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La Unidad Militar de Emergencia (UME) se creó en octubre de 2005, con más celeridad que reflexión debido a la controversia sobrevenida en ese año por los trágicos incendios forestales de Guadalajara (superados con mucho por las hectáreas ya quemadas en 2012), y dentro de lo que, en aquellos momentos, fue un “nuevo estilo” de Fuerzas Armadas impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero. El modelo, con la UME abriendo brecha, fue bastante polémico dentro y fuera de la institución militar, aunque tras ocho años de gobierno socialista imponiéndolo a machamartillo (ahí está el caso de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar que sólo aplauden sus autores), y sin que el PP mostrara jamás el mínimo interés por reconducirlo, se ha consolidado de forma irreversible.

Es evidente que, acomodadas al estilo político del país y sintonizadas con el conformismo de su sistema institucional, las Fuerzas Armadas son lo que son y, según la dinámica actual, de momento no podrán ser cosa mejor, aunque si peor.Claro está que esta afirmación depende de lo que cada uno entienda por “mejor” y “peor” en el ámbito de la defensa nacional, un concepto que en el caso del pusilánime presidente Rajoy parece coincidir de forma lamentable con el defendido por su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero.

En su origen, la UME generó no pocas críticas públicas, con origen muy diverso y lanzadas por voces técnicas e independientes más que desde la política (quizás fueron desoídas por su estricta naturaleza social o porque las generadas en el ámbito militar no se transmitieron con suficiente decisión), pero prácticamente unánimes en la expresión de su rechazo.

Ante ellas, algunos portavoces socialistas declararon que la utilidad de la UME“ se vería con el tiempo”, sabiendo sin duda lo que en este país supone la política de hechos consumados, es decir dando por hecho que “a lo hecho, pecho”. Otros, advirtiendo con algo más de realismo que el invento no funcionaría, propugnaron cierta misericordia política con la UME mediante la prédica de que todas las objeciones que soportaba “tanto las razonables como las artificiosas, cederán en función de la eficacia demostrada”, pero sin previsión alguna frente a la posibilidad de que aquella dudosa “eficacia” se mostrara inexistente.

EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO NO FUNCIONA

Pero ni aquel portavoz socialista ni ningún otro político responsable en la materia, se han molestado en hacer un balance técnico de la eficacia general del actual “modelo de lucha contra los incendios forestales” (que es la emergencia más habitual y dramática). Ni tampoco un balance objetivo en su particular relación con la UME.

Las estadísticas sobre intervenciones, capacidades y medios disponibles, los comunicados propagandistas y hasta las exhibiciones en paradas militares… son otra cosa. Lo mismo que algunas agradecidas manifestaciones públicas de políticos locales, interesadas en la correspondiente declaración de “zona catastrófica” potestativa del Gobierno o, incluso, las críticas vecinales a veces vertidas “en caliente” contra la propia UME con doloroso reflejo en los medios informativos (Zaragoza en 2009, La Gomera en 2012…).

Lo cierto es que, efectivamente, el tiempo está siendo testigo inexorable del mal funcionamiento del actual sistema de lucha contra los incendios forestales, que es cosa algo distinta del estricto funcionamiento de la UME, aunque ambos estén interrelacionados. De hecho, lo confirmado en el tiempo, se quiera o no se quiera reconocer, es que cuando éstos se producen, toda intervención terrestre no inmediata y sin base en un conocimiento profundo del imprevisible territorio afectado, deja de ser sustancial para limitarse por desgracia a “acotar” la tragedia; es decir, para “vigilar, controlar y después refrescar” lo que en la práctica, casi habitualmente irremediable, ya tenga que arder de acuerdo con las condiciones climatológicas y topográficas.

En el verano de 2009, con la UME en pleno funcionamiento, ya se confirmó algo tan previsible como que con su protocolo de activación y su capacidad real de “respuesta terrestre” ante la singularidad de un incendio forestal fuera de campo, es, más o menos, como querer apagarlo con agua de borrajas. La “respuesta aérea” suma otro tipo de esfuerzos y tiene capítulo aparte, puesto que la prestan el 43 Grupo del Ejército del Aire y el Batallón de Emergencias de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra; aunque también cabría discutir si disponen de medios adecuados suficientes y bases de despegue bien posicionadas estratégicamente.

Sólo en los siete primeros meses de aquel año, al 31 de julio de 2009, ya habían ardido más de 75.000 hectáreas, prácticamente el doble que en el mismo periodo de los dos años precedentes. Aquel fue, entonces, todo un record (excluido el verano negro de 2005), que al final del año se situaría en las 120.000 hectáreas quemadas, nivel muy superior al de los dos anteriores (86.000 en el año 2007 y 50.000 en 2008), bienio con menor siniestralidad sobre el que además se podría argumentar curiosamente cierta falta de adiestramiento de la UME o que sus plantillas todavía no estuvieran cubiertas en su totalidad…

El fracaso de su intervención en el fuego que afectó aquel mismo verano al campo de maniobras de San Gregorio, llegó a mover una airada iniciativa de los vecinos de Tauste (Zaragoza), y de otros afincados en la comarca de las Cinco Villas, manifestándose sonoramente en contra de su tardía actuación y por los errores de despliegue cometidos durante su extinción. Baste señalar al respecto que los medios civiles de extinción, en este caso de apoyo inmediato a la UME por tratarse de terrenos militares, estuvieron esperando durante cinco largas horas hasta que se les autorizó a entrar en la zona que estaban siendo pasto de las llamas para intentar sofocarlas.

La polémica suscitada este verano en torno al apoyo “nacional” recibido en el incendio de La Gomera, con airadas acusaciones entre las autoridades autonómicas y estatales, es fiel reflejo de que el sistema de protección civil, confundido con medios y dependencias de distintos niveles (municipal, provincial o insular, autonómico y nacional), en los que se entremezclan cuerpos locales de policía y bomberos, guardias civiles, brigadas forestales, la UME, los medios aéreos…, es un auténtico caos al menos en su aplicación a los incendios forestales. Miembros de la propia UME que han vivido presencialmente el incendio de los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, quedaron asombrados, quizás por su condición militar, del esperpento organizativo con el que funcionaban el conjunto de los medios desplegados y los reproches cruzados entre los correspondientes responsables civiles…

EL TIEMPO DE RESPUESTA EFICAZ, INALCANZABLE PARA LA UME

Y más o menos así, cada verano se ha venido demostrado que la aportación de la UME (ya en plena madurez funcional) al sistema general de protección civil en su función de “apaga-fuegos”,casi siempre es (y seguramente seguirá siéndolo) subsidiaria y tardía y, en consecuencia, poco eficiente a pesar de la disciplina y buena voluntad con la que se acompañe. Para corroborar esta afirmación, baste recordar que los expertos en detección y extinción de incendios forestales, valoran el tiempo de llegada de la primer ayuda desde la señal de alerta (capacidad de respuesta) en tramos de cinco minutos y hasta un máximo de dos horas, a partir del cual consideran que no ha existido “llegada”, centrándose ésta entre 15/30 minutos para más de un tercio de los casos y entre 10/45 minutos para más de la mitad: plazos en los que por razón de protocolo la UME ni siquiera ha podido ser requerida por la autoridad competente, con los tiempos de desplazamiento aparte…

Por supuesto que todo esto no significa menoscabo alguno de la UME ni de los miembros que la integran, que como soldados de España cumplen fielmente las órdenes que reciben, ajenos al mal diseño del sistema en el que están integrados. Es más, cuando dicha unidad ha tenido una baja mortal en acto de servicio, ha sabido rendirle los honores merecidos (caso del cabo primero Alberto Guisado fallecido el pasado 4 de agosto en la Sierra de Gata), frente a lo que de forma lamentable no se suele hacer en los cuerpos de bomberos ni en las brigadas de lucha contra incendios forestales dependientes de la Administración Civil.

A mayor abundamiento, en relación con la eficacia demostrada por las Fuerzas Armadas en las campañas de prevención/extinción de los incendios forestales, merece especial consideración, por ejemplo, la “Operación Centinela Gallego” dispuesta desde el año 2007 en la Xunta de Galicia con medios in situ del Ejército de Tierra (BRILAT) y de la Armada (Tercio Norte de Infantería de Marina), ajenos a la UME, con éxito notable en sus misiones de mantener presencia disuasoria, vigilar las zonas asignadas, proporcionar información temprana a los servicios de extinción de incendios y notificar incidentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. O la disposición de los medios del Mando de Ingenieros de la Fuerza Terrestre, y en su caso los de la Fuerza Logística Operativa, situados en zona, que, aun siendo lamentablemente escasos, siempre que fueron requeridos se han activado de forma inmediata, desde antes de que existiera la UME…

Si se analiza el emplazamiento básico de las unidades operativas de la UME, situadas únicamente en cinco puntos del país (los dos mini destacamentos canarios son irrelevantes), se puede comprender su absoluta incapacidad para llegar en el tiempo conveniente (entre 10/45 minutos) al foco de los incendios forestales desperdigados por toda la geografía española (incluida la insular), y normalmente en zonas de difícil acceso. Situar los cinco Batallones de Intervención de Emergencias (BIEM) en Madrid (Torrejón de Ardoz), Sevilla (Morón de la Frontera), Valencia (Bétera), Zaragoza y León (San Andrés de Rabanedo), y acuartelar además en Madrid el Regimiento de Apoyo a Emergencias (RAEM), con zonas de incendios habituales a más de 400/500 kilómetros de distancia (Canarias y Baleares aparte) parece a todas luces poco razonable.

De hecho, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), que son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios forestales pero insuficiente y desproporcionado en relación con la UME, tienen el doble de bases operativas que esta unidad militar (diez frente a cinco) y mucho más próximas a las zonas de mayor riesgo. 

Sin entrar en otras valoraciones sobre el escaso sentido que tiene la UME dentro de las Fuerzas Armadas, y al margen de que sustraiga de forma permanente para misiones no militares nada menos que 4.361 efectivos de su ya escasa plantilla, lo evidente es que su dedicación específica y exclusiva es de naturaleza civil, desvinculada de la defensa nacional. Por tanto, el debate sobre su conveniencia y funcionamiento trasciende incluso el estricto ámbito técnico-militar, ofreciendo una perspectiva de cohesión y coordinación con el conjunto del entramado civil complicada, además de que el protocolo de activación de la UME, con origen en las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, añada burocracia y tiempos muertos sin duda contradictorios con lo requerido por la propia “emergencia”.

Para empezar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 (apartados 1, 2 y 3) lo siguiente:

1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.

2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asigne.

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda.

Todo ello con independencia de que esa misma norma establezca también la composición y funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil (artículo 17) y las Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas (artículo 18).

Con ese antecedente legal y organizativo, los recursos y funciones que se han asignado a la UME se deberían haber orientado con bastante mejor criterio precisamente hacia ese “sistema integrado de protección civil”, cuya superior autoridad ostenta el Ministerio del Interior a tenor del artículo 16 de la norma citada. O de forma más específica a la misma Guardia Civil, que ya dispone de competencias en la protección del medio ambiente y de unidades especializadas vinculables a situaciones de catástrofe o emergencia. Incluso a un posible Cuerpo Nacional de Bomberos, como apoyo a los que ya existen localmente.

Porque, si como en su momento manifestó algún ministro de Defensa socialista en relación precisa con la UME, “en España la red de protección civil es muy débil”, lo correcto es reforzarla o, en su caso, reorganizarla en vez de diluirla todavía más multiplicando los organismos y recursos afectos. Otro de los males palpables en el nefasto Estado de las Autonomías, cuando se confunde la proximidad en la prestación del servicio público con la dispersión de su gestión en niveles de máxima ineficacia.

Y si lo que se pretendía era modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, aumentando su capacidad de apoyo a la red de protección civil, todo lo que comporta la UME en medios materiales y humanos se podía haber canalizado sin más al Cuerpo de Ingenieros y a los regimientos apropiados, que, como establece la ley, han sido colaboradores tradicionales con todos los organismos civiles implicados en este tipo de actividades.

El pasado 7 de agosto, coincidiendo con el avance de los incendios forestales veraniegos (que ya anunciaban un nuevo record de hectáreas quemadas situado al día de la fecha en más de 180.000) y con el lamentable fallecimiento en acto de servicio de un miembro de la UME ya citado, el teniente general Pitarch publicaba en su blog (accesible desde esta misma web) un artículo titulado “UME: necesaria y útil”. Nadie niega ese reconocimiento ni la conclusión de su artículo sobre la aceptación y el apoyo que merecen y necesitan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, ni, por supuesto, su afirmación final, plenamente compartida: “En último término, el futuro de las FAS está irremediablemente encadenado a la percepción que la sociedad española tenga de la utilidad de los Ejércitos”.

Pero el general Pitarch también sabe que una unidad operativa y útil (o útil como dice por ser plenamente operativa), puede estar integrada en un ejército o en un sistema superior en sí mismo inoperante y, por tanto, quedar convertida de forma automática en un lujoso derroche que, además, limita la aplicación de medios en otros ámbitos o escenarios no menos sustanciales.

Lo que pasa es que el “sistema” de la lucha contra incendios forestales, y en general el de protección civil, requiere ser “repensado”, como tantas otras cosas del Estado de las Autonomías. Dentro de esa necesidad, bien evidenciada este verano, una defensa a ultranza de la UME basada en su condición militar y en su plena operatividad (que son valores positivos y reconocidos), no viene al caso, porque el sistema en el que se integra, el modelo operativo, no funciona, ni va a funcionar en el futuro si no se reforma con la necesaria inteligencia y humildad política.

El pasado 16 de agosto, en “El Confidencial Digital” se recogían una serie de panegíricos sobre la UME que serán muy de agradecer por ella misma, pero que sólo conducen, como sucede con otras muchas declaraciones y loas “políticamente correctas”, a sostener el nefasto “más de lo mismo” y el lamentable dicho castellano del “mantenella y no enmendalla”. Veamos sólo los titulares bajo los que se afirmaban cosas tan curiosas como que “las fuentes consultadas añaden que, si alguna vez Rajoy y el PP tuvieron dudas, ahora se han convertido en ‘auténticos fans’ de la UME”:

“El futuro de la Unidad Militar de Emergencias, garantizado. El Gobierno del PP apuesta a tope por la UME, como quedó demostrado con los elogios de Rajoy y Arias Cañete”.

“Si la Guardia Civil fue el 'descubrimiento' de los socialistas cuando llegaron al Gobierno en 1982, y entonces cambiaron de raíz el concepto que tenían sobre la Benemérita, el del Partido Popular ha sido la Unidad Militar de Emergencia. Con ello, su futuro ha quedado definitivamente asegurado”.

Las fuentes informativas inespecíficas a las que alude “El Confidencial Digital” no pueden ser otras que la propia UME, en directo o de forma derivada y, como se puede comprobar en el propio medio, quedaron chasqueadas con los comentarios remitidos por los lectores, ciertamente bochornosos para la unidad. Su entusiasmo propagandístico es bien comprensible, pero distorsiona la realidad y, sobre todo, entorpece una reflexión sensata sobre el tema: cada cual puede interpretar el patriotismo y la lealtad a las Fuerzas Armadas como quiera, pero con tanta autocomplacencia luego no cabe lamentarse de que las cosas vayan como van.

Al margen de las justas críticas que merece la política “zapaterista” en el ámbito de la defensa, y del incomprensible “seguidismo” que le presta el presidente Rajoy (en buena medida políticamente suicida), al menos los titulares del MAGRAMA, Miguel Arias Cañete, de Defensa, Pedro Morenés, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, deberían tomarse más en serio los incendios forestales y concertar un sistema de protección civil bastante más razonable y razonado que el actual, con la UME dónde y cómo realmente convenga. De lo contrario, cada verano de cada legislatura tendremos “más de lo mismo”, con sus montes arrasados por el fuego como, por la misma desidia e incompetencia políticas (no parece necesario utilizar adjetivos más fuertes), se arrasaron las cajas de ahorros.

Al timorato Gobierno que preside Mariano Rajoy, hay que recordarle que el lanzamiento del actual sistema de Protección Civil, realizado durante la Transición por el ministro del Interior, Juan José Rosón, fue especialmente aplaudido por el conjunto de la sociedad española. Y también una de las causas principales para que aquel ministro centrista todavía sea, hoy por hoy, el mejor valorado públicamente entre todos los del ramo.

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