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En una entrevista concedida recientemente a la periodista Victoria Prego, que forma parte de una interesante serie titulada ‘Conversaciones sobre España’ (El Mundo 23/06/2013), el jurista y reconocido político Landelino Lavilla, especialmente activo durante la Transición Española y hoy miembro permanente del Consejo de Estado, lanzó esta razonable llamada de atención en relación con la necesidad de reformar la Constitución: “Bastaría simplemente con que se generalizara la conciencia de que el sistema hay que cambiarlo para alcanzar un orden mejor. Porque la crisis económica es todo lo grave que se quiera, pero lo más grave es que estamos en riesgo de descomposición institucional porque se está deshilachando el país”.   Una semana después, Rodolfo Martín Villa, otro político de larga y densa trayectoria -hoy por hoy prácticamente sin parangón-, se sinceraba con la misma periodista y en el mismo marco analítico, apuntando: “Con ser grave, la situación económica no deja de ser coyuntural. Me parece mucho más grave el desprestigio de los políticos -no pocas veces enjuiciados injustamente-, y me preocupan la unidad nacional, la reorganización del reparto territorial del poder y todo lo que toca a las instituciones, sobre todo la organización de la Justicia”.   Ambos saben muy bien cómo se organizó el Estado de las Autonomías y los problemas que generó ab initio. El más temprano y grave fue el propio intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que ellos padecieron en primera instancia, uno como presidente del Congreso de los Diputados asaltado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y, el otro, como ministro entonces de Administración Territorial, conscientes de que uno de los objetivos esenciales de aquel intento desestabilizador era modificar radicalmente el Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado…   ANTES QUE UNA ESPAÑA ROTA, UN ESTADO CARCOMIDO   Dicho de otra forma, el cada vez más evidente problema del ‘deshilachado’ de España y de la unidad nacional afectada por el reparto del poder territorial, no es cosa gratuita ni de ahora, sino que deviene del mismo origen del sistema y de la propia naturaleza autonómica del Estado. Bien está todo lo que se hizo para superar las tensiones generadas con la muerte de Franco y favorecer el tránsito pacífico hacia un nuevo régimen democrático; pero desde entonces se ha tenido poco interés -más bien todo lo contrario- para embridar la disgregación autonómica y evitar sus peligrosas vías de agua, torpe y continuamente agrandadas con las sucesivas reformas estatutarias y la ambición política de quienes las han propuesto y las han aceptado.   Por ello, cuando tantos intelectuales y profesionales de prestigio, e incluso políticos sensatos y experimentados (nada que ver con la actual ‘casta’ partitocrática), hablan hoy de una España deshilachada, divergente o rota, o si se prefiere de la España sin futuro, no queda más remedio que mirar hacia la reforma de la Carta Magna, meollo de la cuestión. Aunque la España invertebrada sea cosa que venga de mucho más lejos y que, en realidad, esa sea la irremisible España de siempre…   Sin embargo, para empezar, en nuestra opinión quizás sería mucho más razonable y práctico hablar menos de la ‘España deshilachada’, porque en la práctica siempre le ha faltado urdimbre y vertebración, y más del Estado español, ateniéndonos -dentro de su amplitud conceptual- al concepto jurídico-político integrador del conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente en el territorio nacional, interna y externamente soberana. Y a reconocer, acto seguido, que, hoy por hoy, el Estado español es, en efecto, un “Estado carcomido” y extremadamente frágil.   La ‘carcoma’ es el nombre común que reciben las larvas de varias especies de coleópteros que colonizan la madera (sobre todo la más seca y vetusta) en cualquier forma o estructura (vigas y soportes de sujeción, artesonados, muebles…), construyendo en su interior galerías en las que anidan hasta sufrir una metamorfosis con la que adquieren cierta capacidad de vuelo, momento en el que salen al exterior, depositan sus huevos en las grietas de cualquier otra pieza de madera aledaña, para que vuelva a ser colonizada, y muere a los pocos días. Alojada, pues, en el interior de la madera, la carcoma no es fácilmente perceptible; pero eso no le impide ir minando o desestructurar soterradamente su propio alojamiento y convertirlo en puro serrín, resguardado bajo un simple armazón decorativo más o menos como los usados en las producciones teatrales.   Y eso es lo que, de forma lenta pero demoledora, ha sucedido con las estructuras del Estado. La carcoma de los partidos políticos, que ha ido colonizando de forma continuada todas las instituciones públicas -porque el diseño constitucional y los mecanismos de su desarrollo legislativo se lo permitían e incluso lo propiciaban-, ha minado o ahuecado sus soportes vitales hasta dejarlos a punto de derrumbe.   En el actual sistema de Monarquía Parlamentaria, las fuerzas políticas han terminado asumiendo todo el poder del Estado, conformando una auténtica ‘dictadura de los partidos’, primando, mediante un desarrollo constitucional tramposo, a las dos opciones mayoritarias en alternancia (Gobierno y Oposición). Pero con una ‘derrama’ del modelo a favor de las que, en su caso, también puedan alcanzar una posición prevalente a nivel autonómico (el reparto de la tarta con todos sus flecos).   Así, los políticos han abrazado de consuno una suerte de bipartidismo imperfecto que, además de ostentar el Poder Ejecutivo en rotación, ha abducido directamente al Poder Legislativo como tal (mediante la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras parlamentarias) y, a continuación, al Poder Judicial (garante del sistema democrático). Con ello, la ‘teoría de la separación de poderes’ descrita como esencia de la democracia por el Barón de Montesquieu, queda subsumida en una verdadera dictadura de los partidos.   Que el funcionamiento del Parlamento español constituye una impostura democrática, es decir un mero fingimiento o engaño ante la opinión pública con apariencia de verdad, comenzó a quedar en creciente evidencia hace tiempo, cuando los propios partidos reconocieron la flagrante inutilidad del Senado. Idea que se consolidó socialmente al irse comprobando que las funciones legislativas y de control del Ejecutivo se subordinaban de forma sistemática a los intereses del bipartidismo, antes que a los generales del Estado y a la democracia real, con su correspondiente reflejo en el ámbito autonómico.   La experiencia manipuladora de las comisiones de investigación dentro de las instituciones parlamentarias (e incluso de las comisiones de estudio, como sucedió con la de Financiación de los Partidos Políticos en la que PP y PSOE vetaron la publicación de sus conclusiones y propuestas para que el tema permaneciera en el limbo de sus espurias conveniencias), y en definitiva el amparo que la corrupción política ha encontrado y encuentra dentro de ellas, ha llevado el sistema a un descredito total de muy difícil superación. Ahí están el ‘caso Filesa’, los GAL, Roldán, De la Rosa, Manuel Prado, Mario Conde, el saqueo de Marbella, el ‘Tamayazo’, los ERE de Andalucía, la ‘trama Gürtel’, el ‘caso Bárcenas’ (convertido de hecho en el ‘caso PP’), los Pujol, Prenafeta, Millet, Urdangarin, Torres, Baltar, las Cajas de Ahorro… y lo que no está en los escritos.   Y claro está que, además, este ejercicio malsano de la democracia es, por su propia virtud, claramente absolutista e invasivo. Razón por la que desde el Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno) hasta la Fiscalía General (que depende directamente del Gobierno), pasando por el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo (instituciones comisionadas de las Cortes Generales), todo el entramado sustancial del Estado está infectado y descompuesto por el mismo entendimiento degenerativo de la política (la ‘dictadura de los partidos’). Y no digamos menos del desbordante complejo de tinglados y organismos instrumentales tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y municipales (empresas y fundaciones públicas, entes portuarios, confederaciones hidrográficas, parques nacionales…), convertidos en verdaderas agencias de empleo y pesebrismo partidistas, por lo general mal gestionadas y subvencionadas a costa del déficit público cargado sobre los administrados…   Pero, una vez asentada la carcoma partitocrática en el Poder Legislativo, desde su simbiosis con el Poder Ejecutivo era inevitable y extremadamente fácil colonizar y minar también el Poder Judicial, considerado ya como el único contrapeso o amenaza potencial a la dictadura de los partidos y el último baluarte de la democracia real. De hecho, no deja de ser llamativo que los mayores ataques a la independencia judicial se estén produciendo en la actual legislatura, cuando la corrupción política ha llegado a extremos inauditos y de países tercermundistas, y sin otro fin aparente que el de consolidar la impunidad del poder y blindar a los políticos corruptos.   Tras la ilusión regeneracionista aflorada con el nuevo régimen democrático, progresivamente disipada, la sociedad española ha vuelto a recuperar la imagen de una Justicia sometida al poder político, bien alejada de la que la Carta Magna describe como emanada del pueblo y administrada por un Poder Judicial independiente, inamovible, responsable y sometido sólo al imperio de la ley. Una situación regresiva que hace bueno el lamento de San Agustín: “Sin la justicia, ¿qué son los reinos, sino una partida de salteadores?”.   Paréntesis: Este último empeño del Gobierno de Rajoy por acrecentar el sometimiento político del Poder Judicial, quedó bien patente en nuestra Newsletter 48 (10/02/2013) titulada “El Gobierno solivianta a la Justicia, soporte vital de la libertad y la democracia”.   Todo ello con un Jefe del Estado (el Rey) esencialmente pasivo en sus primordiales funciones de garantizar su unidad y permanencia (no olvidemos que es el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas y a estas compete defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional) y de arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones. Una responsabilidad supeditada con demasiada frecuencia a tareas muy distintas y en ocasiones poco ejemplares…   DE LA CORRUPCIÓN Y LA TIRANÍA   En apoyo de estas tesis, se pueden leer diariamente infinidad de artículos de opinión tan informados como infructuosos, porque desde el Rey hasta el último ministro, con el presidente del Gobierno a la cabeza, se fuman con ellos un puro de tamaño colosal (y así van las cosas). Entre los muchos que podríamos traer a colación, hoy queremos destacar el del filósofo y escritor Ignacio Gómez de Liaño titulado precisamente “Corrupción y tiranía” (El Mundo (02/07/2013), en el que éste asegura -y con razón- que los políticos se han erigido en una ‘casta’, en una suerte de fenómeno que ha pervertido el sistema.     Sostiene Gómez de Liaño en su artículo que, cuando a la muerte de Franco se verificó la transición a un régimen democrático, se cayó en tres errores que son en gran medida responsables de la corrupción que afecta a la clase política, y del riesgo existente de desintegración nacional. Y explica:   (…) El primer error consistió en dar a los políticos, y a sus terminales sociales o sindicales, una libertad de acción tal que les convirtió en una casta superior. Pues los políticos se vieron con las manos libres a la hora de nombrar empleados públicos, crear empresas públicas, controlar gran parte del sistema financiero, condicionar y así pervertir la administración de Justicia, a fin de tenerla amarrada, y constituirse, mediante el aforamiento y la facultad de indulto, en una clase privilegiada. Por si eso fuera poco, creó una vasta red de medios públicos de comunicación, especialmente televisivos, a fin de moldear a su gusto a los ciudadanos, sobre todo a los menos instruidos y más fácilmente manipulables. En suma, el nuevo régimen permitió a los políticos gastar el dinero público a espuertas y a capricho, al tiempo que les exoneraba de la obligación de rendir cuentas y les colocaba sobre pedestales labrados, obviamente, por los artistas, intelectuales y cineastas favorecidos con las subvenciones oficiales.   Tamaño descontrol, unido a la falta de democracia en el funcionamiento de los partidos políticos, a los defectos de la ley electoral y a la falta de independencia de la Justicia, ha dado lugar a la instauración de facto de un régimen oligárquico que en muchos aspectos actúa de forma más sutilmente tiránica que el franquismo, según lo ponen en evidencia, entre otras cosas, el volumen y peso del aparato del Estado y de la tributación que permite sostenerlo, y la volatilización del criterio del mérito en la selección de los empleados públicos. En esas condiciones, ¿cómo extrañarse de que se haya desmoronado buena parte del sistema financiero público, que nuestra crisis económica sea mucho más grave que la que afecta a las naciones más democráticas de Europa y que la corrupción haya corroído las estructuras del Estado, en particular las del nivel autonómico?   Pues el segundo error fue la creación de un Estado autonómico que carecía de precedentes, como no fuese el fugaz y desastroso cantonalismo de la Primera República o el neo feudalismo de los tiempos de Enrique IV y de Felipe IV, que acabó en guerras civiles. Políticos mediocres presentaron -a una sociedad recién salida de la dictadura, y por ello dispuesta a decir sí a cualquier cosa que se le presentase con el envoltorio adecuado- el Estado autonómico como si fuera la panacea de los males que afligían a España. Se pensó que bastaba con arrumbar el “centralismo opresor” para tener una Administración más racional y cercana a los ciudadanos. La realidad ha sido la contraria. Se ha implantado una forma mucho más asfixiante de centralismo -y más anti igualitaria-, pues en vez de uno, hay 17, con el mal añadido de producir montañas legislativas que sepultan bajo una jungla normativa inextricable la vida de los ciudadanos.   Alejando la posibilidad de tener un genuino Estado de derecho, el sistema autonómico ha facilitado la corrupción, además de generar una burocracia reñida con el mérito, promocionar una mentalidad estrecha y cerril, incompatible con un mundo cada vez más globalizado, y legitimar el caciquismo, ese mal endémico de la decadente política decimonónica. Un caciquismo que no ha tenido inconveniente en oprimir al cuerpo democrático con la armadura del feudalismo, como lo pone en evidencia el simple hecho de que se dé a los presidentes de las comunidades autónomas el nombre de barones y ellos se sientan ufanos de ostentar un título tan antidemocrático.   Si el Estado autonómico hubiera servido, según imaginaron los políticos que diseñaron el sistema (con su indigesto “café para todos”), para moderar el nacionalismo secesionista, todavía podría haber tenido alguna excusa. Pero a la vista está que no sirvió para que los nacionalistas vascos y catalanes se sintiesen cómodos dentro del Estado español, sino que ha servido, más bien, para todo lo contrario, con el agravante de que en las regiones donde han predominado los partidos de tipo nacionalista y socialista nacionalista el sometimiento de la ciudadanía ha sido tan tiránico que cientos de miles de ciudadanos han abandonado esas regiones al no ver aseguradas en ellas su seguridad, o incluso integridad, y no digamos su tranquilidad. ¿Qué consiguieron entonces los políticos que diseñaron el sistema del “café para todos”? Poner en bandeja al nacionalismo -que sólo había apuntado muy tímidamente en los últimos años del franquismo- el arma letal del ‘divide et impera’ y así tener más despejado el camino a la secesión.   Y el tercer error, íntimamente unido al anterior, es haber aceptado como legales partidos políticos que rechazan el fundamento de la Constitución de 1978 y el de todas las que la han precedido durante los dos siglos en que ha habido constituciones políticas en España. Los nacionalistas y socialistas de simpatías nacionalistas, así como los gobiernos autonómicos controlados por esos partidos, no sólo rechazan ese fundamento -que la soberanía reside en el conjunto de los españoles-, sino que emplean todos los medios a su alcance para socavarlo. Se ha llegado así al trágico esperpento de que España sea el único país del mundo en el que, al tiempo que se rechaza a los grupos que pretenden discriminar a los negros, o a las mujeres, o a algún sector de la población, se legaliza y ampara a los que discriminan y persiguen a los españoles dentro de su propia nación, amputándoles derechos tan fundamentales como el uso de la lengua.   Esos tres errores, que se alimentan mutuamente, son los que han llevado a la corrupción que padece la vida pública española; corrupción que no es sino manifestación de la tiranía que se ha podido establecer gracias a la utilización abusiva del nombre de democracia y de los consabidos mantras protectores de la ficción, como es, para poner un ejemplo, el uso de la palabra “facha” para lanzarla contra los que no están de acuerdo con las ideas del que la lanza. Hay que tener cuidado para no caer en esos señuelos verbales o en fórmulas demasiado experimentales y aventureras, como la del federalismo que a veces se propone con unas intenciones tan filantrópicas y redentoras como las que tenían los que propusieron el autonomismo…   Y ¿qué hacer entonces ante esta situación…? Gómez de Liaño concluye en su artículo, un tanto a la ligera, que, si el régimen franquista cayó con relativa facilidad porque durante años se había creado una corriente de opinión que hacía inviable su pervivencia una vez muerto el general, ahora habría que hacer algo semejante y dar todo el apoyo a las iniciativas regeneracionistas y reformistas que pretenden hacer frente a los tres errores mencionados. Bien sean estas -propone- formaciones políticas nuevas, como Ciudadanos y UPyD, o las corrientes regeneracionistas que pueda haber en el PP y el PSOE…   AQUÍ Y AHORA, LOS PARTIDOS SON EL PROBLEMA   Su ingenua recomendación final, olvida que los más celebrados slogans socialistas, como “Cien años de honradez” o “Por el cambio”, ya fueron cruelmente transgredidos por el correspondiente aparato partidista. Y que la propuesta regeneracionista de José María Aznar previa a su acceso al poder, cayó en el olvido en cuanto llegó a La Moncloa, en el que siguió incluso cuando gobernó con mayoría absoluta en la VII Legislatura…   Y no digamos nada de las reformas políticas prometidas por Rajoy (dejemos las económicas aparte por su manifiesta incapacidad para comprender la materia), que más que incumplidas están siendo orientadas exactamente en sentido contrario al que figuraba en su programa electoral (ahí están, sin ir más lejos, los beneficios carcelarios y políticos en favor de ETA, la plena politización del Poder Judicial, la consolidación de la España asimétrica, las golferías del ‘caso Gürtel-Bárcenas’…). Es decir, pura carcoma partidista sembrada a mansalva, con premeditación, nocturnidad y alevosía…   Lamentablemente, no podemos asumir la propuesta final de Ignacio Gómez de Liaño, cuyos considerandos previos merecen toda nuestra consideración. Porque, llegados a la situación crítica en la que estamos, es del todo evidente que los partidos políticos de aquí y de ahora no son la solución, sino más bien el problema.   Hoy, los partidos (el sistema partitocrático) carecen de cualquier capacidad reformista y, menos aún, de auto regeneración; porque, en sí mismos, son la carcoma que corroe el Estado, el motor de toda la corrupción política (que un Parlamento democrático y una Justicia independiente tendrían que haber cortado de raíz) y, peor aún, la fuente de la creciente degeneración y disolución nacional. Buscan -y casi lo han alcanzado- el poder absoluto, el que corrompe absolutamente según el dictum del historiador británico Lord Acton (“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”), por lo que pedirles o esperar de ellos la reconducción de nuestra degenerada democracia es una falacia, es decir una falsedad en daño ajeno.   Aristóteles advirtió tempranamente que el poder excita la ambición y aumenta las pretensiones. Y André Maurois (seudónimo del novelista y ensayista Émile Herzog, 1885-1967) recordó también, como han hecho otros muchos intelectuales a lo largo de la historia, que el poder absoluto desencadena en el hombre sus peores instintos.   Dejemos de confiar ya en el actual sistema ‘absolutista’ de partidos políticos (la imparable carcoma del Estado), que incluso están acabando con las organizaciones de representación social, unas por contaminación política, como los sindicatos y las organizaciones empresariales, y otras por vaciado o aniquilación, como los colegios profesionales, las sociedades científicas, las asociaciones civiles... y hasta las propias Fuerzas Armadas (en las que el ascenso está politizado a partir del empleo de teniente coronel o capitán de fragata). Y apóyense con la mayor fuerza posible y en espera de tiempos mejores los movimientos sociales y ciudadanos, que son el último baluarte de la España soberana y del Estado democrático.   En una expresión genuina de soberbia política, Manuel Fraga se inventó aquello de “¡La calle es mía!”. Pero era una falsedad, porque, al fin y a la postre, es de los ciudadanos y un territorio en el que siempre podrán ganar a los políticos: ahí están la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza Tahrir de El Cairo o la de Taksim de Estambul…

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