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El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó a bombo y platillo el pasado 19 de junio en La Moncloa el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), su proyecto estrella y más ambicioso para enjugar el déficit público tras las inoperantes medidas gubernamentales de fomento de la economía productiva, de promoción del crédito al sector privado y de la creación de empleo, en un acto sin duda excepcional que terminó mostrándose como una auténtica chafarrinada política.

De entrada, los gobiernos autonómicos, que son los principales afectados por las medidas, fueron invitados al acto de forma precipitada, sin que el Ejecutivo hubiera agotado el plazo que se había concedido para elaborar el informe CORA y con la circunstancia agravante de que los respectivos consejeros de Presidencia presentes en el acto desconocieran su contenido. De hecho, tampoco hubo debate previo al respecto ni intercambio alguno de papeles, con lo que su malestar era bien evidente (la posterior respuesta de algunos ha sido demoledora).

Consciente de la situación, porque las autonomías ya habían reclamado la correspondiente información de forma infructuosa, Mariano Rajoy optó por realizar una presentación del tema amable y tratando de reconducir su ya torcida implicación, dado que legalmente no se las puede imponer el grueso de las medidas contempladas por el Gobierno (que son meras ‘propuestas’). Por ello, y con objeto de disipar el malestar autonómico inicial, lanzó este mensaje de conciliación: “Este documento es una propuesta; nos gustaría acordarla con todos. Aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces”.

Sin embargo, detrás de sus buenas palabras parece ocultarse un intento no solo de imponer más recortes de forma indirecta sino de centrarlos sobre todo en las autonomías. De hecho, Rajoy aseguró que las medidas que suponen eliminar duplicidades, y que afectan sobre todo a las autonomías, se tratarán en un próximo Consejo de Política Fiscal, órgano en el que también se tiene que discutir el nuevo reparto del denominado ‘déficit asimétrico’, lo que aumenta las suspicacias de los barones territoriales, que ahora, con las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, temen un condicionamiento mayor de su flexibilidad fiscal.

MEDIDAS INSUFICIENTES Y SIN FUERZA LEGAL

Tras reivindicar lo que en su exagerada opinión es “la radiografía más minuciosa de la Administración realizada en toda nuestra democracia”, Rajoy apuntó a la desaparición de unos pocos organismos “prescindibles”, de los muchos existentes en el sector público, como los servicios de meteorología autonómicos o los entes de defensa de la competencia; pero, siendo cierta su apreciación, sin dar más detalles y ocultando que no podrán desaparecer por una mera ‘recomendación’ gubernamental, porque su creación tiene origen en los correspondientes Estatutos de Autonomía, que permanecen inmutables. De hecho, el inconcreto discurso de Rajoy ni siquiera aclaró cuánto dinero se pretende ahorrar o cuántos organismos del total existente se van a suprimir y cuántos no, con el misterio incluido de que, según él, estas reformas no supondrán destrucción de empleo público (Rajoy recordó que ya se han recortado 375.000 puestos de trabajo de la Administración desde su llegada a La Moncloa).

Para empezar, si las reformas de las Administraciones Públicas no van a comportar reducción en el empleo público, ¿de qué plan de pacotilla se está hablando? Y si las decisiones últimas corresponden a los entes autonómicos y locales ¿qué pinta el Gobierno tratando de ‘apuntarse’ una reforma para la que carece de competencias…? Aquí falla algo o alguien se pasa de listo tratando de vender a los administrados un ‘cuento chino’ sin base ni fundamento.

Alberto Núñez Feijóo, el barón quizás más influyente del PP, señaló que la reforma le parece “una propuesta necesaria y valiente” pero aclarando inmediatamente que “cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas”, esas iniciativas “se tienen que negociar”. Para comprender la complejidad y contradicciones del Plan CORA, baste ver que Rajoy citó a los organismos de defensa de la competencia autonómicos como algo a extinguir, mientras el propio presidente de la Xunta acaba de crear uno que es fusión de otros dos y que no tiene ninguna intención de eliminar.

El mal ambiente político creado con el secretismo del Gobierno, que no ha querido contrastar sus propuestas con nadie, las avoca al fracaso más estrepitoso: una senda ya señalada por los presidentes autonómicos del PP descontrolados en la batalla sobre el déficit asimétrico que ha planteado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de muy difícil encauzamiento. Y no digamos por quienes gobiernan otras autonomías desde partidos de signo político distinto (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias…).

Conociendo como ya se conoce el paño de la España de las Autonomías, no faltan sospechas de que, ante la falta de fundamento y fuerza legal del Plan CORA, y por tanto de su imposible aplicación automática, el Gobierno tendrá previstas otras vías para forzar su cumplimiento, aunque éste siempre sería voluntario y por supuesto reversible. Pero, de ser así, ¿por qué no se ha utilizado esa misma capacidad para instrumentarlo de forma negociada o mediante normativa de rango legal que garantice su aplicación directa e inmediata…?

Cierto es que el ministro Montoro tiene una indiscutible influencia extra-legal sobre varias autonomías, porque nueve de ellas, en particular Cataluña o la Comunidad Valenciana, sobreviven financieramente gracias al ingreso mensual que les hace Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), acompañado de la correspondiente capacidad supervisora y de presión sobre los ajustes que pueda ejercerse sobre cada autonomía. Pero la ascendencia política o moral de Hacienda para intentar atajar el drama del despilfarro generado por las Administraciones Públicas periféricas es, hoy por hoy y llegados al punto en el que estamos, demasiado artificiosa y exige un sistema de reconducción mucho más expeditivo y enérgico.

EL SECTOR PÚBLICO DE RAJOY: PURA CONTRADICTIO IN TERMINIS

Además, las trampas del cuento chino que supone el Plan CORA quedaron perfectamente apuntadas por el propio Rajoy en su ardiente defensa del empleo y del gasto público. Alcanzando el colmo de la ingeniería semántica, por no decir de la tergiversación política más falsaria, lanzó el brindis al sol de que España tiene una “buena Administración”, al tiempo que se mostraba dispuesto a “desmontar el mito” del exceso de funcionarios y de gasto público, respondiendo de esta forma a las exigencias internas de su propio partido (el sector ‘aznarista’) para que adelgace las Administraciones Públicas de forma mucho más radical.

Rajoy afirmó que “con datos de 2012, España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro”, destacando que de ese porcentaje “dos tercios van en gasto social y servicios públicos básicos”. No obstante, reconoció que “entre 2005 y 2012 hubo un gran aumento de empleados públicos”, justificando ese incremento con el hecho de que “solo el 25% se dedican a la gestión” y con que “el 75% restante son maestros, médicos, policías, jueces, esto es, servicios esenciales del Estado de derecho y del bienestar”.

Con independencia de que Rajoy olvidara que durante años, cuando estaba en la oposición, clamaba de forma recurrente contra una Administración que tildaba de ‘hinchada’ y con duplicaciones de hasta cinco niveles (central, autonómico, insular, local y de diputaciones provinciales), su presentación del Plan CORA supone, ahora, entregarse a las tesis de algunos economistas no precisamente liberales empeñados en que el problema de España no es el gasto público, sino el desplome de los ingresos. Ahí va la prueba de su zigzagueante pensamiento económico, si es que lo tiene: “Nuestro mayor problema es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, España fue el país con menor nivel de ingresos públicos de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos”.

Pero, puestos a manipular las estadísticas, Rajoy se guardó mucho de aclarar el mejor o peor funcionamiento de las Administraciones Públicas y la calidad del Estado de Bienestar de los países europeos con los que nos compara, sólo en lo que le conviene, y en los que no se entiende ni por asomo nuestra obesidad administrativa y mucho menos el bodrio de sus torpes solapamientos. Aunque la pregunta del millón que habría de responder Rajoy es esta: Si nuestra Administración es tan buena y eficiente como afirma, ¿qué sentido tiene entonces el Plan CORA que tanto incomoda a las entidades autonómicas y locales afectadas…?

La realidad es que el discurso de Rajoy reúne dos conceptos de sentido contrario (la ‘buena Administración’ y la necesidad de reformarla), que en sí mismos conforman un absurdo similar a la figura literaria de la contradictio in terminis, pero sin sentido metafórico. Aunque sí envuelva un auténtico cuento chino, útil sólo para encubrir la incapacidad del Gobierno en la gestión de la crisis y entretener el malestar de los administrados: juegos de artificio que cada vez hunden más al país en el pozo de la incompetencia política.

Paréntesis: La reforma avanzada por Rajoy obtuvo ipso facto el apoyo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presente en el acto de presentación como miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, que destacó y elogió medidas tan obvias y ya practicadas como la centralización de las compras y de la tesorería de la Administración, que en su sabia opinión suponen aplicar fórmulas de la empresa privada. Pero, ¿quiénes son estos líderes empresariales que rinden admiración a la ‘reinvención de la pólvora’ y qué reciben de Rajoy a cuenta de tanto baboseo…?

EL PULSO CON LAS AUTONOMÍAS MUESTRA LA DEBILIDAD DE LA REFORMA

Conocido el Plan CORA con mayor precisión después de su aprobación por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 21 de junio, y confirmados todos sus puntos débiles, incluido el de la imposible cuantificación del ahorro previsto a pesar de la cifra inventada por el Gobierno, los comentarios de los analistas políticos han aflorado con enfoques generales y sin entrar en el fondo de su inconsistencia, ni denunciar su particular inutilidad para combatir la obesidad mórbida de nuestras Administraciones Públicas; tal vez porque la propia supervivencia económica de sus respectivos medios informativos condiciona su capacidad crítica o porque ya vean imposible reconducir razonablemente el frangollo del Estado de las Autonomías, algo mucho más triste y peligroso. Entre ellos, destaca el publicado por Miguel Ángel Aguilar en El País (24/06/2013), poniendo de relieve la invalidez del Gobierno para auto-racionalizarse y ofrecer la ejemplaridad debida mientras impone ese mismo proceso a las demás Administraciones:

La reforma… de los demás

La reforma de cada viernes dánosla hoy, parecen reclamar con ojos suplicantes los asiduos a la rueda de prensa semanal que sigue a los consejos de ministros en La Moncloa. Todo va adquiriendo en el aula dispuesta de aquel complejo un aire de parvulario. Con la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, encaramada en el estrado, acompañada según convenga por los titulares de los departamentos más afectados en cada ocasión. Algunas lecciones se exponen por primera vez, otras se repiten a medida que van pasando por las sucesivas vicisitudes e informes preceptivos hasta llegar a convertirse en auténticos proyectos de ley. El último caso es el del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que formula más de 200 propuestas para “hacer unas Administraciones más austeras, más útiles y más eficaces”, según el presidente Rajoy.

Si nos fijáramos en ese cuento, correspondiente al viernes día 21, relativo a las Administraciones, iría quedando claro que este Gobierno se muestra muy activo en cuanto se refiere a las reformas de los demás, que se ha especializado en los “brindis al sol”. Porque mientras sigue sumando poderes y haciéndose con el control de las instituciones -Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencias Reguladoras, etc.- hasta un punto que jamás alcanzó ninguno de sus predecesores, propugna el desmantelamiento controlado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La prédica monclovita declara su propósito de acabar con las duplicidades y responde al principio de una competencia, una Administración. Pero la pequeña dificultad insuperable es que su puesta en práctica rebasa las atribuciones del proponente. La racionalidad y economía de las reformas pretendidas tiene el sonido de la lógica, pero requeriría que las Administraciones afectadas aceptaran la senda de renunciar a lo que les confieren sus Estatutos.

Esas renuncias las harían, por ejemplo, las comunidades autónomas a favor de las instituciones análogas de la Administración del Estado, que absorbería así los tribunales de Cuentas, los defensores del Pueblo, los consejos consultivos, los canales de radio y televisión o las agencias de meteorología de que en su día se fueron dotando en un ejercicio de mimetismo, que replicaba el modelo estatal de referencia. La penuria presupuestaria y la exigencia de atenerse al déficit señalado para cada una de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera parecen haber adquirido una gran contundencia argumental, pero sería fatuo ignorar la capacidad de resistencia que pueden ofrecer. Así que el Gobierno, que parece inválido para emprender su propia racionalización y ofrecer ejemplaridad -Arantza Quiroga dice que la militancia está asqueada con el caso Bárcenas-, vuelve sus ojos hacia otras Administraciones, decidido a llevar a cabo la reforma… de los demás.

Porque nos acercamos al segundo aniversario de la investidura del presidente Mariano Rajoy y seguimos sin vicepresidente económico, una exigencia que afloró el mismo día en que se hizo pública la composición del Gabinete. Entonces se nos dijo que esa carencia quedaba resuelta habida cuenta de que la coordinación en ese ámbito se haría mediante la asunción de la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el propio Rajoy. De nada ha servido que Bruselas reclamara con insistencia la unidad de mando y han debido transcurrir 18 meses para que se haya puesto el parche de incorporar a la vicepresidenta única, Soraya Sáenz de Santamaría, como miembro de la citada comisión, con la función de presidirla en ausencia de Rajoy. Dicen que el promotor de esa alteración ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien, convencido de que no será vicepresidente económico, ha buscado amparo en Sáenz de Santamaría frente a su competidor, el ministro Luis de Guindos. De este modo nos aproximamos al principio de otros tiempos, cuando imperaba la “unidad de poder y coordinación de funciones”.

En democracia, gobernar es delegar, pero el actual presidente prefiere concentrar todo el poder en un solo vértice, al modo en que algunos reyes lo hicieron en sus validos o privados como el duque de Lerma, el conde duque de Olivares o Manuel Godoy. Claro que la delegación de poder se basa en la confianza por encima del mérito o la capacidad. Y la delegación universal en Soraya Sáenz de Santamaría ofrece la ventaja de su irrelevancia en las filas del Partido Popular, lo cual impide que proyecte sombra alguna o que emprenda aventuras autónomas, se trata de un satélite sin luz propia que solo refleja la que recibe del presidente. Así que esta delegación mantiene el poder indiviso, ¿quién podría garantizar otro tanto?

Otro comentario llamativo, algo más proclive a defender las medidas del Plan CORA frente a las resistencias autonómicas, sobre todo en su fondo y sin entrar a valorar su inconsistencia formal, evidenciando por supuesto su implícita naturaleza voluntarista, es el de Ignacio Camacho publicado en ABC (25/06/2013):

El motín del pesebre

Pasen y vean: está a punto de comenzar el motín del pesebre. Una sedición de taifas autonómicos agarrados a sus banderitas estatutarias para defender su competencia constitucional de crear organismos perfectamente prescindibles y colocar en ellos a legiones de parentela política y hasta familiar. Que sí tienen esa competencia, sí; algo se hizo mal en el desarrollo de un modelo territorial razonable que ha acabado convertido en una máquina de gastar. Pero la auditoría administrativa del Gobierno, un trabajo serio, ha levantado el mapa del despilfarro como una fotogrametría de Google Earth y algunos virreyes se han visto retratados en ella por el perfil menos favorable. La mirada del satélite ha localizado la trastienda de los regímenes clientelares, el enorme aparato discrecional y superfluo que se oculta tras la fachada del Estado pseudofederal: una burocracia paralela sobrecargada de organismos superpuestos, consejillos de amiguetes, televisiones de cámara, observatorios de la nada, defensorcitos del pueblo, embajadas de la señorita pepis y agencias de colocación. El reverso tenebroso del principio de subsidiariedad.

Ese desparrame acumulado en sedimentos de desarrollo competencial -al que nadie es ajeno: lo empezó González, lo continuó Aznar mano a mano con Pujol Sr. y lo culminó Zapatero con su oleada neoestatutaria- no se puede defender ante una opinión pública cansada de sufragar el dispendio. Así que la resistencia apelará a conceptos grandilocuentes de soberanía autóctona, buscando el resorte populista de una defensa de la identidad diferencial. El malvado centralismo contra una variante del presunto derecho a decidir que no es sino el presunto derecho a gastar. Con el nacionalismo como ariete, los capataces de los latifundios autonómicos se disponen a cavar trincheras de desobediencia al grito de no pasarán. No nos quitarán las prebendas, no nos tocarán los privilegios, no hollarán los pastos que engordan las hegemonías electorales. No pondrán sus sucias manos reformistas sobre las estructuras del nuevo caciquismo.

Y si el discurso del agravio territorial no funciona, apelarán al Estado del Bienestar. El bienestar de las clientelas acostumbradas a un contrato no escrito de beneficios mutuos, de regalías y subvenciones acolchadas en los pliegues de unas administraciones opacas donde se pueden esconder EREs trucados, privatizaciones de servicios básicos o licitaciones de ITVs a medida. El bienestar de los veinte mil asesores y de los ejércitos de estampillados en las empresas públicas que desdoblan el papel de los cuerpos de funcionarios. El bienestar de los cientos de cargos de confianza repartidos en estructuras de poder ramificadas. Lo van a defender con alboroto político, con recursos jurídicos y con resistencia pasiva. Será un pulso interesante: el gobierno de la desorganización contra la organización del desgobierno.

Basten estas dos referencias para comprender la respuesta autonómica al Plan CORA, el pulso que supone su dudosa implantación (a pesar de que en el fondo se trate de peccata minuta) y, a tenor de la propia polémica, la falta de solidez legal con la que se ha concebido. Una vez conocido en detalle, ni los palanganeros habituales del Gobierno se han fajado en su defensa, porque, sin duda alguna, esperaban algo mucho más contundente y efectivo.

MEDIDAS DE PECCATA MINUTA Y CORTE PARVULARIO

Ya hemos apuntado el corte parvulario de algunas propuestas recogidas en el Plan CORA, como las aplaudidas por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, sobre la concentración de las compras y la tesorería de las Administraciones Públicas, que en todo caso sólo se podrían aplicar de forma extensiva con la adecuada normativa legal, obviada por el Gobierno, y garantizando además la no distorsión de la libre competencia empresarial. Porque, ¿acaso Iberdrola estaría dispuesta a que todas las Administraciones Públicas contrataran en bloque su consumo energético con su competencia directa…? ¿O es que algún banco amigo del Gobierno ya tiene apalabrada la gestión única de todos los fondos públicos actualmente depositados en más de 4.800 cuentas que ya compiten entre sí…? Y, más difícil todavía, ¿por qué razón las administraciones autónomas van a renunciar al control de sus propios suministros contratados contra sus propios presupuestos…?

Pero pongamos algunos otros ejemplos para demostrar no sólo la simpleza del Plan CORA, sino que en esencia también se trata de auténtica peccata minuta. En base a que uno de sus principales objetivos es “evitar que varias administraciones hagan lo mismo”, la propia vicepresidenta comentó hace unos meses el caso de los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y por el Gobierno Central, señalando que se podría compartir imprenta (¿cuál?), distribución (¿cómo?) y coordinarse mejor (¿quiénes?); algo que difícilmente se verá hecho realidad en el actual Estado de las Autonomías y que muestra el brutal desconocimiento que tiene tanto del mundo y del proceso editorial como de la organización política y funcional del Estado.

Otro componente curioso del Plan Cora es la reforma afecta al parque de automóviles de la Administración Central del Estado, a todas luces falseado para quienes tengan un mínimo conocimiento de dicha organización (es evidente, por ejemplo, que no se contabilizan los vehículos no militares utilizados por los mandos de las Fuerzas Armadas). En cualquier caso, la reforma del Gobierno ha consistido en pasar de tener 1002 conductores para 930 vehículos a tener 852 conductores para 630 vehículos; es decir reduciendo el medio material obsoleto pero aumentando el ratio de conductores por vehículo y trasladando su aparcamiento a las afueras de Madrid “donde el suelo sea más barato”, aunque el aparcamiento actual es de propiedad pública y la mayor distancia equivalga a un mayor uso y mantenimiento de la flota.

En esa misma línea de inconsecuencia con la realidad, se sostiene que la herramienta en la que se centran gran parte de sus medidas del Plan CORA será “la tecnología”. En este punto, fue el presidente Rajoy quien lanzó la idea de “que los ciudadanos que viajan de vacaciones dispongan de su historial médico electrónico para que puedan ser atendidos” (cosa inventada hace tiempo) o, en otro ejemplo todavía más simple, la reducción de las notificaciones postales porque “una notificación postal cuesta 2,55 euros y una electrónica 0,19”, pero sin aclarar quien facilitará a los notificados el correspondiente receptor electrónico y si, de momento, todos ellos tendrán suficiente capacidad de comprensión y manejo del sistema.

Pero cuando se desgrana la reestructuración de los organismos públicos existentes, se pueden observar curiosidades como que muchos de ellos realmente innecesarios no desaparecen, sino que se reintegran en una nueva nomenclatura manteniendo toda su actividad. Ese es el caso, por ejemplo, de la “Fundación AENA” que se integra con la “Fundación Ferrocarriles Españoles” en una nueva “Fundación del Transporte”, el de la “Fundación ENRESA” que se integra en la mercantil ENRESA o el de la “Fundación CENATIC” que se integra en el Ente Público Red.es, entre otros casos.

Porque, ¿para qué quieren AENA, RENFE, ENRESA o el Ente Público Red.es esas fundaciones…? ¿Qué aportan a su función y cometido sustancial como empresas públicas, que además en la mayoría de los casos también pueden ser innecesarias como tales…? Y, si parece adecuado extinguir y liquidar otras fundaciones, como “FOMAR”, “FUNDESFOR” o el “Taller Juan José”, alguien debería explicar por qué no todas siguen la misma suerte, o por qué no pierden al menos la consideración de fundaciones públicas, como la han perdido las de “Aeronáutica y Astronáutica Españolas”, la del “Museo do Mar de Galicia”, la “Canaria Puertos de Las Palmas” o la “General de la UNED”…

Lo mismo sucede con otros muchos organismos autónomos perfectamente inútiles que, en vez  de desaparecer también perfectamente, integran todos sus medios y funciones en la organización ministerial correspondiente. Y con los que se fusionan e integran en otros existentes con la excusa de alcanzar fines más generales, o con los que asumen las funciones y medios de un centro directivo ya adscrito a la organización ministerial, como sucede con el Instituto de la Mujer en relación con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.

Todo ello, sin contemplar lo que no se incluye en el Plan CORA y debería incluirse, es decir su ineficiencia por defecto. Baste señalar al respecto, por tomar el ejemplo del Ministerio de Defensa, que quizás sea el castigado por el Gobierno con los mayores y más irracionales recortes, la supervivencia de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), perfectamente inútil salvo para alimentar a 1.600 inútiles, ya fusionada con la no menos inútil INSA (Sociedad Estatal de Ingeniería y Servicios Aeroespaciales), integradas en el Grupo INTA, o el contumaz mantenimiento de la Revista Española de Defensa, otra inutilidad perfecta que es un puro y vergonzoso remedo de la antigua Prensa del Movimiento…

EL AHORRO IMAGINARIO DE 37.700 MILLONES DE EUROS

Otra aspecto ciertamente confuso y criticable del Plan CORA, o cuando menos de la forma en que se ha presentado públicamente, es la alegría con la que se ha estimado un ahorro nada menos que de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015, según aseguró la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Una llamativa cifra que para nada casa con su afirmación paralela de que hasta su completa implantación, en 2015, la reforma de las administraciones públicas generará un ahorro al sector público de 6.500 millones de euros y de 16.300 millones al ciudadano, sin que sepamos por qué ni quién titularía el ahorro restante de 14.900 millones.

Un galimatías económico en el que no se sabe por qué extraña razón se estima el ahorro en un cuatrienio que ya tiene descontadas las reducciones retributivas del sector público, que se han cuantificado en más de 16.000 millones de euros, es decir casi la mitad del ahorro total estimado por el Plan CORA. Pero, aún más, ¿cómo se puede ‘aventurar’ dicho ahorro si se basa en medidas puramente voluntaristas? ¿Es que, acaso, por poner otro ejemplo, se tiene pactado el buen fin de la venta de 15.000 inmuebles prevista por el Gobierno, de los que además se desconoce su tasación y desde luego su precio final de compraventa…? ¿Y no estará confundiendo alguien estos posibles ingresos por desinversión (el Gobierno parece haber contabilizado ya 88 millones de euros por ventas de inmuebles) con el concepto muy distinto de ‘ahorro administrativo’…?

Como anticipamos en nuestra anterior Newsletter, las 217 propuestas del Plan CORA, incluyen muchas especulaciones, maquillajes y readaptaciones semánticas, conformadas además en su mayoría como ‘recomendaciones’ para las entidades autonómicas y locales no negociadas, que se aceptarán o no, de auténtica risa si con ellas, como ha afirmado el presidente del Gobierno, se pretende “marcar un antes y un después” en la racionalización del sector público. Es decir, un paquete de chorradas y perogrulladas mayoritariamente de corte parvulario y sin la cuantificación económica debida; entre otras cosas porque la cifra ‘aventurada’ de 37.700 millones de euros de ahorro en cuatro años es imposible de acotar dado que el éxito del grueso del plan se condiciona a un ejercicio de ‘buena voluntad’…

Pero, sobre todo, el Plan CORA carece de auténticas medidas de carácter legal negociadas con el conjunto de las Administraciones Públicas para adelgazarlas de verdad (incluida la Central), de recortes duros y puros como los ya asestados sobre el cuerpo social y de las reformas institucionales necesarias para afrontar el fondo de la crisis. Esto es tan evidente que se puede considerar sin más  como un auténtico cuento chino y, en definitiva, una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los administrados…

Rajoy sigue navegando en el mar de la incompetencia. Sino que venga Dios y lo vea.

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