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Quienes en algún momento de su existencia se hayan sentido seriamente interesados por participar de forma activa en la vida pública, seguro que conocen la máxima aristotélica de que “la política no es el conocimiento, sino la acción”.

Muy posiblemente, también sabrán que, sin contradecir para nada la sabia afirmación del filósofo “estagirita”, transcurridos más de dos milenios, Lin Yutang, autor de la memorable novela histórica titulada “Un momento en Pekín”, matizaba que “la acción sin la cordura es siempre desastrosa”.

Lo que ha sucedido en relación con los principios y fundamentos más elementales de la política, es que, quienes vienen gobernando España en los últimos tiempos, no parecen muy impuestos en la “ética de las virtudes” proclamada también por el mismo Aristóteles. En el ejercicio de sus funciones, han llegado a confundir la “templanza” (la equidistancia entre el libertinaje y la insensibilidad, o la moderación frente a los placeres y las penalidades) con la displicencia; la “valentía” (que es el punto medio entre el miedo y la temeridad) con la osadía, y la “generosidad” (a caballo entre el uso y la posesión de los bienes) con la prodigalidad (que es su exceso) y la avaricia (que es su defecto)…

Sin necesidad de profundizar más en los aspectos filosóficos de la política, que no dejan de ser los de la propia vida, está claro que su “comprensión”, y en consecuencia la “praxis” aneja, han venido decayendo a lo largo de la pos-transición hasta conformar, primero, el “fenómeno Zapatero”, expresión de la inmadurez política total, y, después, el “fenómeno Rajoy”, en el que lo precautorio ha dado paso al “deshojador de margaritas”. El primero, llegó, y se fue, como un devastador político “nonato” o “nonada”; el segundo no pasa, de momento, de ser un presidente pusilánime encantado de gobernar al compás de aquel rancio cuplé del “Fumando espero…”.

Estando las cosas como están, a Rajoy se le han acabado ya el periodo de “gracia política” y la excusa de la “herencia recibida”. Ahora, su compromiso  como presidente del Gobierno y del partido que le sustenta, es total y, lamentablemente, con su mayoría parlamentaria absoluta (un verdadero “cheque en blanco” histórico y quizás irrepetible para cambiar el errante rumbo de la política española) desperdiciada. De hecho, comienza a dar “talla cero” de estadista, es decir la de quien se encuentra mezquinamente interesado en las elecciones del día (andaluzas, vascas, gallegas… o legislativas), más que por la próxima generación de españoles y el futuro histórico de España.

PERDER EL NORTE DE LA POLÍTICA

Uno de los aciertos más importantes del ex presidente Adolfo Suárez, hacedor junto a otros políticos coetáneos (realistas, esforzados y honestos en su diversidad ideológica) del nuevo régimen democrático, sin duda “imperfecto” en algunas de sus formulaciones (como la autonómica), pero ahora enquistado en su peor expresión de “partidocracia demagógica” (sinónimo de la corrupción democrática), es el recogido en su justificación de la acción legislativa: “Hacer normal a nivel de Gobierno lo que es normal a nivel de calle”.

La cita se justifica en razón de las reformas necesarias durante aquellos delicados momentos del cambio de régimen (básicamente desde 1975 a 1979). Pero sería necesario recuperarla y vigorizarla, para que la actual clase dirigente, y en especial el dubitativo Gobierno de Mariano Rajoy, se reorientara hacia el norte perdido de la política nacional. La “normalidad” organizativa y funcional de la vida pública que hoy exige la ciudadanía de forma clamorosa, no es, en modo alguno, la que sostiene contumazmente el Gobierno del PP, que fue claramente votado para satisfacer esa demanda social prioritaria, sin mayores méritos al caso.

Los lapsus y errores por defecto de la acción de gobierno se pueden resolver, aunque sea de forma tardía y con daños asumibles (“nunca es tarde si la dicha es buena”), pero las demasías, los errores por excesos políticos, son mucho más perniciosas y difíciles de solventar, porque sus nefastas consecuencias se evidencian a medio y largo plazo, cuando el mal esta consolidado y ya es irreversible. Y esos alegres excesos volcados en el Estado de las Autonomías son los que han introducido a España en el túnel de la autodestrucción: antes que origen de la crisis, el “ladrillazo” fue una consecuencia sintomática de los excesos conceptuales del modelo político; lo mismo que el desastre de las cajas de ahorro o la entronización del terrorismo etarra en las instituciones políticas de la democracia y la debilitación del Estado por cuenta de los nacionalismos “históricos”…

La cuestión de fondo es que el desentendimiento político de las demandas sociales no partidistas para reconducir el Estado de las Autonomías, su enroque frente a las reformas estructurales e institucionales que, hoy por hoy, está exigiendo la llamada “opinión informada” del país (incluyendo a todos los intelectuales y analistas independientes), conduce de forma inexorable al desencanto y la alienación social.

Lo mejor, lo más preparado y lo más pujante de la sociedad española (profesionales liberales, empresarios, artistas e intelectuales, la juventud más emprendedora…), está huyendo masivamente de España, sólo porque una incompetente y minoritaria “casta política” se ha ido adueñado de ella, malversando sus esencias históricas y castrando a la sociedad civil, que es su verdadero soporte, con la silente complicidad y complacencia de las más altas magistraturas del Estado. Los que se quedan son los parásitos de la política y sus partidos, el aparato funcionarial encastrado en el sistema de forma irreversible, los no emancipados, los jubilados y las bases laborales que, por desgracia, no tienen medios suficientes para huir de la quema…

Ya veremos qué es lo que sucede en este país si llega a explotar la olla social que aguanta a presión el contubernio autonómico, las amenazas independentistas, el soberanismo, la política identitaria, la bilateralidad, los conciertos económicos y las continuadas “exigencias” de los “salteadores nacionalistas” (primos hermanos de los “salteadores de las cajas de ahorro”)… y quienes, entonces, defienden a los culpables del desastre. Y también veremos lo que pueda ir quedando de la Monarquía Parlamentaria después del 21-O, tras la infiltración etarra en la política democrática, porque sabido es que en España “nunca pasa nada”… hasta que pasa.

En este orden reflexivo, no nos resistimos a entresacar esta sabia consideración del artículo de opinión “Rojo y Negro” publicado por Nicolás Redondo en “El País” (19/09/2012): “Sigo pensando que el mayor problema no son los nacionalistas, el problema somos nosotros, nuestra incapacidad para enfrentarnos racionalmente a los envites del nacionalismo. Su comportamiento envalentonado tiene mucho que ver con nuestra debilidad, mejor dicho, con la debilidad institucional del Estado…”.

LA “MISIVA” DEL REY JUAN CARLOS CONTRA EL SEPARATISMO

Se titula asépticamente “...Carta de S. M. el Rey...” y está publicada en la web de la Casa Real (de renovado diseño) con fecha 18 de septiembre de 2012, en una nueva práctica informativa que el propio monarca ha enmarcado acertadamente “dentro del esfuerzo que venimos realizando para mejorar la comunicación de la Corona con todos los españoles, con criterios de transparencia, rigor e innovación”. 

En realidad, esta misiva regia constituye un “toque de atención” en relación con las amenazas secesionistas exacerbadas el pasado 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada (Fiesta Nacional de Cataluña). Un asunto muy delicado que, con seguridad, apunta también hacia lo que pueda pasar a tenor de los resultados que se registren en las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el próximo 21 de octubre.

El contenido de la Carta de Su Majestad supone, a nuestro entender, un acierto extraordinario, tanto en su fondo como en su forma:

No soy el primero y con seguridad no seré el último entre los españoles que piensa que en la difícil coyuntura económica, política y también social que atravesamos es imprescindible que interioricemos dos cosas fundamentales.

La primera es que solo superaremos  las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez. Estamos en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar. En estas circunstancias, lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas. No son estos tiempos buenos para escudriñar en las esencias ni para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo de convivencia. Son, por el contrario, los más adecuados para la acción decidida y conjunta de la sociedad, a todos los niveles, en defensa del modelo democrático y social que entre todos hemos elegido.

La segunda es que, desde la unión y la concordia, hemos de recuperar y reforzar los valores que han destacado en las mejores etapas de nuestra compleja historia y que brillaron en particular en nuestra Transición Democrática: el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, el imperativo ético, el sacrificio de los intereses particulares en aras del interés general, la renuncia a la verdad en exclusiva.

Son esos los valores de una sociedad sana y viva, la sociedad que queremos ser y en la que queremos estar para superar entre todos las dificultades que hoy vivimos.

Se trata de un mensaje impecable y situado dentro de los límites de la prudencia, y también de la exigencia, que corresponden al Jefe del Estado. Otra cosa es lo que incumbe decir y hacer al Gobierno, que ostenta el Poder Ejecutivo de la Nación, modulando a su mejor entender el nivel de expresividad y, en todo caso, comprometiendo su futuro electoral, que es variable.

Claro está que, ante la oportuna pregunta que el pasado miércoles 19 de septiembre la portavoz de UPyD, Rosa Díez, formuló al presidente del Gobierno en el congreso de los Diputados sobre la situación en Cataluña, en la que advertía que “la democracia está para defender los derechos de todos”, la contestación de Rajoy no dejó de ser contundente: “La respuesta está en la Constitución y en las leyes. Me he comprometido a jurar y hacer guardar la Constitución, y así lo haré“. No podía ser de otra forma; pero ya se sabe que una cosa es lo que el interpelado dice y otra lo que hace, como ha sucedido en el caso de la excarcelación de etarras y en el de las reformas pendientes, estructurales e institucionales.

Su esperado encuentro “aclaratorio” con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, celebrado el día siguiente, el jueves 20, ha sido, como cabía esperar, “diletante”, avocando por tanto la tragedia autonómica al continuo “más de lo mismo” y al “aquí me las den todas” que tanto se critica en esta web. La posición “políticamente correcta” exhibida al respecto por muchos comentaristas, situados en lo personal bajo mínimos intelectuales y sin capacidad analítica real, es todavía más repudiable y un reflejo indeleble de la descomposición política nacional, que, como es lógico, se encuentra plenamente instalada también en el ámbito informativo.

Todos sabemos por donde respira la clase política del momento, asentada cómodamente en el nefasto Estado de las Autonomías, y, en particular, Mariano Rajoy, el “deshojador de margaritas”. Con su gorro españolista de “quita y pon”, tampoco deja de alentar desde la trastienda del PP el actual embate electoral del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que defendió en TVE (“El Debate de La 1” 20/09/2012) el “autogobierno” pero prácticamente sólo para los tres falsas "autonomías históricas” (Galicia, Cataluña y País Vasco) con “estatuto aprobado” [se entiende que antes de aprobarse la vigente Constitución Española]: todo un trile político bien significativo de con quiénes nos estamos jugando los cuartos.

El historicismo de pacotilla al que se refiere Feijóo, y que Rajoy parece compartir, es el del “Proyecto de Estatuto de Galicia” (que nunca llegó a ser “Estatuto”) plebiscitado el 28 de junio de 1936 en los estertores de la II República, mediante un referéndum caciquil que sus propios promotores calificaron de “santo pucherazo”. Proyecto que, al margen de que en el fondo fuera de “chicha y nabo”, nunca llegó a ser aprobado por las Cortes Españolas debido al estallido de la guerra civil (sólo sería aceptado a trámite parlamentario nada menos que en febrero de 1938, de forma simbólica y sin más continuidad).

Ahora, y por las “razones históricas” ciertamente inexistentes aducidas por Núñez Feijóo, los populares gallegos quieren negar a los demás españoles (salvo a vascos y catalanes) lo que ellos no llegaron a conseguir en aquella desastrosa etapa política republicana, por cierto presidida por el coruñés Santiago Casares Quiroga (promotor de aquel inédito Estatuto y cuya torpeza personal le impidió enterarse de la tragedia política y social que iba a eclosionar bajo su mandato). Exclusividad de uso y disfrute, en la que, además, ya se han incorporado todas las competencias saqueadas al Estado en la actual Monarquía Parlamentaria; es decir, mordiendo la mano de los mismos españoles que en un exceso de generosidad les regalaron la vía autonómica “rápida” que ahora se ponen de montera.

Curioso, pues, el doble papel de héroes o villanos que, según les convenga electoralmente (en casa o fuera de casa), juegan los “gallegos” del PP, expertos como nadie en Oficios de Tinieblas. ¡Mal camino para acabar con el patio de monipodio en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías!

EL “REBUFO” DE ESPERANZA AGUIRRE

Mucho se ha dicho y escrito esta semana sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y de su renuncia al escaño de diputada en la Asamblea Regional, es decir de su finiquito político, en su mayor parte desenfocado, cuando no gratuito o meramente anecdótico.

Poniendo por delante nuestro respeto personal hacia Esperanza Aguirre, plenamente merecido, el análisis político de su dimisión merece alguna puntualización. Lejos de responder al conjunto de factores esgrimidos con medida emotividad al hacerla pública (exigencias de dimensión familiar y, acaso, del descanso necesario para reponerse de una dura enfermedad que afortunadamente no la ha podido doblegar), la realidad es que la decisión tomada ha sido una consecuencia directa de sus continuos enfrentamientos con Rajoy, llevados al límite tras un largo listado de propuestas de acción política rechazadas de forma sistemática por el presidente del Gobierno.

Los llamados “versos sueltos” de Esperanza Aguirre han abarcado desde la legalización de la prostitución hasta “una revisión a fondo”“plantearse por qué existe un tribunal [el Constitucional] lleno de políticos que se hacen jueces y no lo son”, proponiendo que “sea una sala más del Supremo”. También ha instado infructuosamente, por ejemplo, a cambiar la normativa sobre el derecho de huelga para “evitar que los representantes de los trabajadores puedan colapsar una ciudad y tomar a los ciudadanos por rehenes” o a cribar la representación de diputados regionales de 129 a 65, siendo la primera dirigente regional que redujo el sueldo de sus altos cargos (un 10 por 100) y de los empleados públicos (un 3 por 100)… del Estado de las Autonomías para devolver al Gobierno central competencias de sanidad, justicia y educación; pasando por

Mala cosa esta de segarle la yerba a Esperanza Aguirre, porque, dentro del PP, y también en la proyección nacional de su política, su llaneza era el contrapunto obligado al solapamiento de Mariano Rajoy, dicho sea sin el menor ánimo ofensivo. Además, y al margen de cómo se salden sus diferencias personales, los rencores de la política tendrán consecuencias vengativas sangrientas, inherentes a la tradicional práctica cainita de la derecha española.

Tremenda ha sido la “bronca de Esperanza y Mariano” del pasado 4 de septiembre en el cuartel general del PP (Génova 13), cuyo elevadísimo tono la hicieron inocultable y, en algunos aspectos bochornosa. Discutiendo la empecinada locura de Eurovegas (alimentada por intereses económicos personales no confesos de los que podremos hablar en otra ocasión), se terminaron lanzando a la cabeza con ánimo de descalabro todos los trastos que tenían a mano, entre ellos el del “espionaje madrileño”, archiconocido, y el del “chalecito del Canal”, una propiedad del Canal de Isabel II situada en Manzanares el Real a orillas del pantano de Santillana, conocida también como “La Casita de la Pradera”.

Según ha desvelado “Diarioelagujón.com”, esta propiedad del Canal de Isabel II, que durante muchos años funcionó como residencia y centro de formación para sus empleados, fue reformada incorporando todas las comodidades de un hotel de lujo cuando Alberto Ruíz-Gallardón era presidente de la CAM. Hasta aquí poco que objetar; pero el diario digital, que se apoya para ello en la fuente de un “ex consejero del PP en la Comunidad de Madrid y ahora alejado de la órbita de Esperanza Aguirre”, añade que, tratándose de un lugar de descanso, para lo que más se usa actualmente es para “fiestas particulares de algunos consejeros en puentes y fines de semana y se sabe que se han organizado hasta orgías”.

Ni corto ni perezoso, el citado medio informativo, que a tenor de todo lo que publica sobre la dimisión de Esperanza Aguirre y sus diferencias con Rajoy, dispone de sabrosa información interna del PP, puntualiza: “Tras la reforma, y según nos confirman fuentes del Canal consultadas por El Aguijón, el palacete fue utilizado por Alberto Ruíz Gallardón como lugar de descanso, principalmente en fines de semana. Durante algún tiempo se rumoreó que era el lugar en el que Gallardón pasaba algunos fines de semana con Montserrat Corulla, la abogada con el que se la relacionó sentimentalmente e imputada en el Caso Malaya y cuya foto en un debate contra Gallardón fue esgrimida por el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián”.

Además, en la misma noticia puede leerse que la fuente informativa del PP que tan cariñosamente lanza lo de las “orgías”, añade: “Preguntar por las fiestecitas que organizaba en ‘el chalecito’ con sus amigos ‘La Juani’ y otros que ahora son consejeros”. Por su parte, el medio dice haber logrado saber que este es el nombre despectivo en el que en ambientes del PP más crítico con el grupo próximo a Esperanza Aguirre se denomina a Juan Soler, actual alcalde de Getafe y diputado autonómico del PP desde 1987…

¿Ven nuestros lectores por qué hablamos tan a menudo de la “tradicional práctica cainita de la derecha española”? Pues por eso.

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