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En nuestra anterior Newsletter comentábamos la perniciosa emulación que Mariano Rajoy estaba haciendo del “zapaterismo”, utilizando para sostener nuestra opinión algunos ejemplos de su actitud y comportamientos políticos que evidencian el torpe seguidismo de las “ocurrencias” más proverbiales y polémicas de Rodríguez Zapatero, suficientes al respecto.

Sin embargo, dentro de esa denuncia “imitativa”, algunos de nuestros lectores habituales han echado en falta unos comentarios más extensos sobre al desastre que supone la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en cuya tramitación parlamentaria ya quedó patente la plena identificación de Mariano Rajoy (entonces jefe de la oposición) con el presidente Rodríguez Zapatero en un mismo desprecio por las Fuerzas Armadas. Pero, al margen de las muchas torpezas con las que se adorna esta basura normativa “zapateril”, nos han animado a pronunciarnos de forma particular sobre el modelo de enseñanza militar que ha impuesto.

Vaya por delante que, después de que conociéramos por un indiscreto comentario personal de Rajoy el aburrimiento que le producían las paradas militares, cuando en 2011 publicó su libro “En confianza” (Editorial Planeta), pudimos comprobar también que entre sus 255 páginas no hacía otra referencia a las Fuerzas Armadas que la de deslizar sutilmente, en apenas una de ellas, la incomodidad que le produjo prestar el servicio militar obligatorio, cuando ya tenía en el bolsillo nada menos que el título de Registrador de la Propiedad. Igual de curioso es que ninguna de las 75 fotografías con las que se ilustra el libro, cuyo hilo conductor es su propia biografía y carrera política, recoja aquella vivencia militar, ni su presencia en acto castrense alguno.

Dado que la obra en cuestión constituye, en palabras del propio Rajoy, un conjunto de “propuestas y medidas en un gran abanico de políticas” propias de quien aspiraba a convertirse en el próximo presidente del Gobierno, es decir propuestas propagandistas, el hecho de que no incluyera en ellas ni una sola referencia a las Fuerzas Armadas (salvo la retorcida anécdota sobre su particular “mili”), muestra con suma claridad que éste no era, en modo alguno, capítulo de su interés. Como en el caso de ZP, su relación con la Institución Militar ha sido simplemente despreciativa, cuando no destructiva.

EL MALESTAR PATENTE CON LA LEY DE LA CARRERA MILITAR

Luis Alejandre, general de Ejército y antiguo JEME nada proclive al escrito inoportuno o descalificatorio, publicaba el pasado 27 de septiembre en el diario “La Razón” un sensato artículo de opinión titulado “Educación y vocaciones”. En su acertada visión de lo que, hoy por hoy, significa la enseñanza de la profesión militar, recogía dos párrafos bien significativos:

(…) Una lectura no digerida ni adaptada en el tiempo de los decretos de Azaña fue desarrollada por uno de los ideólogos que trajo la ministra Chacón a Defensa, el catedrático Javier García Fernández, nombrado Director General de Enseñanza. En principio puede presentarse como beneficioso el haber planificado que un oficial obtuviese un adicional título de Ingeniero. Pero también tiene connotaciones peligrosas. Imagine el lector que la Facultad de Medicina de la Complutense encargase parte de la formación de sus médicos a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Valencia, con la ventaja de darles un doble título. Algo así está pasando en la formación militar, pero con un fondo más cínico. Se trata de diluir la vocación, de “civilizar” en un sentido peyorativo de la palabra. Sólo el buen hacer de los responsables, sólo la disposición de los profesores de las academias y de algunos universitarios, sólo la vocación de los jóvenes alumnos que eligieron voluntariamente la carrera de las armas, salvan la situación, muy trabada por leyes acordadas sin consenso en el último de los bandazos [del modelo educativo]. Otra vez la misma canción, superada a fuerza de enormes sacrificios personales y de grandes costes para los Ejércitos.

He citado la palabra “vocación” y en ella reside la clave de una buena formación. ¿Por qué duele a ciertos españoles este estímulo moral? ¿Es que nunca la han sentido ellos? ¿A qué corporativismo vocacional tienen miedo? ¿Al de la Iglesia metida en Cáritas o en Manos Unidas? ¿Al de los Ejércitos que cumplen las misiones interiores y exteriores con eficacia? ¿Al de los médicos, una de las profesiones más vocacionales y más  sacrificadas? ¿No saben --o no quieren saber—que un vocacional rinde un 120 por 100 a su sociedad? …

Coincidiendo en todo con lo escrito por el general Alejandre, es necesario, no obstante, ahondar con más crudeza en el fondo de la cuestión.

En primer lugar, conviene aclarar a nuestros lectores, porque ilustra la intencionalidad del modelo de enseñanza militar impuesto en la Ley de la Carrera Militar, que el profesor Javier García Fernández, devenido en director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa de la mano de la ministra Carme Chacón y de su marido y amigo personal de Rodríguez Zapatero, Miguel Barroso, nunca fue experto en organización o programación educativa, civil o militar. Es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante con escasa y poco acreditada dedicación a la enseñanza, dado que con anterioridad a su desembarco en Defensa se entretuvo como subdelegado del Gobierno en Madrid, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda (con la misma Chacón de titular) y durante trece años como colaborador en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y en el de Presidencia durante los gobiernos de Felipe González.

Lo más significado de su biografía profesional en relación con las Fuerzas Armadas, es su admiración por la II República y su personal interés en la llamada “memoria histórica”, legado político prototípico del “zapaterismo”.

Cierto es también que, durante su nefasto paso por el Ministerio de Defensa, García Fernández tuvo tiempo para publicar un libro (editado de bóbilis por el organismo oficial del que era alto cargo) titulado “Veinticinco militares de la República”. Una obra en la que, a nuestro juicio con escaso sustento, defendía la prevalencia profesional de los oficiales que no se sumaron a la rebelión de 1936, frente al “mito” de que no estaban a la altura de los sublevados (en declaraciones públicas del momento sostuvo también que no se podía comparar la represión practicada por el ejército republicano, aunque “en términos actuales” pueda considerarse repugnante, “con la represión sistemática y fría del bando golpista”).

Parece, pues, evidente por donde iban (y están yendo) los tiros reformistas de la enseñanza militar, siendo obligado recordar al respecto la complicidad del PP, y de su jefe de filas Mariano Rajoy, en la tramitación parlamentaria y aprobación del bodrio normativo que realmente es la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. 

EL FONDO REVISIONISTA Y DISOLVENTE DE LA CUESTIÓN

A este respecto, cualquier observador imparcial ha podido comprobar el continuo deterioro registrado en el ámbito de la legislación militar. No sólo en sus formas, que vienen recurriendo a los peores artificios de la técnica legislativa con una insistencia más que preocupante, sino también en el fondo de sus contenidos, desdibujando de forma progresiva el papel de la Institución Militar y el modelo de Defensa Nacional diseñado en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que, siendo por supuesto susceptible de perfección, no dejaba, entre otras cosas, de garantizar con claridad y plenitud las altas funciones definidas al respecto en la Carta Magna.

Prueba de esta divagación política y legislativa en materia tan trascendente, fue la ausencia de consenso en el alumbramiento de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, norma que supuso una alteración sustancial de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reguladora de los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y de su posterior reforma contemplada en la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. Un reordenamiento legal que, entre otras cosas, ya comenzó a desnaturalizar el concepto mismo de Fuerzas Armadas, desdibujando también la figura del Jefe del Estado al reconvertir la antigua Junta de Defensa Nacional en su actual formulación como Consejo de Defensa Nacional, más presidencialista y con una estructuración menos orgánica.

Pero centrados ahora en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, que es una pieza fundamental en la arquitectura de la Defensa Nacional, la primera crítica incuestionable es que, como tal norma básica, además de que modificara otra vez de forma tan radical como innecesaria el modelo de Fuerzas Armadas entonces vigente, no se viera acompañada del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado.

Esta misma prudente exigencia (más que una simple conveniencia), ya había sido obviada por el Ministerio de Defensa que entonces titulaba José Bono en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, por supuesto también con la silente connivencia del PP. Una reiteración indeseable que conculca la propia esencia del Consejo de Estado, expuesta con toda claridad en el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980 que regula su funcionamiento, y que, teniendo como tiene la competencia de velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, siempre mantendrá viva la duda sobre si lo que no se ha querido conocer es precisamente su opinión acerca de ese fondo sustancial de las normas directamente afectas a la Institución Militar.

En paralelo, la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la Carrera Militar se gestó, además, con competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Coalición Canaria (luego retirada por su portavoz al comprobar la connivencia del PP). Es decir, un trámite de puro “tapadillo”  y el debate y la notoriedad política que requieren leyes tan relevantes en la vida nacional.

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria y el interés decreciente que viene mereciendo tan importante materia legislativa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en un mero trámite de los designios ministeriales, alentados por un impulso sin duda más revisionista que modernizador y orientado con una deriva disolvente poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR: GRATUIDAD Y DESENFOQUE LEGAL

Al margen de las apreciaciones “diluyentes” del caso, la reforma del modelo de enseñanza militar, que en realidad constituye la razón más justificativa de la Ley de la Carrera Militar, presenta dos características evidentes: su gratuidad y su desenfoque legal.

Imponer la “obligatoriedad” de que el militar profesional curse dos carreras de forma simultánea, no sólo ignora o minusvalora la dedicación real que requieren su tradicional formación académica y la posterior adquisición de nuevos conocimientos necesarios a efectos de méritos y clasificación. También supone el deterioro de la formación específicamente militar en favor de otros conocimientos de naturaleza civil, innecesarios en el ámbito de las Fuerzas Armadas al margen de propios de sus Cuerpos Comunes y, como señalaba el general Alejandre, ajenos a su “vocación” profesional.

Además, esta absurda duplicidad de títulos universitarios, inédita en toda la Administración Pública, y que siempre se puede facilitar o incentivar por otra vía para quienes la deseen de forma voluntaria (como sucede en el Reino Unido), se pretende desarrollar (todavía de forma estrafalaria) mediante una gratuita y absurda adscripción de la enseñanza militar al sistema educativo general establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Una norma que, de entrada, consagra en su artículo 2 el principio de autonomía universitaria, transfiriendo al ámbito autonómico las correspondientes competencias legales (salvo excepcionalidad muy expresa).

Paréntesis: No deja de sorprender que, frente a la necesidad de que los militares españoles obtengan una doble titulación universitaria, nada se exija en el plano formativo a quienes se presentan como candidatos a los puestos de representación política, de forma que los mismos miembros del Congreso de los Diputados que elaboran y aprueban las leyes españolas pueden ser perfectos analfabetos. Otro tanto sucede con algunos altos cargos del Gobierno, y no digamos con los cargos políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos…

Sin entrar, pues, en el análisis formal y detallado del nuevo modelo de enseñanza militar contenido en la Ley de la Carrera Militar, es evidente que, de entrada, choca frontalmente con el artículo 149.1.4ª de la Constitución Española. En él se establece con meridiana claridad la competencia exclusiva del Estado en materia de Fuerzas Armadas, de la que, como es obvio, su enseñanza es parte consustancial, ya que la condición misma de militar se adquiere justo al ingresar como alumno en un centro docente de esa naturaleza.

Pero con independencia de esta discordancia esencial entre el texto legal en cuestión y lo establecido en la Carta Magna, su incompatibilidad con la realidad normativa y competencial en la que se enmarca el ámbito de las Fuerzas Armadas, queda reflejada también en algunos otros escollos de difícil superación:

* El contenido del artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, garantiza a “todos” los estudiantes derechos en el ámbito universitario que la disciplina militar prohíbe de forma expresa a los miembros de las Fuerzas Armadas, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

* La necesidad de que los centros adscritos se establezcan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma (recogida en el artículo 11.1 de la misma Ley Orgánica de Universidades), hace imposible, por ejemplo, que los alumnos de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) puedan cursar estudios civiles de Ingeniería Aeronáutica, que puestos al caso sería una titulación adecuada para complementar su formación militar, dado que hoy por hoy sólo se imparten en los distritos universitarios de Madrid, Sevilla y Valencia, o en la Universitat Politécnica de Catalunya (Terrassa).

*  La Ley de la Carrera Militar reconoce la obtención de “un título de grado universitario” sin mayor precisión, con lo que el mismo ha de depender de las enseñanzas concretas que impartan las universidades a las que quede adscrito cada centro docente militar, imponiendo así de hecho un principio de desigualdad en la libertad de elección de sus alumnos.

* La utilización de lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito docente de algunas Comunidades Autónomas, y por tanto en los centros docentes militares adscritos a sus universidades, se contradice con la disposición adicional sexta, apartado 1, de la propia norma en cuestión, que fija el empleo único del idioma oficial español en las Fuerzas Armadas…

Considerando tan sólo estos aspectos, parece evidente que el actual  modelo de enseñanza militar, y por tanto de la carrera militar, es de imposible implantación, teniéndose que aplicar malamente a toque de “ordeno y mando”. Pero también es innecesario a efectos de prestigio o acreditación social, porque la enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de militares de carrera ya se reconoció de igual rango que las enseñanzas universitarias y técnica superior nada menos que con la Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre clasificación de las enseñanzas militares.

La realidad es que, tras la adaptación establecida en el Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, que derogó la Ley 97/1966, dicha enseñanza ya se encontraba estructurada en los siguientes grados:

A) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Suboficiales, que se correspondía con la formación profesional de grado superior.

B) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de primer ciclo (diplomados).

C) Enseñanza para la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de segundo ciclo (licenciados).

Además, en la actualidad, la ciencia militar ha alcanzado tal grado de complejidad y dificultad que por sí sola es más que capaz de ocupar con creces los cuatro años que, a partir de ahora, durará la enseñanza de grado universitario. Pretender, entonces, y al margen de la necesaria salvaguarda de la vocación militar, sobrecargar ese esfuerzo de estudios y preparación con otro plan suplementario de enseñanza universitaria de segundo ciclo, equivale a propiciar el fracaso en la innecesaria obtención de dos títulos dispares que irremisiblemente van uno en detrimento del otro.

RAJOY Y MORENÉS SE DESENTIENDEN DEL PROBLEMA

La alternativa para superar con suficientes garantías una adquisición formativa tan amplia, sería extender temporalmente el ciclo formativo, lo que, a su vez, redundaría en el envejecimiento de las bases del primer empleo de los militares de carrera y, consecuentemente, en el conjunto de la oficialidad. Y ello con independencia de que en ningún otro sector del funcionariado se contemple para nada una exigencia de “titulitis” tan pretenciosa como la que ahora se está introduciendo a presión en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Pero es que, además, la última reforma de la enseñanza militar repite una mala experiencia ya sufrida y afortunadamente corregida. Con anterioridad al régimen franquista, al salir de la Academia de Segovia, los oficiales de Artillería y de Ingenieros obtenían también, junto a su despacho de oficiales militares, el título de Ingeniero Industrial. Mantener el prestigio de esos títulos, condujo a que los planes de estudios diesen cada vez más importancia a las técnicas propias de la ingeniería civil, en perjuicio de las materias puramente militares, como la táctica y el tiro. Es posible que entonces algunos oficiales se beneficiaran de su doble titulación, pero más cierto es que fueron muchos los militares vocacionales que, situados ya en empleos superiores, lamentaron que en su formación castrense algunas materias específicas de su profesión se hubieran desplazado al nivel de las asignaturas llamadas “marías”.

Lo procedente sería orientar la enseñanza militar de forma exclusiva a la cada vez más sofisticada formación técnica propia de las Fuerzas Armadas y, una vez completada y adquirida la condición de militar de carrera, ofrecer todas las posibilidades para que el oficial que lo desee obtenga una titulación civil suplementaria. De hecho, no son pocos los militares que desde hace muchos años han logrado esa formación subsiguiente, pero con un notable sacrificio tanto económico como de su tiempo de ocio o descanso personal.

En ese terreno es en el que debería mostrarse la acción positiva del Estado, estableciendo un adecuado sistema de becas y ayudas con facilidades de destinos y computaciones en el baremo para el ascenso. De esta forma se conseguiría complementar “voluntariamente” la formación civil del militar sin perjudicar previamente su preparación castrense.

Desde otro punto de vista, tampoco parece que el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en todas las misiones de proyección internacional que vienen desarrollando durante los últimos años, y que se ha reputado de “magnífico”  a nivel OTAN, requiera una reforma de la enseñanza militar tan controvertida y extemporánea como la impuesta en la Ley de la Carrera Militar.

La triste realidad es que las consecuencias del nuevo del nuevo modelo de Fuerzas Armadas “zapateril”, han llevado a miles de oficiales y suboficiales a presentar recursos por sentirse perjudicados en las nuevas escalas y a que la propia Ley de la Carrera Militar esté pendiente de un fallo del Tribunal Constitucional. Además, la reforma de la enseñanza militar, que ahora obliga a cursar una ingeniería civil al mismo tiempo que se sigue la formación castrense, ha conllevado el descalabro de que los Colegios de Ingenieros no reconozcan los títulos refrendados por el Ministerio de Defensa (al del Ejército del Aire le faltan el 40 por 100 de las materias que se dan en los centros universitarios civiles) y a que los abandonos y suspensos masivos de la primera promoción de la Academia General Militar hayan demostrado la barbaridad del nuevo sistema: un 22 por 100 de los cadetes abandonó la Academia por falta de vocación militar, mientras el 40 por 100 de los que permanecieron tras su ingreso suspendían en las asignaturas de Ingeniería…

A punto de cumplirse un año desde que Mariano Rajoy ganara las elecciones del 20-N con una mayoría parlamentaria absoluta, la Ley de la Carrera Militar y todos los nefastos elementos revisionistas y disolventes que contiene, se siguen consolidando por la inacción del Ministerio de Defensa, con sus máximos responsables interesados sólo en los recortes presupuestarios y en las relaciones con la industria de la defensa. De nada está sirviendo la sustitución del visionario Javier García Fernández al frente de la dirección general de Reclutamiento y Enseñanza Militar por el general Juan Antonio Álvarez Jiménez, un experto conocedor de las necesidades de las Fuerzas Armadas en materia de enseñanza (dirigió la AGM entre junio de 2006 y diciembre de 2009) y que hasta ese momento era director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC).

Porque ¿a qué espera el Gobierno para reconducir la Ley de la Carrera Militar por los cauces del sentido común, de la eficacia, de las necesidades reales de la Defensa Nacional y de la “vocación” profesional de quienes están dispuestos a entregar sus vidas en ese noble servicio público…? ¿Es que el Gobierno del PP va a llegar al canallesco extremo de destrozar las Fuerzas Armadas en línea con los intereses visionarios del “zapaterismo”…?

No queremos concluir esta Newsletter sin satisfacer la petición de un miembro de las Fuerzas Armadas, buen conocedor de lo que acontece en la AGM, de publicar la siguiente “Carta abierta al Ministro de Defensa” y que, al estar sujeto a la disciplina militar, su autor ha tenido que difundir de forma anónima por las redes sociales:

Hacer un Oficial 

Hasta ayer, Javier Garcia Fernández era el Director General de Enseñanza Militar.  

Este señor --catedrático de Derecho Constitucional para más señasfue designado en el cargo para hacer con el Ejército lo que el PSOE ha hecho con el resto de España. 

Fruto del experimento social puesto en marcha por el hipócrita manchego y rematado por la aspirante separatista a jefe de la oposición, hemos visto ponerse en marcha uno de los dislates más grandes que se han hecho en España y que, como todo lo que afecta a los militares, carece de repercusión en la sociedad. Porque en España, es menester admitirlo, lo que le pase o deje de pasar a los militares le importa a todo el mundo un soberbio carajo.

El dislate al que me refiero es el “nuevo modelo” de formación de oficiales que pone en manos de la Universidad de Zaragoza la responsabilidad de sacar promociones de Tenientes del Ejército de Tierra. Algo así como si la Facultad de Medicina de la Complutense pusiese la responsabilidad de hacer médicos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPV. 

En este moderno modelo se obliga a los cadetes a estudiar el Grado de Ingeniero Industrial de Organización Industrial, creando un “Centro Universitario de la Defensa” dependiente de la Universidad de Zaragoza, que imparte ese título con profesores contratados por la Universidad. 

A un profano en la materia le parecerá que formar Ingenieros Industriales en la AGM no es malo. Y en eso estoy de acuerdo, porque malo, lo que se dice malo, no es, pero si lo que queremos es Oficiales del Ejército, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a formar Oficiales del Ejército, que para hacer Ingenieros Industriales ya hay en España prestigiosas escuelas dedicadas a ese concreto menester.

Porque un Oficial del Ejército no es un ingeniero vestido de uniforme; es otra cosa. 

Este sistema que apesta a “civilizar” las Fuerzas Armadas (en una época en la que la sociedad civil debería plantearse seriamente imitarlas), hace que unos señores que no tienen ni idea de lo que es un militar, ni de la formación y los valores que precisa un soldado, se esmeren en formar Ingenieros Industriales aplicando a estos chicos los criterios que habitualmente se aplican en la Universidad.

Pero nuestros cadetes no llevan la vida de un universitario. 

Para empezar, un universitario sale por veinte horas de clase a la semana, teniendo el resto del tiempo para estudiar; los cadetes no. Nuestros cadetes se levantan a las seis y media de la mañana y hasta las cinco o seis de la tarde van con la lengua fuera de una actividad a otra... Por cierto, los sábados por la mañana también tienen actividades militares, de modo que el fin de semana de un cadete empieza el sábado a la hora de comer y termina el domingo por la noche.

En la mayor parte de las carreras, los universitarios cuentan con un día lectivo en el que no van a clase para poder dedicarse al estudio. Nuestros cadetes, si pueden sacar dos o tres horas de estudio al día, se dan con un canto en los dientes. 

Los universitarios no están obligados a mantener una forma física excepcional, dedicando al menos una hora diaria al deporte y unas cuantas horas a la semana a desfilar, o a hacer “marchas topográficas” por el secarral de San Gregorio con treinta kilos de equipo encima. 

Los universitarios no tienen que limpiar sus camaretas y su equipo durante su tiempo libre... A ellos nadie les pasa revista ni les arresta porque sus zapatos no están limpios; ni hacen guardias, cuarteles o imaginarias.

A los universitarios, a partir de primero, les dejan matricularse en las asignaturas que les viene en gana; a los cadetes no... Pongo un ejemplo: si un cadete repite curso porque ha suspendido cinco asignaturas, se le obliga a matricularse de las cinco que ha suspendido y de todas las de segundo curso que hagan falta hasta completar el total máximo de asignaturas estipuladas para un curso, de tal modo que se encuentra en una peor situación que la que estaba en primero.

¿Que importancia tiene esto? Pues muy sencillo, que si tras cuatro convocatorias no apruebas una asignatura, te echan a la calle (en algunas universidades el tope de convocatorias son seis). En la vida civil, cuando un estudiante se atasca con una asignatura y quiere asegurar el aprobado, se matricula de menos asignaturas ese año y le dedica a la asignatura difícil mas tiempo; a nuestros cadetes no se les da esa oportunidad.

Esto se está traduciendo en un enorme numero de suspensos y en unas tasas de repetidores que no se habían visto nunca en la AGM. 

Ahora, a final de curso, veremos como muchachos que llevan dos años dejándose el pellejo para servir a España se tienen que volver a casa porque no han aprobado “Fundamentos de Administración de Empresas”, asignatura que --parece ser-- es imprescindible para mandar una Sección de Operaciones Especiales. 

Y estas cosas ¿porqué las hacen?, se preguntará usted.

Yo se lo explico. Estas cosas se hacen porque cada año tienen que salir por la puerta de las academias militares un centenar de tenientes. En caso de que no se cubra este cupo, podemos encontrarnos con un déficit de capitanes dentro de cinco o seis años y de comandantes dentro de quince. 

Originalmente se pensó en coger un 150 por 100 de aspirantes para asumir las bajas que se pudiesen ir produciendo, pero en la realidad, a día de hoy, la promoción que está en segundo ya no cubre las plazas. Se han producido muchas bajas de chicos que no aguantan el ritmo, ha habido un numero enorme de repetidores, y de éstos, muchos han pedido la baja para no tener que someterse otra vez a semejante despropósito.

Para completar esta promoción que ya es deficitaria, nuestras mentes pensantes han llegado a la solución ideal: convocar plazas al final de la carrera. Es decir, permitir a licenciados por diversas universidades que accedan a la Carrera Militar pasando un año escaso por los Centros de Formación del Ejército.  

Desangramos a nuestros cadetes durante cuatro años haciéndoles estudiar una Ingeniería en condiciones adversas y a los que sobrevivan les ponemos un licenciado en Económicas por la Alfonso X el Sabio de compañero de promoción... ¡Impresionante!. 

Para mas INRI, esa teoría se basa en que un señor que tenga un Grado en Ingeniería --por poner un ejemplo-- va a contemplar con buenos ojos formar parte de una profesión llena de sacrificios, con un sueldo miserable, en la que jugarse la vida forma parte del modus vivendi. 

Ni que decir tiene que a los profesores del Centro Universitario de la Defensa, civiles todos ellos, lo de servir a España con las armas les suena a chino mandarín, y que contemplan a nuestros cadetes con los prejuicios que cualquiera que haya pasado por nuestras universidades suele tener. Y eso se nota en el trato que dispensan a los cadetes; trato que en sus facultades no se atreverían a dar a los alumnos por aquello de que en la universidad el alumno califica al profesor, y porque, en cualquier momento, una docena de universitarios de a pie les pueden montar un numerito de “indignados” al salir de clase y hacerles pasar un mal rato, algo que nuestros disciplinados cadetes nunca van a hacer.

Para muestra baste la anécdota de que este año --por lo visto-- pillaron a un cadete durante el examen de Química de primero con uno de los problemas del examen en su poder (el cadete se había hecho con el problema por un despiste de uno de los profesores de la assignatura: nadie piense que había asaltado el claustro para reventar el ordenador del departamento). Pues bien, la reacción del profesorado fue hacer repetir el examen a toda la promoción, poniéndolo mas difícil que el primero, imagino que para dar un escarmiento. Durante ese segundo examen sólo les faltó cachear a los cadetes al entrar en clase. Las normas que impusieron para evitar el fraude fueron tales que rozaban la indignidad, incapaces, supongo, de sobreponerse a sus prejuicios. Un encanto. 

Aquellos cadetes que tras un año de agotador esfuerzo pidieron la baja por verse incapaces de repetir un curso en estas condiciones, se han encontrado con que en las Escuelas de Ingeniería de otras universidades no les convalidan las asignaturas aprobadas... ¡Esto mejora por momentos! 

Es razonable pensar que estos muchachos ingresaron en la AGM para ser militares, no para ser ingenieros (cabe pensar, asimismo, que cuando terminen su carrera querrán vivir su vocación). ¿Qué sentido tiene darles un título que no van a ejercer...? Porque cuando tras diez años de ejercicio de la profesión militar en unidades de Infantería o Caballería decidan irse a la calle ¿servirá para algo ese título? ¿De verdad piensa alguien que una empresa va a contratar a un Ingeniero que hace diez años  estudió su carrera, y no la ha ejercido nunca?

¿Se han vuelto todos locos? 

Y cuando lleguen a las unidades... ¿estarán capacitados para ejercer su profesión? Porque integrales triples sabrán hacer y de resistencia de materiales sabrán un montón, pero para conducir hombres a una muerte probable ¿tendrán conocimientos...?  

Señor Ministro: Cambie usted esto y hágale un favor a España y a esos cadetes por los que --según parece-- nadie vela.

Quede, por nuestra parte, constancia de que difundimos el mensaje y compartimos su contenido.

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