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La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece en su disposición final décima un plazo de seis meses para constituir el “Observatorio de la vida militar”, cuya creación ya se había instado en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, todavía mucho más relevante.

El PP consensuó con el PSOE la creación de dicho Observatorio como órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas, según establece el artículo 53.1 de la citada LO 9/2011. A continuación, el apartado 2 del mismo artículo señala literalmente: “El Ministerio de Defensa proporcionará la sede y el apoyo administrativo necesario para el funcionamiento del Observatorio, que contará con un órgano de trabajo permanente”.

Sobrepasado con creces el plazo para la puesta en funcionamiento del “Observatorio de la vida militar” (desde el 27 de enero), el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no muestra la menor intención de asumir el mandato específico del Congreso de los Diputados, al parecer más preocupado por atender los pagos pendientes con las empresas armamentísticas que en resolver las cuestiones que bajo su responsabilidad afectan a los militares españoles en el plano humano y profesional.

Por otra parte, como partido “ideador” del Observatorio, el PSOE estudia poner en cuestión la atención del ministro Morenés sobre el factor humano de la Defensa con una pregunta parlamentaria ad hoc. También se considera la posibilidad de presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a cumplir el mandato de las Cortes Generales, iniciativa que contaría con el apoyo de otros grupos parlamentarios.

El artículo 55.1 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que el Observatorio esté compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas”. Además, “su nombramiento se efectuará por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años”.

Según lo establecido legalmente, el acuerdo parlamentario para nombrar a los miembros del Observatorio no es fácil, ya que requiere necesariamente el consenso mínimo de tres grupos parlamentarios en cada una de las Cámaras. Otras dos circunstancias que dificultan el encontrar candidatos del nivel exigido, son el hecho de que los miembros del Observatorio no podrán mantener cargos electos de representación política y que su pertenencia al mismo no será retribuida.

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