Como se sugería en nuestra Newsletter editada el pasado 26 de marzo, la desaparición de la controvertida Unidad Militar de Emergencias (UME), parece inevitable. Al menos, eso se deduce del plan de “racionalización orgánica” del Ministerio de Defensa que, según el diario “La Gaceta” (05/04/2012), ya circula por algunas unidades militares, aunque no se especifique su origen exacto.

Ahora, el documento en cuestión plantea la necesidad de “distribuir el material [de la UME] en las Unidades de la Fuerza incrementando su capacidad para actuaciones de apoyo local o de zona”. En realidad, ese traslado de medios materiales conlleva de forma implícita la “eliminación” de la UME y la reincorporando de su plantilla a otras unidades y destinos militares, con la amortización de empleos que proceda, sobre todo a nivel de jefes y oficiales generales.

Un capricho presidencial sin el menor respaldo técnico ni político

La UME nació bajo el auspicio directo de Rodríguez Zapatero tras los graves incendios forestales del verano de 2005, diseñada y dimensionada por el órgano central de la Defensa a medida de su “ocurrencia” personal, desoyendo al estamento militar (incluido el JEME). Apoyada con un derroche presupuestario sin precedentes y primando económicamente a su plantilla, en su origen llegó a desestabilizar las unidades operativas, muchos de cuyos mandos más preparados se apresuraron a solicitar cambio de destino para cubrir las plazas mejor retribuidas de la UME.

Creada por dos acuerdos del Consejo de Ministros como una “unidad para intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional en casos de catástrofe, grave riesgo u otras necesidades públicas” (de forma extraparlamentaria), las Cortes Generales no llegaron a conocer nunca, ni siquiera como órgano de control del Gobierno, las verdaderas razones de su propia creación. De hecho, las funciones extraordinariasdeclaradas de la UME ya venían siendo desempañadastradicionalmente por las Fuerzas Armadas (en especial por el Arma de Ingenieros).

Tampoco se ha despejado jamás, ni dentro ni fuera del Parlamento,la aparente discordancia de la UME con la naturaleza específica de las Fuerzas Armadas y sus misiones constitucionales concretas (salvadas las funciones que de forma circunstancial también les atribuye el artículo 15, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional). Y menos aún con la red de Protección Civil y con la división de competencias afectas a la Administración Central del Estado y a las Comunidades Autónomas.

Sin entrar en otras valoraciones sobre el poco sentido que tiene la UME dentro de las Fuerzas Armadas, y al margen de que sustraiga de forma permanente para misiones no militares nada menos que 4.361 efectivos de su ya escasa plantilla, es evidente que su misión específica y exclusiva es de naturaleza civil, desvinculada de la Defensa Nacional. Por tanto, el debate sobre su conveniencia y funcionamiento trasciende incluso el estricto ámbito técnico-militar, ofreciendo una complicada perspectiva de cohesión y coordinación con el conjunto del entramado civil políticamente mucho más abierta.

Para empezar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 (apartados 1, 2 y 3) lo siguiente:

1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.

2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asigne.

3. la colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda.

Todo ello con independencia de que esa misma norma establezca también la composición y funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil (artículo 17) y las distintas Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas (artículo 18).

Un sistema de Protección Civil “débil”

En todo caso, con ese antecedente legal y organizativo, los recursos y funciones asignados a la UME se tendrían que haber orientado con mejor criterio precisamente hacia ese sistema integrado de Protección Civil, cuya superior autoridad ostenta el Ministerio del Interior a tenor del artículo 16 de la norma citada. O de forma más específica a la misma Guardia Civil, que ya dispone de competencias en la protección del medio ambiente y de unidades especializadas vinculables a situaciones de catástrofe o emergencia. Incluso a un posible Cuerpo de Bomberos de ámbito nacional, como apoyo a los que ya existen localmente.

Porque, si como en su momento manifestó algún ministro socialista, “en España la red de protección civil es muy débil”, lo correcto es reforzarla, o en su caso reorganizarla, y no diluirla todavía más, dispersando los organismos y recursos afectos.

Y si lo que se pretendía era modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, aumentando su capacidad de apoyo a la red de protección civil, todo lo que comporta la UME en medios materiales y humanos se podía haber canalizado, sin más, al actual Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y a los regimientos apropiados, que, como establece la ley, han sido colaboradores tradicionales con todos los organismos civiles cuando se han producido catástrofes o necesidades públicas extraordinarias.