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Aristóteles ya advirtió en el siglo IV a.C. que, aunque las revoluciones no se hacen por menudencias, sí que nacen por ellas. Transcurridos dos mil años, a principios del siglo XVII, el filósofo y político inglés Francis Bacon (que aun admirando al maestro estagirita fue uno de los críticos más acendrados de la lógica aristotélica), no dudaría en respaldarle afirmando que “el medio más seguro de impedir las revoluciones es el de evitar sus causas”.

Claro está que otros personajes históricos más identificados con la acción y la realidad social que con el pensamiento y la teoría política, nos han legado una aproximación al hecho revolucionario quizás más exacta. Por supuesto, sin necesidad de recurrir a postulados extremos como los del marxismo-leninismo o los anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon y Mijail Bakunin.

El marqués de La Fayette (Marie-Joseph Roch Gilbert du Motier), militar y político francés conocido como Lafayette, indiscutido héroe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, proclamó, más allá de lo que significó la epopeya americana, es decir con una proyección universalista, que “la insurrección es el más santo de los deberes”. Mientras otro compatriota suyo mucho más próximo, el también militar y político Charles De Gaulle, recordó: “Todos los que realizan algo grande tuvieron que rebelarse contra una engañosa disciplina”.

Por su parte, un político español tan experimentado como Antonio Maura, que fue cinco veces Presidente del Consejo de Ministros, reconocía también que, llegado el momento, “hay que hacer la revolución desde el Gobierno, porque si no, se hará desde abajo y será asoladora”. Y su coetáneo el regeneracionista Joaquín Costa añadía: “Las revoluciones hechas desde el poder no sólo son un homenaje y una satisfacción debida y tributada a la justicia; son además el pararrayos para conjurar las revoluciones de las calles y de los campos”.

Antes que ellos, el extraordinario dramaturgo alemán Friedrich Schiller, a quien muchos intelectuales progresistas han reconocido como “el poeta de la libertad” (para otros más conservadores sería al menos el defensor de la mesura burguesa), ya sostuvo con el lacónico lenguaje de los grandes conceptualistas: “Las revoluciones hay que hacerlas desde arriba”. Su obra, que fue especialmente apreciada por el movimiento obrero alemán, influyó mucho en las grandes revoluciones de otros países europeos, como en la Italia todavía no unificada y en la Rusia de los zares, hasta el punto de ser considerado como un pionero del comunismo.

DE LA MENUDENCIA CORRUPTIVA A LA DEPRAVACIÓN POLÍTICA

No parece necesario insistir en este tipo de consideraciones previas para alertar, una vez más, sobre la actual y preocupante realidad de España. Porque, hoy por hoy, nuestro país, además de estar inmerso en una grave crisis económica de coyuntura, e incluso de ciclo, que sin duda lo está, también viene soportando desde hace años el agotamiento de su modelo de organización social, política e institucional, junto a una pérdida de principios y valores morales, sobre todo por parte de la clase dirigente, que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia.

Una situación con nexos de profunda interrelación que venimos analizando en la edición semanal de nuestra Newsletter con una generosa aportación de datos y opiniones informadas. Y que, por falta de la debida reacción de quienes lideran el sistema en el Gobierno y en la Oposición (y de la propia Corona), acomodados en la poltrona del poder partitocrático, corrupto y corruptor, y claramente envilecido ante los ojos de los gobernados (véanse las encuestas de opinión realizadas al respecto), ha conformado una espiral de degeneración integral bien evidente, cada vez con mayor peso inercial y, por tanto, de más difícil reconducción.

Un “Brevete” firmado por Secondat con el título “Gobernante impasible”, señalaba recientemente la irresponsable dejación de Mariano Rajoy en su acción de gobierno (“El Mundo” 28/03/2013):

El gobernante impasible no es una novedad en la historia de España. Se recuerda al efecto a Francisco Cea Bermúdez (1779-1840), fiel servidor del despotismo ilustrado. Destaca Raymond Carr, buen conocedor del siglo XIX, que Cea Bermúdez trabajaba 14 horas diarias, y solamente veía a sus familiares, de modo que ignoraba por completo el anhelo, cada vez más generalizado, por alguna forma  de gobierno representativo. Tal aislamiento del gobernante es ahora inconcebible, pero el modo de Cea sigue ahí, imperturbable, impresionando a Mariano Rajoy. Para Cea Bermúdez la exigencia de reformas políticas, como cosa distinta -según él- que las mejoras administrativas, era nada más que la plataforma de un grupo de políticos ambiciosos sin apoyo alguno fuera de Madrid. La inmovilidad política fue su error.

Un comentario verdaderamente afinado que adquiere toda su relevancia si se conoce quien está detrás del pseudónimo Secondat: nada menos que Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Tribunal  Constitucional (noviembre de 2001 a junio de 2004), además de ex ministro de Trabajo con la UCD y ex miembro del Consejo de Estado. Una respetada personalidad en los ambientes jurídicos españoles que, como otras muchas de semejante porte y bien alejadas de las barras del bar o de las tertulias audiovisuales barriobajeras, cada vez se muestra más crítica con el poder político y las más altas instituciones del Estado.

Justificación de todos estos duros comentarios sobre la clase política se tiene diariamente a través de los medios impresos de comunicación social, pese a su tradicional apoyo al establishment y sus particulares adhesiones partidistas. Cualquiera que tome entre sus manos un periódico nacional, no necesariamente revolucionario ni antigubernamental, con objeto de realizar el seguimiento de la realidad cotidiana del país, se va a encontrar de forma indefectible con una batería de titulares que ponen los pelos de punta. A modo de ejemplo, estos son los siete que se incluyen en una doble página de “El Mundo” (21/03/2013):

  1. Caso ERE: La juez envía de nuevo a prisión al ex director de Trabajo de la Junta. Ingresa al apreciarse riesgo de fuga y tras una operación con 20 detenidos en 7 ciudades.
  2. Caso Brugal: La alcaldesa de Alicante no pago sus viajes a Andorra. (Se encuentra imputada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos).
  3. Caso Blanco: El juez niega más peticiones de investigación de cuentas. (Ya se había declarado conclusa la investigación judicial].
  4. Espionaje: Método 3 denuncia a ‘El País’ por falsedad. (La agencia de detectives había recibido una avalancha de denuncias por prácticas ilegales de espionaje).
  5. IU pregunta [en el Congreso de los Diputados] si el Rey ha cobrado por mediar en operaciones comerciales. Pide que comparezcan Santamaría y Margallo para dar cuentas sobre Zu Wingenstein.
  6. Coghen dice que dieron 144.000 € a Urdangarin ‘por hacer lobby’. La jefa de Madrid 2016 justifica lo que para el fiscal “es un regalo”.
  7. Corinna organizó la luna de miel de los Príncipes.
 

Pero es que, teniendo claro que “El Mundo” no es un periódico amarillista ni empeñado en levantar a las masas sociales contra el sistema, entre otras cosas porque éstas tampoco conforman su mercado habitual, el resto de las noticias nacionales publicadas en esa misma fecha no dejaban de ser igual de escandalosas, monotemáticas y reveladoras de la degradación general del sistema político:

  • · En portada: Esperpento de Bermúdez para quitar a Ruz el ‘caso Bárcenas’. Adelanta la cita del ex tesorero del PP y eso provoca que por primera vez un imputado declare ante dos jueces por el mismo asunto y el mismo día.
  • · En portada: Blesa se llevó 9,5 millones de Caja Madrid en tres años de dura crisis.
  • · En portada: El ex director de Trabajo de la Junta vuelve a la cárcel por los falsos ERE. La juez Alaya ordena otras 19 detenciones.
  • · En portada: El abogado del Estado da ‘esperanza’ a las víctimas en Estrasburgo. Isaac Salama realiza una brillante defensa de la doctrina Parot.Después de que el Gobierno de Rajoy hubiera consumado, de acuerdo con el PSOE, una lamentable política de excarcelación de presos de ETA.
  • · Castilla y León y Madrid rechazan los ‘tratos de favor’ de Montoro. El ministro abre la vía a permitir más déficit a Cataluña, Valencia o Andalucía.
  • · La Generalitat debe 80.000 millones por obras del tripartito. La factura por este concepto se triplicó en la etapa de Montilla.
  • · Emigración: 2 millones de españoles en el mundo. La cifra de residentes en el exterior aumenta un 6,3% durante 2012, según el INE.
  • · Los detenidos del 25-S no acometieron el Congreso.La Audiencia Nacional concluye, en contra de las presiones del Gobierno y la Policía Nacional, que ninguno de los 35 arrestados por los incidentes durante la manifestación del 25-S intentó invadir el Congreso.
  • · Rubalcaba zanja la crisis del PSOE sin dimisiones.Tras la gestión de la moción de censura en Ponferrada (León), presentada por el PSOE con el apoyo de un concejal condenado por acoso sexual y ex militante del PP.
  • · Gritos de “ladrones” en la tribuna de invitados [del Congreso].Contra los diputados que acababan de debatir en el Pleno de la Cámara una moción del PSOE sobre el tema de los desahucios.
  • · UPyD insta a quitar ayudas a IU. Reclama a Montoro que no subvencione a los partidos que no cumplen con Hacienda.
  • · La Policía Local retocó informes para exculpar a la cúpula municipal [en el dramático ‘caso Madrid-Arena’]. Se reescribieron algunos documentos días después de la muerte de las cinco jóvenes.

En definitiva, el caso es que en un mismo ejemplar de “El Mundo”, tan solo se puede leer una noticia nacional sin trascendencia delictiva, dedicada al “blindaje” político del agua del Tajo realizado por el PP en favor de Castilla-La Mancha, decisión no obstante criticada por el PSOE y otras regiones afectadas por el polémico trasvase al río Segura.

Es más, y por poner otro ejemplo de los muchos que tenemos a mano, el periódico de referencia publicaba el domingo subsiguiente la habitual Carta de su Director, Pedro J. Ramírez, titulada en esa ocasión “Rota la vela, abierto el lado, pobre bajel a naufragar camina”. En ella se podían leer algunos párrafos bien expresivos de la situación que comentamos:

¿Cuál es la situación de los partidos políticos? La del PP, esclerótica: sin apenas vida inteligente, con su militancia desmovilizada y su aparato convertido en mero apéndice del Gobierno; pendientes todos de cuándo y cómo Bárcenas -¡Al ladrón, al ladrón!- demostrará que entraba dinero en negro, que se pagaban sobresueldos y que Rajoy tampoco dijo la verdad en esto. La del PSOE, directamente bunquerizada en torno a la insaciable sed de poder de Rubalcaba y la ambición sin fundamento de sus ineptos colaboradores, con Griñán alargando la agonía para que el control del proceso interno le blinde ante el clamor que exige que asuma su responsabilidad política por el descomunal escándalo de los falsos ERE.

Si vemos el modus operandi por el que se desviaron más de 50 millones de euros a golfos de toda laya y desandamos el camino como si se tratara de las miguitas de Pulgarcito nos cruzaremos con los hijos de Chaves y llegaremos al despacho de Juan Guerra: la Andalucía que al parecer sigue queriendo gran parte de los andaluces.

Ni Griñán dejará la presidencia de la Junta ni Ana Mato el Ministerio de Sanidad a cuenta de los payasos y el confeti -y los viajes y los hoteles y hasta los coches de alquiler- que le pagaba la trama Gürtel. Se escudan en que no existe ninguna acción penal contra ellos. Pero si la hubiera harían como Oriol Pujol, como Blanco, como Dani Fernández o los imputados del PP que podrían formar el tercer grupo parlamentario de las Cortes Valencianas: ‘nunc dimittis’. Para ellos la política, con su aforamiento y su canesú, no es un servicio temporal sino un funcionariado vitalicio en el que siempre se paraliza el procedimiento de desahucio.

Con el expresidente de la patronal entre rejas, los sindicatos completamente desprestigiados y la mayor parte de los empresarios de la construcción y los servicios bajo sospecha de haber sobornado a los políticos, no hay día que no nos enteremos de alguna nueva depredación de los gestores de las Cajas de Ahorro, llevándoselo crudo a su casa mientras hundían la institución. Si alguien merece el trullo son los Blesas, Goñis, Moltós y compañía…

Total, que si aceptamos el periodismo como lo aceptaba Balzac, es decir como una práctica que vende al público las palabras del mismo color que éste las quiere, estamos ante un clamor social contra la corrupción pública en verdad insostenible. Y si comulgamos con la exagerada idea que tenía Víctor Hugo de la prensa como “inmensa y santa locomotora del progreso” y de “dedo indicador” de la civilización (afirmaba que el diámetro de la prensa era el mismo diámetro de la civilización), entonces peor, porque señala hacia un estadio de depravación política ciertamente aterrador.

LA DEGENERACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Pero la realidad degenerativa de la vida pública no se limita al ámbito estricto de los partidos políticos. De su mano, esta lacra imparable ha penetrado en las más altas instituciones del Estado, destruyendo sus esencias fundacionales y las bases de su sustentación formal.

Sin ir más lejos, ahí está el mal ejemplo de la Familia Real (con sus Corinnas, Urdangarines y Marichalares, más toda una panda de “amiguetes” del Rey marcados por la delincuencia), consentida en sus escandalosos caprichos, demostraciones de frivolidad y ambiciones personales, tanto por el PP como por el PSOE. Aunque ni Rajoy ni Pérez Rubalcaba puedan dar a nadie la más mínima lección de ética ni de estética política.

Y, peor todavía, ¿qué cabe decir de la manipulación partidista del Tribunal Constitucional, dictando sistemáticamente sus autos cuando y como más convenga a los patrocinadores de turno? ¿Y cómo digerir el permanente conchabe político del Consejo General del Poder Judicial? Tras el lamentable “caso Divar”, esta institución fundamental del sistema democrático continúa sin defender su independencia como tercer poder del Estado; mientras su actual presidente, Gonzalo Moliner, que fue designado por el torpe dedo del ministro Ruiz-Gallardón en connivencia con el maquiavélico Rubalcaba, acaba de afirmar públicamente que es republicano y que, por lo tanto, le da igual que el Rey abdique o no… Ahí queda eso.

Y no digamos nada del problema independentista y de la falta de lealtad institucional que exhiben algunos presidentes y parlamentos autonómicos, junto al exceso de comprensión que les muestra Rajoy; de la inoperancia de organismos como el Consejo de Estado, lujoso pesebre “consultivo” de políticos amortizados (sin la menor ascendencia sobre el Gobierno); de las prácticas delictivas de algunos directivos de las organizaciones patronales y de los consentidos saqueadores de las Cajas de Ahorro, o de la indigna representatividad de los sindicatos, hoy totalmente despreciados por las bases obreras.

Un “convoluto” general, actualmente reflejado en unos 70 casos judiciales de notoriedad pública y en la imputación de más de 400 cargos políticos (muchos de ellos aún aferrados al escaño en 9 comunidades autónomas), que afecta a todas las instituciones del Estado, al margen de otros muchos casos prescritos o sobreseídos. Situación ante la que habría que remarcar que el sonoro vocablo de marras (“convoluto”), que todavía no ha sido adoptado por la Real Academia Española quizás por su equivalencia con “corrupción”, aunque “konvolut” aparezca en cualquier diccionario alemán, comenzó a hacerse popular precisamente en la España “felipista”, a raíz del escandaloso cobro de 18 millones de euros en comisiones ilegales a la multinacional alemana Siemens por el entonces llamado “contrato del siglo” del Ave Madrid-Sevilla…

EL CONFLICTO SOCIAL COMPRIMIDO, A PUNTO DE EXPLOSIÓN

Cada vez son más los organismos, analistas y columnistas independientes que, en efecto, alertan sobre el peligro de “explosión social” y de la urgente necesidad de poner coto al creciente deterioro del sistema económico. Realidad encubierta por el gobierno de Rajoy a base de ocultaciones, manipulaciones contables y mentiras flagrantes, aderezadas con tibios apoyos de los grandes grupos empresariales que viven tan ricamente a la sombra del poder político.

Las mentiras del Gobierno son tan burdas que han llegado a soliviantar a las propias autoridades europeas (Eurostat acaba de obligar al Ministerio de Hacienda a rectificar el dato de déficit de 2012 -elevándolo al 6,98 por 100- que Rajoy aireó triunfalmente en el último debate sobre el “estado de la Nación”). Y a disparar de nuevo la prima de riesgo, convirtiendo al ministro Montoro en un triste remedo del típico “profesor chiflado”, título ganado a pulso y para el que viene acumulando méritos incontables desde el inicio de la legislatura (atentos a los nuevos disparates que está cocinando sobre la recaudación del IRPF y la financiación autonómica).

Con independencia de que, a continuación, y tras la rectificación realizada por del Banco de España a la caída del PIB prevista por el Gobierno para el 2013, triplicándola hasta situarla en el 1,5 por 100, el Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF), que es el lobby de los grandes bancos mundiales radicado en Washington, la haya aumentado nado menos que al 2 por 100. Por otra parte, el banco central alemán (Bundesbank) ha hecho saber por boca de su presidente, Jens Weidmann, que la crisis española durará cinco años más; mientras el presidente del prestigioso Instituto IFO (de Análisis Económico) de Munich, afirmaba que tal duración se extendería por diez años y provocaría una devaluación interna (es decir, una caída de los precios y salarios) del 30 por 100…

Paréntesis: Metiéndose de nuevo en un berenjenal gratuito y con un análisis impropio de su posición política, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el pasado 23 de marzo en un acto público organizado por su partido en Ciudad Real, en medio del tsunami chipriota, que “las crisis ya no afectan a España”, gracias a que la actitud del Gobierno que lidera Rajoy es “creíble” y está generando confianza en los mercados ¿?, aseverando que “España está preparada”. Amén.

De otra parte, los apoyos empresariales al Gobierno son tan interesados que solo los publicitan los presidentes de compañías como el Banco de Santander, que en 2013 prevé “un fuerte aumento de los beneficios” tras haber concluido sus “saneamientos inmobiliarios”, pactados con la Comisión Europea a base de recortes y tijeretazos sociales. O como Iberdrola, que en 2012 tuvo un beneficio de casi 3.000 millones de euros y que todavía demanda para su sector “las bases para contar con un sistema de regulación estable, transparente y predecible”, por supuesto en forma de nuevas canonjías. O como Telefónica, otra que tal baila con el gobierno de turno en connivencias tarifarias y abusos contractuales…

Pero al margen de estas complicidades tan falsas como vergonzosas, que sólo pretenden mantener los beneficios de las empresas correspondientes sea como sea y a costa de quien sea, la realidad es que la crisis económica, o mejor todavía su mala gestión política, nos sigue conduciendo al estallido social sin que el Gobierno haga nada verdaderamente serio para evitarlo. Por señalar un referente poco improvisado, en septiembre de 2011, antes incluso de que Rajoy asumiera la presidencia del Gobierno, las asociaciones agrupadas en ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), ya alertaron sobre la posibilidad de que en Cataluña se produjera una “explosión social”, como constaba en su estudio de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y del futuro que debería tener dicha prestación.

Según afirmó entonces la presidenta de ECAS, Teresa Crespo, que también colaboraba con la Generalitat de Catalunya como presidenta del Consejo Asesor en Políticas Sociales y Familiares (CAPSiF), la crisis había generado “situaciones de desesperación” ante las que la reacción de la Administración no podía ser en modo alguno la de rebajar el gasto social. Crespo también lamentó, hace ya año y medio, “el goteo de medidas, recortes y cambios que están limitando el Estado del bienestar”, que no estaba consolidado, advirtiendo que si no se invertía para que las personas que se quedaban fuera de la RMI -entre ellas los parados de larga duración que agotan el subsidio- accedieran a otro tipo de ayudas más específicas, dentro de tres o cuatro años sería mucho más complicado revertir algunas situaciones: mal camino en el que seguimos andando.

Todo ello, dicho y oído antes de que estallara el gravísimo escándalo de las preferentes (el despojo masivo al victimario social de la clase política) y de que eclosionaran los trágicos e intolerables suicidios por causa de los desahucios (la sangre que degrada los dividendos bancarios y que no va a llevar al Grupo del PP en el Congreso de los Diputados a ceder en la modificación de la Ley Hipotecaria ni “ahora ni en el trámite de ley [derivada de la Iniciativa Legislativa Popular]”). Hechos ante los que el presidente Rajoy ha optado por postrarse a los pies de los banqueros también más impresentables de nuestra historia.

Lo contrastado de forma estadística (ahí están las cifras evolutivas del paro y el 20 por 100 de la población española que el INE incluye ya en “situación de pobreza”) es que, al margen de lo que quieran negar o afirmar de forma interesada algunas voces empresariales ciertamente insolidarias, cada vez estamos más cerca del estallido social y que lo intolerable -y a la postre inviable- es ignorar, sin mayor preocupación, a quienes están a un paso, o ya dentro, de la exclusión y la marginalidad.

El conflicto social se está comprimiendo hasta sus últimos límites y, por tanto, llevándose a punto de explosión y de rebelión. Por la vía sorda y ciega del peor inmovilismo político, la revolución se hará inevitable y si ésta no se organiza desde el poder, con reformas políticas e institucionales profundas (incluida la de la propia Constitución), se hará desde abajo y será “asoladora” como advertía Antonio Maura.

De hecho, el PP ya comienza a sentir y lamentar el acoso personal que están padeciendo sus dirigentes de forma creciente y las explícitas llamadas a la insumisión de diversos colectivos ciudadanos (iniciadas el año pasado por los estudiantes valencianos y los movimientos que combaten la brutal avaricia bancaria de los desahucios), mientras van tomando cuerpo nuevas organizaciones ciudadanas creadas de forma expresa para combatir la corrupción política, como la Liga Anticorrupción, liderada por un sobrino del ex presidente centrista Adolfo Suárez.

Para empezar, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acaba de lanzar en España la práctica del “escrache”, término de origen lunfardo (con antecedentes jacobinos) que según la Academia Argentina de Letras se corresponde con una “denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos”. Su objeto no es otro que presionar a los diputados del PP para que se acepte el cumplimiento íntegro del mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la necesaria modificación de las prácticas hipotecarias abusivas, que desde el año 2007 hasta hoy han podido generar cerca de 500.000 ejecuciones de desahucio.

Seriamente preocupada por las primeras manifestaciones del “escrache” anti desahucios, desarrolladas en diversas ciudades españolas, el PP teme un efecto “traslado” del mismo fenómeno al ámbito de la población afectada por las preferentes, que ya está expresando su malestar de forma agresiva contra sus dirigentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Aún más, las manifestaciones “a domicilio” de la PAH (y en particular la padecida por Esteban González Pons) han hecho saltar todas las alarmas internas, llevando al PP a admitir que la tarea de sus dirigentes “no está siendo fácil en algunos casos debido al desasosiego, las críticas y la incomprensión que en algunas ocasiones” reciben, según se puede leer en la carta dirigida por el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, a los parlamentarios populares.

Una reacción ciudadana tan criticable en términos democráticos como entendible en el entorno de las bases sociales que se sienten estafadas por una clase política corrupta a más no poder. Con la nota agravante de que el partido del Gobierno sea incapaz de comprender la desafección de los gobernados, incluido su propio electorado, y de reaccionar en consecuencia con un mínimo de humildad e inteligencia.

No en vano, los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su Barómetro de Enero de 2013 (Estudio 2.976) declaran de forma mayoritaria (el 82,1 por 100) que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les ofrece “poca o ninguna confianza”, valor que en relación con el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se eleva al 88 por 100.

Otro paréntesis: Rosa Díez y UPyD harían bien en no confundir las más que legítimas protestas ciudadanas contra la política gubernamental con la kale borroka, ni tratar de imponer la dictadura de los partidos sobre los derechos constitucionales de los gobernados, que es lo que pretende el PP, y seguir marcando distancias con la corrupción institucional sin apostar por “más de lo mismo”, estrategia con la que han llegado a donde han llegado. Bien revelador al respecto es el entusiasmo con el que el reaccionario Luis María Anson aplaude en “El Mundo” (31/03/2013) la errada confusión de Rosa Díez en un comentario titulado “Has denunciado el escrache y lo has comparado con la kale borroca”…

Todo ello contenido in extremis por un peligroso crecimiento de la economía sumergida y la emigración de los jóvenes más preparados, que terminará de dinamitar el Estado del bienestar. Situación a la que hay que añadir la persistencia autonómica en desarbolar competencialmente el Estado (donde Rajoy parece dispuesto a prestar toda su ayuda antes que a cortar por lo sano) y el progresivo avance de las posiciones secesionistas.

El independentismo y la confrontación con la Constitución Española siguen cabalgando sin traba alguna en la España de las Autonomías. En Cataluña, la creación del “Consell per a la Transició Nacional” (que asesorará al Govern de la Generalitat en su ruta hacia la independencia) y la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Barcelona) reclamando la apertura de un proceso constituyente para que “el pueblo pueda escoger libremente la forma de Estado entre Monarquía y República”, son bien significativas al respecto. En el País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu, presidente del PNV, acaba de reclamar un nuevo Estatuto durante la celebración del Aberri Eguna (día de la patria vasca), mientras la izquierda abertzale en bloque asegura alcanzar su independencia en los próximos años. Y en Galicia el profesor Xavier Vence, nuevo líder del BNG,  impulsa la unión de todos los partidos nacionalistas para salir del actual sistema político…

Y con el telón de fondo que supone la denuncia del presidente francés François Hollande de “las políticas de austeridad, que podrían condenar Europa a la explosión y al auge de los populismos”, realizada el pasado 28 de marzo durante una entrevista concedida a David Pujadas, presentador estrella del canal público “France 2”. Toda una profecía aunque provenga de un político híbrido que se mueve entre la insolvencia política de José Luis Rodríguez Zapatero y la inutilidad manifiesta de Mariano Rajoy.

PERO ¿HABRÁ O NO HABRÁ REBELIÓN SOCIAL…?

Si nos atenemos a los resultados de la investigación demoscópica oficial, siempre políticamente más contenida que la de los institutos privados, la reversión del “bienestar social” en “malestar social” es incuestionable. Los resultados que en esta materia ofrece el Barómetro del CIS de Diciembre de 2012, el último que incluye preguntas sobre el tema, muestran que el pesimismo está asolando al conjunto de la sociedad española, allí donde haya sido encuestada.

Según los datos reflejados en dicho estudio, el 60 por 100 de las personas consultadas asume que la crisis tiene aún mucho trecho por recorrer. Pero, yendo más allá, la mayoría de ellas tiene la convicción de que en el curso del próximo lustro se producirá una auténtica catástrofe socio-económica, con una percepción del fenómeno clara y coherente: será mucho más difícil acceder a una vivienda propia, aumentarán las diferencias sociales, crecerá el número de personas sin hogar, la calidad de la asistencia sanitaria caerá en picado, se esfumarán los servicios básicos del denominado “Estado del bienestar”…

También una inmensa mayoría de los encuestados (más del 60 por 100) que se encuentran en situación de desempleo considera que no tienen ninguna posibilidad de encontrar un trabajo a lo largo del año 2013. Pero el pesimismo no sólo cunde en las filas de quienes malviven sin un puesto de trabajo: el 22 por 100 de aquellos que todavía conservan su empleo, consideran “probable” o “muy probable” perderlo en el curso del 2013.

Como réplica, sólo el 13,3 por 100 de los españoles tiene esperanzas de que la situación mejorará (sin horizonte fijo), frente a un mayoritario 50 por 100 que estima una evolución mucho peor a plazo de un año. Al tiempo que un amplísimo 72,6 por 100 reconoce un claro empeoramiento económico también respecto al año precedente...

La situación, claro está, evidencia cierta resignación ante lo existente, con un diagnóstico realmente alarmante en el que la sociedad como conjunto no articula voluntad alguna de transformar la aplastante realidad. Lo que nos lleva a la pregunta del millón: ¿Por qué razón no se produce, entonces, una “explosión social”?

Esto es lo que también se plantea Manuel Medina, profesor y periodista, en el digital “Canarias-Semanal.org” (15/01/2013) del que es responsable. Un artículo de opinión que ha circulado por la Red y que, descargado de sus connotaciones más transgresoras, informa parcialmente el análisis de esta Newsletter.

Para Medina, el actual estado de ánimo de la sociedad española, proviene y es expresión del largo vacío político y organizativo (y también crítico) que se ha venido prolongado durante 35 años desde el forzado “consenso” de la Transición, afectando de lleno a las generaciones más jóvenes, que desconocen los referentes históricos que les han conducido a la situación actual y que les permitirían interpretar la realidad social que ahora viven.

Y esas generaciones jóvenes, marcadas por la atonía precedente, son las que han de afrontar una crisis sin parangón en la historia de España, pero inermes, sin instrumentos ni capacidad de análisis, sin herramientas para la acción política y social. Por ello, la mayoría social activa y más afectada por la crisis, incluida la clase trabajadora, se sigue refugiando en el fatalismo de la resignación como única alternativa a sus males presentes, sin atisbar siquiera ningún horizonte de cambio, ninguna perspectiva movilizadora que abra la esperanza de una nueva sociedad y un futuro mejor.

Por otra parte, los asalariados, arrastrados por unos sindicatos convertidos en “correa de transmisión” de los partidos políticos, también han dejado de percibir su poder como clase, su capacidad para ser sujeto determinante de los cambios que reclama dramáticamente el momento presente. No se trata, pues, de una situación nueva, sino, simplemente, de una sensación de incapacidad inducida tan vieja como la historia, que ha permitido a las clases sociales menos numerosas ejercer su omnipotente dominio sobre las clases mayoritarias.

Pero la situación -sostiene Medina- tampoco es la consecuencia de una especial idiosincrasia de las actuales generaciones, como proponen algunos. Quienes alcanzaron su uso de razón después de desaparecido el dictador, no solo heredaron la desmemoria programada sobre las luchas y horrores del pasado, sino que también se les impuso el régimen político del futuro. Todo ello formó parte del paquete de compromisos contraído entre  las cúpulas de los partidos de izquierda y de derechas, y de los representantes del heredero político de Franco, el rey Juan Carlos I. Reprochar, por tanto, a los más jóvenes su actual desorientación política sería, además de una injusticia histórica, una incalificable expresión de cinismo.

Para Manuel Medina, la razón de las presentes debilidades se encuentra, básicamente, en la traición de los sindicatos y organizaciones políticas que deberían haber tenido como cometido el cuestionamiento permanente de un sistema caduco, cuyo mejor destino habría sido siempre su destrucción. Pero, lejos de ello, quiénes ostentaban formalmente la representación de las clases trabajadoras se integraron progresivamente en él, legitimando de esa forma su existencia.

Medina, distanciado de una posible “rebelión social”, añade literalmente: “¿Cómo se va esperar hoy que los asalariados tengan una percepción clara sobre quiénes son sus enemigos de clase? ¿Con qué derecho se va a exigir que amplios sectores sociales comprendan que el sistema político y económico vigente no es más que una continuidad del que lo precedió? Recuperar el nexo con el pasado que quebró la Guerra Civil y los casi cuarenta años de dictadura que le siguieron, es un camino que está todavía por recorrer”.

Y concluye que “en la historia, como en la vida personal, las renuncias de ayer terminan, tarde o temprano, pasando inexorablemente la factura”, añadiendo este punto y final: “Y esa es la que hoy todos estamos pagando”.

TOTAL: “UN GOBIERNO SIN PAÍS”

Pero, ¿habrá o no habrá rebelión social…? Nosotros preferimos afrontar el reto de esta pregunta en línea con lo publicado por Pedro J. Ramirez en su Carta del Director titulada “Un gobierno sin país” (“El Mundo” 31/03/2013), reproduciendo algunos de sus párrafos más apropiados para alumbrar nuestra respuesta y la particular de nuestros lectores:

(…) Nunca ha habido en La Moncloa un gobernante tan distante de todos y de todo, tan alejado de la sociedad civil, tan desentendido de los problemas sectoriales, tan incomunicado de los españoles, tan ajeno a los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Ni está en la calle, ni habla con la gente, ni va al teatro, ni organiza cenas interesantes -tampoco aburridas-, ni se implica en debate o controversia alguna. A eso le llama Rajoy su «independencia». Y en efecto nadie podrá reprocharle haber favorecido a ninguno de esos grupos de interés, gremios, colectivos, clubes u organizaciones que de una forma o de otra encuadran a la inmensa mayoría, a todas las inmensas minorías, de los españoles.

Para Rajoy hay una única excepción a la regla: su partido. Él sólo depende de los suyos, igual que los suyos sólo dependen de él. Por eso no se reforman las administraciones públicas o la ley electoral, ni se condiciona la recepción de dinero público a la democracia interna, ni se devuelve a los jueces el control del Poder Judicial, ni se depuran responsabilidades por la trama Gürtel y los sobresueldos de Bárcenas, ni siquiera se obliga a dejar el cargo a una ministra a la que los corruptos le pagaban el viaje, el hotel y el coche cada vez que salía de su casita de los confeti. Es una conducta simétrica a la del PSOE de Rubalcaba o la CiU de Mas y los Pujol; y explica que la inquina hacia los políticos esté llegando al extremo de que en una encuesta de EL MUNDO.es un 42% justifique el injustificable acoso a los diputados en sus domicilios.

Si la forma que tiene Rajoy de ejercer el -ejem- liderazgo estuviera dando resultados, no habría otro remedio que aparcar los ideales regeneracionistas, sacrificar las musas a la eficiencia y guardar un responsable silencio respecto a lo mal que quedan los adornos del salón. Pero lo que vemos por doquier, y lo que se nos augura, indica que tenemos al frente de la nave a un hombre inadecuado para abrirse camino en medio de una tempestad tan dura. Lo que acaba de decirnos el Banco de España es que cuando acabe este año habrá más de un 27% de paro, el déficit seguirá por encima del 6% pese a la brutal subida de impuestos y habremos llegado al ecuador de la legislatura con una recesión acumulada del 3%.

Nadie en sus peores pesadillas podía imaginar que ése fuera a ser el balance de dos años de mayoría absoluta del PP. ¿Para qué quería Rajoy una palanca tan difícil de obtener desde el centroderecha si luego no la utiliza ni para reformar el Estado, ni para garantizar los derechos constitucionales de los españoles, ni para meter en vereda a las autonomías, ni para forzar a la UE a cambiar las reglas de un juego que nos tumba?

Todo sugiere que esa mayoría absoluta le queda tan grande que no es capaz de darle otro propósito sino el de poder seguir en La Moncloa a verlas venir hasta 2015, despachando las reformas menos peliagudas como el remendón las medias suelas, a la espera de que cambie el ciclo meteorológico y escampe...

Y terminar reiterando una de las citas introductorias de esta Newsletter, sin esperanza alguna de que sea apreciada por el ínclito presidente Rajoy. El no menos ilustre Francis Bacon, afirmó: “El medio más seguro de impedir las revoluciones es el de evitar sus causas”.

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