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Nuestra anterior Newsletter (La artificiosa pantomima del debate sobre el “estado de la Nación”) concluía con una de las pocas apostillas impecables que Alfredo Pérez Rubalcaba incluyó en el debate parlamentario del pasado 20 de febrero sobre el “estado de la Nación”, que en nuestra opinión fue más bien un devaneo retórico sobre el “estado de la Nada”. El detalle de marras consistió en una pregunta dirigida a Rajoy de la que éste hizo oídos sordos: “¿Qué tiene que pasar para que rectifique su política económica…?”.

El presidente del Gobierno no se dignó contestar, pero la acertada pregunta del líder de la oposición no deja de realimentarse cruelmente, día a día y por muchas y significadas vías. A las pocas horas de que el presidente del Gobierno se pavoneara en el Congreso de los Diputados con afirmaciones tan cínicas y mendaces como “el barco no se ha hundido” o “España ya tiene la cabeza fuera del agua”, las previsiones de la Comisión Europea sobre la economía española (publicitadas el pasado 22 de febrero) apagaron la llamita de optimismo económico que había intentado trasmitir al país desde la tribuna parlamentaria.

Mariano Rajoy advirtió también desde ese devaluado púlpito del poder que “hay vida después de la crisis”. Pero sin concretar en modo alguno cuando tiene previsto que ésta acabe, o siquiera cuando dejará de progresar, y en su caso debido a qué actuaciones gubernamentales concretas, simplemente porque carece de criterio fundado al respecto o porque, como se desprende de la ausencia de una política económica adecuada al caso, sólo mantiene esperanzas pasivas de que el problema se resuelva con la reactivación de la economía internacional y el incremento de las exportaciones. Aunque según las previsiones de Bruselas siempre será mucho más tarde de lo que él viene medio aventurando, con continuos errores de cálculo y de tiempos.

LA ECONOMÍA A PEOR, MIENTRAS RAJOY QUEMA SU MANDATO

La Comisión Europea estima que la economía española caerá este año un 1,4 por 100, mientras que la tasa de desempleo continuará subiendo hasta el 26,9 por 100, lo que significa que en los próximos meses España llegará a los 6,5 millones de parados. Con ello, se contradicen obviamente las más alegres expectativas difundidas por el presidente del Gobierno.

Quizás, no forzar la intervención definitiva (cosa políticamente mala para Rajoy pero no tanto para España), sea la razón por la que en Bruselas parecen dispuestos a dar más tiempo para que prosigan los esfuerzos españoles de reducción del déficit público, que al cierre de 2012 se situó en el 7 por 100 del PIB, o incluso en el 10,2 por 100, mucho más escandaloso, si en esta estimación se consideran de forma ortodoxa las ayudas prestadas a la banca, que elevarían en 3,2 puntos el desfase presupuestario (cantidad no cerrada pero situada como mínimo en unos 32.000 millones de euros).


En relación con la crisis española, Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y titular de Economía, afirmó de forma cautelosa: “Si los datos reales para 2012 nos dan garantías de que el esfuerzo estructural acordado se está aplicando, la estrategia presupuestaria podría adaptarse para reflejar que este proceso de consolidación llevará tiempo y esfuerzo”. Pero no quiso comprometer ningún plazo extra para que España cumpla el objetivo de déficit, aunque parezca claro que Bruselas aceptará en efecto una prórroga de dos años para que nuestras finanzas públicas se puedan resituar dentro de los límites del Pacto de Estabilidad.

De esta forma, la rebaja del déficit público al 3 por 100 del PIB sólo se alcanzaría en el mejor de los casos a finales de 2016, teniendo como punto de partida el 7 por 100 del cierre del 2012, dado que al medir su exceso no se tiene en cuenta el déficit adicional derivado de las ayudas a la banca, algo sin duda discutible en una buen praxis contable. Por tanto, ese objetivo político se alcanzaría concluida ya la actual legislatura y sin que Rajoy pueda esgrimirlo en las próximas elecciones generales como éxito de la gestión del Gobierno: dicho de otra forma, con su renuencia en la toma de decisiones, y sobre todo con sus decisiones equivocadas, parece inevitable que le vaya a coger el toro.

La mala evolución económica durante el año 2013, que desmonta el frívolo optimismo mostrado por el presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el “estado de la Nación”, o si se prefiere sobre el “estado de la Nada”, se deberá, según afirma la Comisión Europea y como vienen advirtiendo desde hace tiempo muchos y respetables economistas independientes, a una caída prolongada del consumo y al lento proceso que sigue el ajuste del endeudamiento privado. Ahora, las proyecciones fijan el comienzo de la recuperación en el último trimestre de este año, cuando quizás se estanque el PIB y, a partir de ahí, se pueda iniciar un crecimiento de ritmo muy moderado, cosa que en todo caso está por verse.

No obstante, frente a las estimaciones de la Comisión Europea que cifran el déficit público español del 2012 en un 7 por 100 sobre el PIB (siempre y cuando no se incluyan en esta evaluación las ayudas prestadas a la banca, que como ya hemos advertido deberían elevarlo nada menos que al 10,2 por 100 del PIB), el Gobierno acaba de cerrar sus previsiones de ese ejercicio con un déficit del 6,7 por 100. Un dato que, de momento, se ha establecido en términos de “Saldo de Caja” y no de “Contabilidad Nacional”, que deberá comprobar la oficina estadística comunitaria (Eurostat) y que el Ejecutivo ha presentado ya como un esplendoroso éxito, a pesar de que en cualquier caso supere en 0,4 puntos la exigencia previa de estabilidad presupuestaria situada en el 6,3 por 100 del PIB.

Sirva de aviso sobre el tema que en su “Informe de Previsiones para la Economía Española 2012-2013” (fechado en Diciembre de 2011), la CEOE vaticinó que las medidas de ajuste que deberían adoptarse (sobre todo en los capítulos de gastos corrientes del Presupuesto) contribuirán a mejorar las cuentas del Estado, “con lo que se prevé que el déficit de las Administraciones Públicas se rebaje hasta el -4,6% del PIB, con una desviación de tan sólo unas décimas al alza sobre la estimación oficial del Programa de Estabilidad 2011-2014”.

Por tanto, la realidad del déficit público es que supera negativamente y con creces las expectativas y objetivos previos de unos y otros, sin que haya lugar por tanto a triunfalismo gubernamental alguno. Es más, a tenor de los hechos, sorprende que Rajoy olvide con tanta rapidez sus propias palabras, previsiones y promesas, y siga empeñado en presentar cada fracaso de su política económica (que en realidad brilla por su ausencia) como un éxito sin precedentes y digno de alabanza mundial, práctica gubernamental del PP que lamentablemente ya se percibe como sintomática y que terminará explotándole en las urnas.

Baste recordar al respecto que en el apartado 3.3 del mismo Programa de Estabilidad citado por la CEOE y suscrito por el Gobierno de Rajoy, podía leerse, nada más y nada menos, lo siguiente: “El escenario central de este Programa de Estabilidad prevé una progresiva recuperación de la economía española que comenzaría a crecer en media anual en 2011, fortaleciéndose en los años posteriores. Como ya ocurrió en 2010, inicialmente el impulso provendrá de la demanda exterior, sumándose más adelante la demanda interna”.

En el mismo documento, acto seguido se añadía que “en concreto, tras restar la demanda nacional 1,2 puntos porcentuales al crecimiento en 2010, para el año 2011 se espera que se estabilice y que, ya en 2012, presente una contribución positiva de 1,3 puntos”. Y, finalmente, la inconsecuencia analítica del Gobierno llegaba a vaticinar de forma contundente: “Por su parte, la demanda exterior neta aumentará ligeramente su contribución al crecimiento en el año 2011, alcanzando los 1,3 puntos porcentuales, y, conforme la demanda final vaya ganando fortaleza, se irá reduciendo paulatinamente hasta situarse en 0,6 puntos porcentuales en 2014”

Lo inapelable de la actual política económica es que el aumento del paro en 2013 conllevará una mayor caída del consumo, una menor producción y venta de bienes y servicios y, en consecuencia, menos ingresos fiscales. De ahí a que se fuercen más recortes y se acelere la espiral de desestructuración económica “marianista”, queda un paso (ya veremos con que nuevo artificio dialéctico nos sorprende Rajoy en el próximo debate sobre el “estado de la Nación”).

Otro dato alarmante de las previsiones sobre la evolución de la economía, es el nuevo incremento de la deuda pública, que en 2014 superará el 100 por 100 del PIB, situando uno de los pocos indicadores de los que Estaña podía presumir en un peor nivel que la media europea. En los últimos cinco años, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas habrá aumentado en unos 500.000 millones de euros.

Con todo, el equipo económico de la Comisión Europea indica que la salida de la crisis en España se podrá lograr gracias a una mayor aportación del sector exterior en la composición del PIB. Es decir, sólo si se consolida la tendencia hacia el superávit por cuenta corriente gracias al aumento real de las exportaciones (no al relativo); porque es obvio que tal diferencial se podría deber no a una mayor competitividad de las empresas españolas, sino a la reducción de las importaciones, limitadas por el decrecimiento del consumo y en un marco de claro “encogimiento” económico.

De hecho, el Banco de España acaba de asegurar en su último Boletín Económico (del mes de febrero) que la economía española no despega por falta de consumo e inversión y que, de momento, seguirá cayendo en el primer trimestre de 2013, señalando que la información disponible apunta a “una prolongación del tono contractivo de la actividad, en un contexto de marcada atonía de la demanda interna”. Lo que, obviamente, induce que el empleo seguirá cayendo al ritmo actual.

El mismo órgano supervisor afirma también que el crédito no ayuda todavía a romper esta tendencia, siendo evidente que, como consta en la última encuesta sobre préstamos bancarios (de 2013), las entidades financieras españolas han endurecido las condiciones para prestar dinero. Todo ello en un contexto muy destructivo, caracterizado por un continuo crecimiento del desempleo aparejado a una recesión económica (crecimiento negativo) que se prolonga de forma sostenida desde hace quince meses: una combinación sin duda letal para el sistema que está campando a sus anchas, al parecer sin generar mayor reacción en el Gobierno y sin conturbar para nada la exultante euforia del presidente Rajoy ni desterrar sus periódicas alusiones a falsos “brotes verdes” de crecimiento económico.

Otro dato a tener en cuenta, es que la relativa contención observada en los mercados financieros durante los últimos meses de 2012 (que además puede desaparecer en cualquier momento), tampoco ha servido para enderezar el pernicioso balance anual entre las entradas y salidas del capital extranjero en España. La realidad es que este significativo indicador tuvo signo negativo por segundo año consecutivo, pero doblando de forma sobrada la fuga de 73.393 millones de euros en capital extranjero de 2011, elevándola hasta los 180.000 millones en 2012.

Y claro está que también hay “popes” del neoliberalismo económico más brutal y dogmático, como Hans-Werner Sinn, presidente del IFO (Institut für Wirtschaftsforschung), el poderoso think-tank de Münich que incluso acusa de blandengue a la propia Angela Merkel, y que curiosamente no deja de ser una de las fuentes inspiradoras del “marianismo” económico, que hacen predicciones tan abrumadoras como que “España tendrá diez años más de crisis y una devaluación interna del 30 por 100”. Y que sin complejo alguno aconseja germanizar España y adoptar el modelo económico alemán en toda Europa, lanzando un reto que ridiculiza el optimismo gubernamental y que pone los pelos de punta: “Rajoy debe volver a bajar los salarios aunque no gane las elecciones” (entrevista de Claudi Pérez publicada en “El País”, 02/03/2012).

Parece, pues, que la Economía no es una ciencia exacta y que los vaticinios sobre la profundidad y extensión de la crisis, y más todavía sobre su propia evolución, pueden llegar a ser perfectamente inexactos. Añádase a esta máxima que los economistas del Estado no son precisamente los más experimentados en la “economía real” ni tampoco los más listos de la clase (en otros cuerpos superiores de la Administración Pública la situación puede ser otra), y entonces quizás se comprenda mejor la poca confianza que ofrece el Gobierno de Rajoy y la nefasta senda de regresión económica por la que está llevando al país: para corroborarlo solo hay que contemplar la diferencia abismal que existe entre la predicción súper optimista sobre el crecimiento lanzada por el Ejecutivo para el 2013, un -0,5 por 100, y la del alejado -1,5 por 100 consensuado por los analistas independientes.

Lo evidentemente cierto es que, en cualquier caso, la eventual disminución del déficit público se está cargando básicamente sobre los costes sociales del Estado y no reformando el gigantismo de las administraciones públicas. Si por su mala gestión a Mariano Rajoy le termina cogiendo el toro de la crisis, cosa tan indeseada por todos como más que probable, las cornadas mortales, asestadas en corto y por derecho, serán para los sectores más débiles de la sociedad española, al margen de los vapuleos que ya están recibiendo, sin que el presidente del Gobierno haya hecho otra cosa que tratar de lidiarlo a base de mantazos mentirosos y “palos de ciego” sin cuento.

RAJOY NIEGA LAS REFORMAS PROFUNDAS

Porque otra cosa que quedó clara en la última pantomima del debate sobre el “estado de la Nada”, es la falta de cualquier intención gubernamental seria para acometer reformas estructurales profundas en la organización y administración del Estado que coadyuven a su necesario adelgazamiento, a eliminar sus absurdos solapamientos y sus muchas duplicidades funcionales y, por tanto, a disminuir el exceso de los gastos corrientes que lastran la Contabilidad Nacional. Rajoy sólo tocó el tema “de pasada”, para afirmar que el Estado de las Autonomías mantendrá su voraz existencia al menos mientras él siga al desmán de la nave. Aunque todavía más significativo al respecto es que ninguna de las reformas legislativas en marcha ofrece prueba fehaciente en contra de esta dañina pasividad del Gobierno.

Más bien, en lo que Rajoy y el PP parecen estar empeñados, además de en liquidar el Estado del bienestar, es en reforzar las competencias del aparato administrativo, aumentando con ello el poder omnímodo del Ejecutivo. Sin mover un dedo en favor de las reformas institucionales más necesarias (incluida la del texto constitucional), manteniendo la dependencia partidista de todos los altos organismos del Estado y forzando incluso el control político de algunos más allá de los límites establecidos en el Tratado de la Unión.

Una muestra de este intento encubierto de reforzar el poder del Ejecutivo, se ha dado con el Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias (CNMC) en tramitación parlamentaria, que agrupará en un único regulador las funciones de los ocho que existen en la actualidad y sin las suficientes garantías de independencia. Así lo ha visto inicialmente la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, quien ha advertido que si el texto legal definitivo no se adapta a las normas europeas abriría un procedimiento de infracción contra España.

Bruselas ya había expuesto en reiteradas ocasiones al Ejecutivo español su disconformidad con la puesta en marcha de la CNMC, porque los proyectos legislativos conocidos en Bruselas “parecen violar la letra y el espíritu de la legislación comunitaria de telecomunicaciones”, según señaló un portavoz próximo a la comisaria Kroes. En concreto, la responsable comunitaria de Telecomunicaciones apunta hacia un debilitamiento de la independencia y de la efectividad del regulador, debido a un traspaso de competencias a los ministerios responsables de cada sector de actividad.

En una carta dirigida al ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fechada el pasado 11 de febrero, la comisaria Kroes advertía que las primeras modificaciones introducidas por el Gobierno "todavía no garantizan la independencia de la autoridad nacional de reglamentación y la atribución de las necesarias competencias para que pueda asegurar una regulación efectiva e imparcial del sector de las comunicaciones electrónicas". Y afirma que, de mantenerse la reforma en los términos actuales, el regulador español sería uno de los que tendría menos competencias y funciones en la UE.

Por ello, Kroes advierte de que “salvo que la legislación ya adoptada y la legislación planeada sean enmendadas en lo relativo a estos aspectos, no veo otro camino a seguir que el de proponer a la CE la apertura de procedimientos de infracción”, invitando al Gobierno español a encontrar una “solución que sea compatible con el Derecho de la UE”.

El Gobierno, que no tendrá más remedio que modificar sus intenciones durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley ya en curso, ha defendido su iniciativa bajo el supuesto de que la agrupación de los ocho reguladores actuales en la nueva CNMC permitirá ahorrar alrededor de 28 millones de euros gracias a la reducción del número de altos directivos y a los menores gastos en gestión, consideración economicista que obviamente siempre se puede sustanciar por otras vías…

Pero donde el interés del Gobierno por fortalecer su poder autoritario se está manifestando de forma más contundente, es en el delicado ámbito de la Justicia, y de forma especial en la reforma de la Ley del Poder Judicial acometida por el ministro Ruiz-Gallardón. Aquí, como en otros terrenos de la economía y de la política, los torpes “palos de ciego” gubernamentales ya han sido objeto de rectificaciones forzadas (caso de las tasas judiciales), teniéndose que producir muchas más, no sin dejar unas lamentables y gratuitas secuelas ciertamente debilitadoras del sistema de convivencia.

Por poner un sólo ejemplo al respecto, es más que probable que el ministro de Justicia, que ha malversado con gran torpeza y rapidez todo el capital político con el que había accedido al Consejo de Ministros y puesto al estamento judicial y fiscal en un innecesario e indeseado pie de guerra contra el Gobierno, tendrá que rectificar también, entre otras cosas, su intención de coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de los jueces y el insólito requisito de que, tras acreditar sus méritos académicos y superar la oposición correspondiente, se hayan de someter a un examen de aptitud psicológica para evitar “que personas carentes del necesario equilibrio mental se integren en la judicatura”. Algo que, para empezar, no se exige a ningún miembro del Gobierno, incluido el propio ministro de Justicia, ni al titular de la Corona y la Jefatura del Estado…

Paréntesis: Otra muestra significativa de la incapacidad de Rajoy para acometer reformas de fondo en relación con los excesos autonómicos, es la “marcha atrás” que ha dado su ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, en el tibio intento de controlar la proliferación de representaciones de las comunidades autónomas en el exterior. Ni siquiera ha sido capaz de integrarlas funcionalmente en las embajadas del Reino de España, con lo cual la competencia exclusiva del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales establecida en el artículo 149.1 seguirá en entredicho, tras reconocer incluso que el Gobierno no sabe ni siquiera “cuántos funcionarios hay trabajando en el extranjero”

EL CORTO RECORRIDO DE LA GESTIÓN POLÍTICA MENTIROSA

Por su absoluta obviedad, no parece necesario seguir recordando a nuestros lectores el desnorte que preside el programa de reformas estructurales y políticas profundas que tanto y tanto había prometido Mariano Rajoy, si es que en algún momento las ha llegado a plantear con un mínimo de sinceridad y honradez política, cosa que ahora hay que poner en duda.

Pero lo más lamentable de tal incumplimiento político, porque más allá de su lógico coste electoral conlleva graves daños añadidos en la credibilidad del PP y en la del propio sistema democrático, es la gestión “mentirosa” de la crisis en todos sus ámbitos y extensiones, con prácticas fuleras, cuando no mendaces o falsarias. Mentiras, activas y pasivas, con las que el presidente Rajoy y su partido están yendo tan lejos que les va a ser muy difícil regresar al territorio de la verdad y al reencuentro con la sociedad traicionada: baste recordar al respecto la máxima aristotélica de que el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando llegue a decir la verdad.

En política, y a pesar de lo que se pueda pensar en contrario, nada hay más pernicioso que la mentira. Ella es el único arte conocido en la gente de escasa capacidad intelectual y humana y el principal refugio de los políticos mezquinos, entre los que no deja de ser extremadamente fácil identificar a los más tontos con los que más mienten.

No hay nada tan malsano para el individuo y para la sociedad como la mentira acreditada. Y, tristemente, el presidente del Gobierno ha llegado al punto observado por Lord Palmerston (Henry John Temple), perspicaz y pragmático primer ministro del Reino Unido a mediados del siglo XIX, en Napoleón III, otro liberal autoritario con no pocos reflejos en el perfil político del propio Rajoy: “Este hombre miente hasta cuando no dice nada”.

El apego del Gobierno al artificio contable, a usar la ingeniería estadística, al oscurantismo político y a la manipulación dialéctica (baste observar como sus portavoces suelen contestar a lo que no se les pregunta, en vez de responder directamente a lo que se les pregunta), tiene manifestaciones de auténtica aurora boreal en todos los ámbitos y terrenos de la política: desde el económico hasta el de las reformas de la Sanidad, la Educación y la Justicia, pasando por la cuestión soberanista (catalana o vasca) o por la excarcelación de presos etarras… Todo ello acompañado en el particular terreno del PP por el espectáculo tremebundo del “caso Gürtel-Bárcenas” o, nada más y nada menos, que con intolerables acusaciones de “golpistas” y asaltantes del Congreso de los Diputados a quienes ejercen su derecho constitucional de manifestación, es decir con los papeles políticos “perdidos” de medio a medio.

Lo más triste e incomprensible del caso, es que el PP, y sobre todo Mariano Rajoy, hayan olvidado cómo las innecesarias mentiras que vertieron sobre los atentados del 11-M en Madrid y la torpe gestión política de aquella crisis, les llevaron al impensable descalabro electoral del inmediato 14-M, teniendo como tenían la victoria bien cantada de antemano en todas las encuestas al uso.

El sagaz analista Miguel Ángel Aguilar, acaba de recordar tan inquietante precedente al presidente del Gobierno y del PP justo en un artículo de opinión titulado “La gestión de la mentira” (“El País” 26/02/2012), escrito a propósito del tratamiento que los populares vienen dando al “caso Gürtel-Bárcenas”. Lo concluye con esta cita de uno de sus autores de referencia: “Mi querido padre”, escribe Esterházy en Armonía Celestial, “representaba la rebelión de las masas. La rebelión se produjo cuando en una ocasión mi padre, que confiaba ciegamente en su talento, se cagó en los pantalones. Cuando intentó por todos los medios a su alcance contraer los músculos, ya era tarde. Este país huele que apesta, dijeron todos”. Atentos.

Una conclusión que sólo cabe apostillar con una sutil advertencia del mismo Péter Esterházy, aristócrata húngaro que además de excelente literato es un consumado matemático (y por tanto con un presumible buen coeficiente de inteligencia convergente), sobre lo difícil que es mentir sin conocer la verdad, algo que políticamente sólo puede conducir al caos.

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