El despliegue del avión Hércules español en el conflicto de Mali tendrá un coste por trimestre de entre tres y 10 millones de euros, según han informado fuentes militares. Que el resultado final esté en una u otra cifra dependerá del número de vuelos que realice, que puede variar de uno al día a uno semanal.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no ofreció este dato en su comparecencia en el Pleno del Congreso en la que explicó los dos contingentes que España va a enviar a Mali, precisamente con el argumento de que el gasto final de la misión variará en función del número de vuelos que realice el Hércules.

Morenés sí detalló el coste del otro despliegue que el Ministerio de Defensa realizará en el país africano, los 50 instructores que entrenarán al ejército de Mali, que ascenderá a 3,8 millones de euros durante los 15 meses que, en principio, durará la misión.

El Hércules español se encuentra desde el pasado 26 de enero desplegado en el aeropuerto de Dakar-Ouakam, en Senegal, donde ha instalado su base de operaciones. El contingente lo forman 50 militares, entre las tripulaciones, los elementos de apoyo al despliegue, el mantenimiento del avión y la gestión de las operaciones.

Su cometido es apoyar la intervención que Francia está desarrollando en Mali, transportando tropas africanas y francesas y material desde los países limítrofes hasta Bamako, la capital maliense. Con la liberación de las ciudades del norte del país estarán también operativos varios aeropuertos, especialmente el de Tombuctú, que se podrían convertir en un nuevo destino de los vuelos.

La aeronave española ya ha realizado varias misiones y está previsto que, de momento, el despliegue se prolongue durante tres meses, por lo que en principio el coste no superaría los 10 millones de euros. Pero si la misión dura lo previsto, 15 meses, el coste sería de unos 50 millones de euros.

Ahora falta que se produzca el envío del medio centenar de instructores, que se desplegarán dentro de una misión de entrenamiento organizada por la UE. El objetivo era que la operación se pusiera en marcha este mismo mes de febrero, pero las diferencias entre los socios comunitarios están retrasando los plazos. El principal escollo es qué país o países aportarán la fuerza de protección necesaria; Francia ha solicitado que lo asuman otras naciones, pero hasta ahora ni España ni ningún otro Estado miembro de la UE ha respondido de forma afirmativa.