuando afirma que no le interesa la dimisión de Rubalcaba.

Eso sin considerar los enredos internos del PSOE, su desencuentro con el PSC (ganado a pulso por los torpes consentimientos previos de Rodríguez Zapatero), sus suicidas propuestas federalistas con las que pretende agrandar los problemas de la organización territorial del Estado, en vez de reducirlos, y, en fin, su contumaz negativa a afrontar la necesaria “catarsis” interna que permita a su partido, entre otras cosas sustanciales, poder desprenderse del letal lastre “zapateril”…

ROSA DÍEZ LE CANTA A RAJOY LAS VERDADES DEL BARQUERO

Cierto es que en el debate de marras Rajoy vapuleó retóricamente a Pérez Rubalcaba (una victoria pírrica más de políticos miopes), pero ¿qué valor tiene tal paliza dialéctica? ¿Acaso eso interesa a los españoles en la actual situación de crisis general, en la que PP y  PSOE deberían trabajar codo con codo para sacar el país adelante…?

La realidad del último debate sobre el “estado de la Nación”, es que sólo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, puso el dedo en la llaga y cantó a Mariano Rajoy las “verdades del barquero”, sentando las bases objetivas de lo que debiera haber sido, y que no fue, un verdadero debate sobre la gravísima deriva social, política, económica e institucional por la que marcha el país. Una realidad esencial despreciada por el presidente del Gobierno y sólo utilizada por la oposición socialista a golpes muy perdidos de conveniencia electoral.

Por esa razón, sin ánimo propagandístico alguno y sólo como resumen de un análisis sobre la situación política que consideramos acertado, dedicamos el resto de esta Newsletter a reproducir íntegramente la versión escrita de la intervención principal de Rosa Díez en el debate sobre el “estado de la Nación” iniciado el pasado 20 de febrero, en la convicción de que fue lo más sensato y patriótico que se pudo escuchar en el mismo:

El Gobierno, en un nuevo intento de hurtar al Parlamento su función de centro neurálgico de la democracia, pretende mezclar el debate sobre el estado de la Nación con la dación de cuentas de lo que fue el último Consejo Europeo. Por mucho que lo intente, Sr. Rajoy, no podrá evitar que esta portavoz se centre en lo que es más urgente y más importante para España, un país sumido en una grave crisis política, económica y social cuya superación requiere de medidas de choque sin ningún tipo de dilación.

La situación es desoladora:

La pobreza progresa. En sólo un año se ha incrementado dos puntos el número de hogares que se sitúan bajo el umbral de la pobreza; tres niños de cada diez viven en España por debajo del umbral de la pobreza; casi tres de cada diez españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.

La igualdad, retrocede. España es hoy el país con mayor desigualdad de toda la Eurozona. El grupo que más gana multiplica por 7,5 los ingresos de los que menos perciben. Al inicio de la crisis el múltiplo era 5,3.

Avanza la corrupción. En el índice de Transparencia internacional nuestro país se sitúa en el puesto número 30, habiendo retrocedido nueve puestos en 18 años. Para vergüenza nuestra la calidad de nuestra democracia se deteriora día a día.

Retrocede la calidad de nuestro sistema educativo. El índice de desarrollo educativo en España está veinticinco puntos por debajo de la media OCDE y la calidad del sistema cincuenta y seis puntos por debajo de esa misma media.

Por si eso fuera poco, las diferencias de resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre países de la OCDE, y aumentan si se compara la calidad de la educación. Si las regiones españolas obtuvieran los mismos resultados en PISA que Finlandia, el país de la OCDE que tradicionalmente obtiene los mejores resultados, la renta per cápita española podría llegar a aumentar un 1% anual. En definitiva, que España es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto.

Pero a esta situación no hemos llegado de forma inevitable; ni la mala situación en la que se encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la política de ajustes impuesta por Europa explica este deterioro. Las decisiones de su gobierno han agravado la crisis, han deteriorado la convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre los ciudadanos y las instituciones.

Cabe recordar que su primer año de gobierno ha sido:

1 – El año del rescate de las Cajas y banca nacionalizada o regalada a los bancos (como la CAM al Sabadell o Banca Cívica a La Caixa, pongamos por caso), a costa de un enorme aumento de la deuda pública (146.000 millones en un año, 400 millones diarios) y por tanto del endeudamiento de los ciudadanos, que en última instancia son los que pagarán todo este dispendio a costa de la educación, la sanidad, las inversiones y sus propios bolsillos.

2 – El año del inmovilismo político y las reformas ausentes. Pese a las proclamas de grandes reformas, éstas brillan por su ausencia salvo en aumento de impuestos directos e indirectos, flexibilización del despido sin verdadera reforma laboral -2.300 parados nuevos al día-, y mantenimiento tal cual de la estructura de Estado que tanto ha agravado la crisis por el coste derivado de duplicidades, ineficiencia, despilfarro e irracionalidad. Nada de reformar con fusiones municipales y supresión de diputaciones –eliminando estos entes no electos nos ahorraríamos 6.000 millones al año-, racionalización de las administraciones, etc. Y ni hablar de cambiar la Ley Electoral, por ejemplo.

3 – El año de la recaudación con fraude fiscal. Casi toda la política económica del Gobierno ha estado consagrada a aumentar la recaudación a costa de los salarios públicos (funcionarios sobre todo) y del aumento de tributaciones por doquier (tasas judiciales incluidas). No hay otro objetivo que recaudar más y más a costa del consumo privado y del ahorro. Y sin embargo, ha habido amnistía fiscal para grandes defraudadores.

4 – El año de la insensibilidad social. Ustedes han reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los desahucios; en esto, 2012 ha sido un año perdido. Lo mismo cabe decir del aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente la infantil, indicador de que les va peor a quienes debería irles mejor: familias jóvenes con niños. En este sentido también cabe señalar el fracaso que supone que se ofrezca a los jóvenes formados la emigración como toda solución al gigantesco paro juvenil y profesional.

5 – El año del mantenimiento del despilfarro. Pese a los drásticos recortes del Presupuesto y la bajada real de las pensiones, el ahorro se hace a costa de la I+D+i y la inversión productiva (ayudas a emprendedores, liquidación de la morosidad a pymes etc.), empeorando la situación y perjudicando la salida de la crisis con nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el alto valor añadido de la producción. Suprimiendo las Diputaciones (6.OOO millones de euros al año) se podría haber mantenido la inversión en Investigación. Pero claro, ustedes optan no sólo por mantenerlas sino por reforzar su papel en un intento desesperado por salvar el bipartidismo moribundo.

Porque si hay algo que tienen claro es que puestos a elegir entre el futuro de su partido o el futuro de España… el partido es lo primero.

6 – Por último, ha sido el año del auge del nacionalismo separatista. Secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la Generalitat, y vuelta de Batasuna a las instituciones en un clima de absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA.

El resultado de todas sus políticas es inapelable: El Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones de 2011.

Capítulo aparte merece la corrupción política. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático.

Hemos de reconocer que nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Regenerar la democracia no es otra cosa que las instituciones funcionen y cumplan con su obligación constitucional.

Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales; la ley ha de establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos; la ley ha de perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos; la ley ha de poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción. Es la ley -y no la respuesta exculpatoria- la que ha de obligarnos a todos; sólo desde la ley acabaremos con la impunidad y con los privilegios; sólo desde el respeto a la ley recuperaremos el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

Combatir la corrupción exige implantar una justicia independiente, acabando con el reparto vergonzoso entre partidos de los órganos de la justicia. Justo ese pacto que ustedes y ustedes [dirigiéndose a los bancos del PP y del PSOE] acaban de renovar –rompiendo una vez más su compromiso electoral- y que jueces, fiscales y abogados denuncian en toda España.

Combatir la corrupción exige reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España.

Combatir la corrupción requiere de una Ley de Transparencia que regule los lobbies e incluya a la Casa Real, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cualquier institución que se financie de ayudas públicas.

Regenerar la democracia exige aprobar una Ley Electoral justa y proporcional, que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.

Sabemos que estas propuestas de regeneración democrática y de reforma del modelo de estado chocan con el pacto para que nada cambie –unas veces tácito y otras veces expreso- de los dos grandes partidos. Es ese pacto para mantener triunfante el bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación; es ese pacto el que ha permitido que ustedes rechacen juntos (en esta y en la pasada legislatura) todas las propuestas de reformas estructurales que les hemos venido planteando desde Unión Progreso y Democracia.

Porque ustedes confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo.

España no es el PP; España no es el PSOE; España no es UPyD. España no es sus medios de comunicación. España no es esta justicia politizada; ni los órganos supervisores politizados por los partidos políticos, que no los conciben sin sus siglas superponiéndose a las personas. España no es este Estado del Bienestar arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, esta sensación de abandono. Como cualquier otro país, España no es más que el conjunto de las personas que lo habitan, que trabajan, viven y muere en él, y a veces por él. España no es otra cosa que los españoles.

Frente a toda esta ruina, a todo este retroceso, ustedes han optado por mantener el actual Estado de las Autonomías en vez de proteger y garantizar el Estado del bienestar.

Señor Presidente, señorías, ¿no creen que ha llegado la hora de que antepongamos nuestra condición de representantes de los ciudadanos a la de políticos de partido? ¿Cuántos parados más tiene que haber en España para que pensemos en los españoles como ciudadanos en vez de tratarles como a simples votantes? ¿Cuántos jóvenes más tienen que engrosar las listas de paro -casi siete puntos más en un año, más de la mitad de la población juvenil- para que pensemos en las futuras generaciones en vez de preocuparnos por las próximas elecciones? ¿Hasta dónde ha de llegar el número de parados sin prestaciones -más de dos millones- para que nos pongamos a trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones?

Aunque ahora pueda parecer difícil de creer, España tiene futuro. No tenemos por qué resignarnos a mantener un modelo de país que se ha mostrado incapaz de enfrentarse con los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir alto y claro que es preciso refundar el Estado si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave de lo que ocurre en España.

Sólo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de Estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que, precisamente por eso, hemos de cambiar.

Refundar el Estado requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las Cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica, prevista en nuestra Constitución, que tiene por objeto dar respuesta a una exigencia política que no es otra que definir un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.

Les proponemos abordar la reforma de la Constitución pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas -nada más contrario al federalismo, que es igualdad, que el nacionalismo, que vive de reivindicar la diferencia- sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978; un pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional.

Las leyes no son divinas, y revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si reformaron ustedes la Constitución en cuarenta y ocho horas para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no se va a poder reformar para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos que el texto proclama?

La reforma de la Constitución no es un drama…, ni tampoco una fruslería, lo sé. Somos conscientes de que requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. La pregunta no es pues si es posible; la pregunta es si es necesaria. Nuestra respuesta es, rotundamente, SI.

Claro que para afrontar este reto es preciso que los partidos políticos mostremos altura de miras y seamos capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional, manteniendo claras las diferencias entre uno y otro ámbito.

La integración de distintas expresiones políticas, entre ellas las nacionalistas, no es sino un reto propio de cualquier sistema democrático. Y cuando digo “integración” y “sociedad española” no pienso en los sentimientos de los nacionalistas sino en los derechos de todos los ciudadanos, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y/o una responsabilidad institucional que utilizan para exacerbar sentimientos políticos identitarios, de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática.

Nuestro reto no es otro que el de cualquier sociedad democrática, que en el caso de España es una batalla crucial que hemos de dar -y ganar- para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes en nombre de su religión nacionalista se opondrán a ello.

En suma, proponemos que se afronte la reforma constitucional asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Proponemos una reforma que defina un modelo territorial que garantice la unidad e incluya la diversidad. Sólo así, garantizada la unidad, la diversidad se convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas.

Esta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Presidente, señorías, insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático.

Les proponemos un Pacto de Legislatura en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las reformas legales que hemos señalado, incluida la Ley Electoral, para abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo de los ciudadanos. Esto es lo que necesita España.

EL DIVORCIO DEL GOBIERNO DE RAJOY CON LOS GOBERNADOS

Lo dicho. Ofrecemos de forma excepcional esta Newsletter a la mejor gloria de Rosa Díez, sobre todo como evidencia del divorcio que el presidente Rajoy ha consumado con las bases sociales del país, incluyendo a quienes debe el haber llegado a La Moncloa, y que, mucho nos tememos, terminará de forma violenta, como los casos de maltrato conyugal, ahora a cuenta de un impresentable machismo político aplicado desde los púlpitos del poder nada menos que al pueblo soberano.

Una peligrosa forma de ejercer la política, en la que los españoles del hambre y la miseria, de la emigración y la desesperanza, de las estafas bancarias, del paro y de los desahucios con suicidios incluidos…, que ya son demasiados, habrían podido patear el alma de Rajoy de haber escuchado algunas de sus frases más desafortunadas y temerarias, por no decir falaces, durante la artificiosa pantomima -y, repetimos, extremadamente cínica- del debate sobre el “estado de la Nación”, en una situación tan dramática como la actual: “España ya tiene la cabeza fuera del agua”, “El barco no se ha hundido”, “Los españoles aceptan los sacrificios (…) sólo perciben la cara amarga de la reforma”… Pasando a describir después un panorama desolador de nuestra economía, aun en versión edulcorada y con significativos escamoteos estadísticos.

Y, todavía mucho más lamentable, insultando a la inteligencia del pueblo llano con una patética defensa de la más que discutible honradez política y un airado ataque a los que, en su hipócrita opinión “sin pruebas”, aplauden las denuncias de corrupción contra su partido, presumiendo de que nunca había sido condenado por financiación ilegal (el “caso Naseiro” no pudo prosperar al invalidarse judicialmente las comprometedoras conversaciones telefónicas que conoció toda España) o afirmando de forma casi soez que no puede permitir otra “leyenda negra”… Todo ello mientras en ese mismo momento el ecuánime Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiteraba públicamente que “la proliferación” de casos de corrupción, “algunos de extremada complejidad en la instrucción”, le había llevado a solicitar ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que “recabe los medios suficientes de refuerzo”

Una de las pocas apostillas impecables de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el que ya hemos calificad de debate sobre el “estado de la Nada”, fue esta pregunta dirigida a Rajoy, por supuesto sin respuesta: “¿Qué tiene que pasar para que rectifique su política económica…?”. Dejémoslo aquí, porque siendo Rajoy como es, sólo la historia próxima dejará las cosas en su sitio.

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