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El título de esta Newsletter coincide con el de la versión española de una magnífica película dirigida por Sydney Pollack que en 1969 fue objeto de nueve nominaciones para los Oscars de la Academy Awards estadounidense (Gig Youngob tuvo el de mejor actor de reparto), consiguiendo también el premio del National Board of Review al mejor drama cinematográfico. Su título original era “They shoot horses, don’t they?” (¿Acaso no matan a los caballos?), el mismo de la novela de Horace McCoy que la inspiró.

La historia se desarrolla en Estados Unidos, en plena época de la Gran Depresión (años 30). En medio de un ambiente de terrible miseria, se montan espectáculos para que parejas de toda condición social bailen de forma continuada, día y noche, con pausas mínimas sólo para reponer fuerzas, bebiendo y comiendo gratis. Ganaba la pareja que resistía más tiempo bailando en la pista, que era premiada con 1.500 dólares de plata.

Gloria (Jane Fonda) y Robert (Michael Sarrazin) se conocen en una de esas maratón del baile y, estando ambos sin recursos siquiera para alimentarse, deciden concursar formando pareja. Durante el tiempo que aguanten, al menos podrán comer y, si ganan, sobrevivirán con el dinero del premio. Mientras los concursantes fuerzan los límites de su resistencia física y psíquica, danzando y danzando sin parar,  una multitud morbosa se divierte contemplando su sufrimiento ininterrumpido durante días…

LA MÚSICA Y EL BAILE SE REPITEN

La relación asociativa de “Danzad, danzad, malditos” con lo que ahora está sucediendo en Europa, y particularmente en España, no es gratuita. El crack de 1929 fue el detonante de una crisis económica que tuvo alcance mundial, al igual que lo está teniendo la crisis actual, básicamente crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados (no es necesario considerar otros antecedentes más remotos), que eclosionó entre 2007 y 2008, también en Estados Unidos.

A una inflación global ha sucedido el fenómeno opuesto: una deflación también global, es decir una caída generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios. Ello derivó en una primera guerra de divisas y, de inmediato, en una consecuente guerra comercial extensiva, fenómeno idéntico al iniciado entre Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz de la quiebra financiera de 1929, que también acentuaría y retrasaría la recuperación económica general.

Como consecuencia directa de esa descomposición de los mercados, en 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que se había alcanzado un máximo histórico de 205 millones de desempleados en todo el mundo.

Pero, a pesar de lo sucedido en Estados Unidos desde el comienzo de la crisis, agravada en septiembre de 2008 con la bancarrota de diversas entidades financieras vinculadas al mercado de las hipotecas inmobiliarias, lo que obligó a inyectar en el sistema financiero cientos de miles de millones de dólares del tesoro público hasta alcanzar el techo de la deuda soberana en el verano de 2011, Europa jugó al pasotismo funcionarial del “aquí me las den todas”.

Ni el Banco Central Europeo (BCE) ni la propia Comisión Europea (CE) se mostraron interesados en atajar la situación, tomando las primeras medidas con retraso y básicamente en el terreno de la austeridad presupuestaria, conteniendo el gasto público y limitando la capacidad crediticia y, por tanto, limitando el acceso de consumidores y productores a la financiación. El consumo, que es el único motor de la producción, y el binomio conjunto de consumo/producción que es el motor de la economía, se gripaban, con todas sus consecuencias.

Dada la naturaleza global del actual sistema económico, su contracción se expandió rápidamente por diversos países europeos, provocando daños realmente graves. En el primer trimestre de 2008, Dinamarca entraba en recesión (seis meses consecutivos de decrecimiento económico) y, a continuación, en el segundo trimestre, el conjunto de la economía de la eurozona se contraía en un -0,2 por 100, con Alemania (-0,5 por 100) y Francia (-0,3 por 100) a la cabeza. España evitaba momentáneamente esa misma contracción, pero incrementaba el desempleo de forma implosiva.

LOS DESAFINADOS ACENTOS ESPAÑOLES

De hecho, de los 205 millones de desempleados contabilizados por la OIT en 2011 (máximo histórico), al final de ese año nada más y nada menos que 5.639.500 eran españoles, es decir el 2,75 por 100 del total, aunque la población de España no llegue a representar el 0,7 de la mundial.

Claro está que, en nuestro país, la crisis tiene acentos propios bien distintivos, al margen del “ladrillazo” y del artero manejo político-financiero de las cajas de ahorros.

Sin ir más lejos, el primero de esos acentos peculiares fue el del esperpéntico “tancredismo” del gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero, que hasta junio de 2009, cuando se creó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), con una exigua dotación de 9.000 millones de euros, negó la crisis por activa y por pasiva. Una medida absolutamente tardía, posterior ya al escándalo de CCM (Caja Castilla La Mancha), intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, y claramente insuficiente, que sólo en febrero de 2011 se continuó con un Real Decreto levemente endurecedor de los requisitos de recapitalización exigidos a las entidades bancarias.

El segundo acento, también de auténtica “pandereta nacional”, ha sido el de la desbordante vaguería del presidente Rajoy para imponer a galope tendido y sable en ristre, como debería haber impuesto, todos los recortes y reformas estructurales exigidas por la dramática situación de la economía española. Sobre todo disponiendo del clarísimo mandato de mayoría parlamentaria absoluta que le otorgaron los electores el 20 de noviembre de 2011, de inequívoco significado político.

Quizás, las presidencias del gobierno español estén en efecto predestinadas cada vez más a políticos incapaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, como Mariano Rajoy; o capaces de fumarse unos cuantos puros al día sin apenas inmutarse ante los desastres más desastrosos, como Mariano Rajoy; o a indecisos prácticos que, afirmando con insistencia saber lo que tienen que hacer, ni lo explican ni lo hacen, como Mariano Rajoy...

Se ha hecho muy poco, muy tarde y, en consecuencia, muy mal; con un rumbo en la gobernación de la crisis que sigue en la misma deriva. Por eso, mientras otros países europeos andan bastante más relajados de lo que pueda parecer frente a la eventualidad del “pánico total” (unos porque hicieron bien sus deberes ante la crisis, otros porque disponen de un plan B de supervivencia, dentro o fuera de la Eurozona o de la Unión Europea, y otros porque tienen asumida su condición de “perroflautas” europeos), en España nos toca de lleno eso del “danzad, danzad, malditos”. Un baile realmente exculpatorio, sin posibilidad de descanso hasta purgar todos nuestros pecados, que ciertamente son graves y cometidos en muchos frentes.

El pecado original, es decir el causal de todos los demás, es el del mal entendimiento de la política y del servicio público, en clara confusión con el “servirse de lo público”. Una actitud deplorable, hoy por hoy acreditada y palpable en las más altas instituciones del Estado (la Corona, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…) y en la vida ciudadana cotidiana: por ejemplo, en la concesión y recepción de subvenciones públicas bastardas, en el ejercicio de la economía sumergida, en los ERE fraudulentos, en la prevaricación y el cohecho administrativo, en la falsedad de la representación sindical... Y el otro gran pecado, que no deja de ser consecuencia directa del uso espurio de la política, es la gran mentira del Estado de las Autonomías.

EL PROBLEMÁTICO LASTRE DEL JUEGO AUTONÓMICO

Comentando en la anterior Newsletter los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual (la danza maldita que vamos a tener que bailar hasta la extenuación), todavía encubiertos en el debate político, advertíamos:

La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

El pasado 10 de abril, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ya expuso al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, la urgente conveniencia de reconducir a la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia. Con ello, le marcaba un verdadero cambio de rumbo, desgraciadamente desoído, para atajar el desmadre económico de “carta a los Reyes Magos” al que tan alegremente se ha llegado con la irresponsabilidad política de unos y otros, en orden por supuesto a la normalización del Estado en términos organizativos y  presupuestarios.

A continuación, dos reconocidos medios informativos extranjeros The Guardian (16/04/2012) y The Wall Street Journal (17/04/2012), advertían que alguna Comunidad Autónoma, podría ser intervenida por el Gobierno central a muy corto plazo. Una posibilidad que finalmente fue abortada de forma artificiosa mediante anticipos contables, aunque sin duda tendrá nuevas ediciones…

Pero, con todo tipo de resistencias, esa exigencia reformadora cuenta cada vez con más adeptos. Día a día, aumentan las voces documentadas que advierten sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una que no deja de reiterarse periódicamente en lo dicho, es la del catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, quien en un expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (El Mundo 19/04/2012) sostenía que, más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”

Otra voz autorizada, la del catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid Roberto Centeno, sostiene la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su acertada “Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías”, publicada en esta misma web, ha tenido una extraordinaria difusión en la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía que se muestra cada vez más encrespada por los desmanes y la falta de lealtad de la clase política, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretende representar.

El profesor Centeno se lo ha contado con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores:

(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…

(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…

(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…

(…) Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión de la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta. 

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un recorrido inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, porque no parece que los actuales dirigentes políticos quieran apearse de la agotada burra autonómica, ni suprimir los incontables pesebres donde alimentan a la canalla partidista, salvo contadas excepciones que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso los hay que quieren más y más de lo mismo.

Otros, situados todavía algo más abajo en la escala de la racionalidad política y social, como los ultra nacionalistas vascos y catalanes, sin duda provincianos y acomplejados, incluso presumen de incumplir la legalidad constitucional, rechazan sólo porque sí cualquier tipo de política nacional, imponen inmersiones lingüísticas extemporáneas, amenazan con celebrar referéndums independentistas y practican la patochada política allí donde tienen la menor ocasión… Por supuesto, sin pensar que tarde o temprano terminarán encontrando la verdadera horma de su zapato.

De momento, la lucha contra la actual crisis político-financiera se está encauzando, por si alguien no lo sabe, en términos de “más euro” y “más Europa”, es decir “menos España” y “menos autonomías”. Y, a pesar del respiro que pueda dar a nuestra crisis particular el “rescate financiero” concedido al Gobierno español por sus socios del Eurogrupo, quienes seguirán marcando los pasos, los tiempos y la letra de esa “danza maldita” en la que todos estamos inmersos, serán los mercados, pese a quien pese.

No conviene dudarlo: los mercados (no los políticos) pagan la orquesta y, en consecuencia, eligen la partitura. Por eso, como sigamos tonteando con el derroche presupuestario, condicionado por el lastre de las autonomías, volverán a golpear con fuerza y de forma inmediata sobre nuestra deuda soberana.

A POR EL SEGUNDO RESCATE, YA

 De hecho, a pesar de que Rajoy y Rubalcaba hayan vendido como un gran éxito político la chafarrinada del “rescate financiero”, sin que conozcamos siquiera las condiciones impuestas por el prestamista (que sin duda serán de tener en cuenta), los bonos de la deuda soberana a diez años siguen cotizándose con un insostenible tipo de interés superior al 7 por 100. 

 Pero es que, además, el déficit público ya ha alcanzado, solo en los cinco primeros meses del año, los 36.364 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cifra equivalente al 3,41 por 100 del PIB, con lo que bordea el objetivo de desequilibrio fiscal para el 2012, establecido en el 3,5 por 100 del PIB, rebasando casi en un punto porcentual el registrado en el mismo periodo del año pasado, que ascendía al 2,59 por 100 del PIB… 

 Paréntesis: Al día de la fecha, las Administraciones Públicas ocupan nada más y nada menos que a 3.104.100 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del total de puestos de trabajo, detraídos de la economía productiva. A pesar de la normalización de los procesos administrativos y de los avances tecnológicos introducidos en el sistema, que lógicamente deberían haber generado una mayor productividad funcionarial, dicha plantilla registró en los últimos diez años un aumento de 440.000 personas. 

 En esta dinámica política y económica de auténtica ruina nacional, hay que añadir, por supuesto, las demoledoras e insalvables cifras del desempleo; la fuga acelerada de capital extranjero (y nacional), con un reflejo claro sobre las inversiones en deuda del Estado; el sobrecosto del sistema político; el continuo desprestigio de las instituciones del Estado… En fin, toda una serie de circunstancias negativas que, sin querer ser agoreros, vemos que conducen de forma inevitable al colapso de la financiación pública y a un segundo rescate, con consecuencias mucho más dramáticas que el primero. 

 Dice la secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla – La Mancha, María Dolores de Cospedal, que el hecho de que el dinero del “rescate financiero” vaya a la banca es cosa de Perogrullo (ya veremos si antes pasa o no por el Estado y si, como afirma Rajoy, el crédito se recibe sin condiciones macroeconómicas). Lo que sin duda va a ser de Perogrullo es el segundo rescate que España tendrá que solicitar más pronto que tarde, si las cosas siguen yendo como van: incremento indomable del déficit público, intereses disparados para financiar la deuda soberana, caída de los ingresos públicos, aumento en espiral del déficit, quiebra económica del país… 

 Al margen de cualquier pose política, la realidad es que, acorralado por los hechos, el propio presidente Rajoy vomitaba en los pasillos de la cumbre del Eurogrupo celebrada esta misma semana en Bruselas: “O lo solucionamos o el lunes nos sacan del despacho”. En paralelo, Luis de Guindos, su ministro de Economía y Competitividad (lo de “competitividad” debe ser una broma), reconocía que el segundo semestre del año sería catastrófico para el déficit público, porque, cifras son cifras, la recesión continúa, el consumo familiar disminuye y el paro se mantiene con cifras insoportables…

Al respecto de esta dinámica, que nos avoca a un segundo rescate de forma irremediable e inminente, en nuestra anterior Newsletter ya advertíamos también que una emergencia como esa tendría un efecto liquidador del Estado de las Autonomías:

La gestión del rescate español en una eventual segunda fase de “rescate total”, más allá del estricto ámbito financiero, posibilidad hoy por hoy más que latente, sería el momento en el que el artificio de las Comunidades Autónomas tendría que saltar por los aires. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir una reforma radical de la organización política y administrativa de España, con la obligada modificación de la Carta Magna…

Mientras la aproximación de esa debacle económica y social sigue su curso, en el plano institucional también se sigue haciendo lo imposible para no evitarla. El tardío acuerdo entre Rajoy y Rubalcaba para cubrir vacantes y renovar los órganos de gobierno de la “tarta institucional” (Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Junta Electoral Central), no ha deparado la menor sorpresa política: PP y PSOE han prescindido otra vez de los profesionales independientes más capacitados para cubrir los cargos disponibles y se han repartido (esto para ti, esto para mi) hasta la paja de los pesebres.

A los demás siempre nos quedará “la roja”. Y “Danzad, danzad, malditos…”
 

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