Libros Recomendados


Desde que el 31 de octubre de 2011, el diario “Cinco Días” reveló que la compañía Instalaza había decidido acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno una indemnización de 40 millones de euros en concepto de “daño emergente y lucro cesante”, derivada de la prohibición del uso, el desarrollo, la fabricación, la adquisición y el almacenamiento de “bombas de racimo” en España, consumada en el Tratado de Oslo (diciembre de 2008), la opinión pública ha reaccionado de forma muy agresiva, especialmente en los foros sociales de Internet, poniendo en evidencia al ministro de Defensa, Pedro Morenés.

La correlación que existe entre Morenés, la compañía Instalaza (fabricante de ese tipo de “bombas de racimo” que en su catálogo han figurado como granadas de mortero MAT-120), y la reclamación económica en cuestión, justifica el hecho de que la biografía oficial del actual ministro de Defensa “olvidase” incluir cualquier referencia sobre este importante hito profesional. Sin embargo, si que se reconocieron su condición de presidente ejecutivo para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA y la de presidente de Segur Ibérica, una solvente empresa de seguridad que, entre otros importantes contratos, presta servicios de seguridad a bordo de los atuneros españoles que faenan en el Índico bajo amenazas piratas.

La posición de Morenés ha quedado en entredicho por haber sido miembro del Consejo de Administración de Instalaza entre 2005 y 2007. Después, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ocupó el puesto de representante en el mismo Consejo por cuenta de una filial(Boguillas S. L.) hasta el 4 de octubre de 2011, fecha en la que ya se muñía su posible nombramiento como ministro de Defensa en un eventual gobierno presidido por Mariano Rajoy. Ello supone una implicación muy directa en todo el proceso de la reclamación realizada por Instalaza, primero ante el Ministerio de Presidencia en julio de 2009 (desestimado en septiembre de 2011) y después ante los tribunales de justicia.

Instalaza, que tenía como cliente de referencia para las granadas MAT-120 al propio Ministerio de Defensa y estaba oficialmente autorizada para exportarlas, quiere que se le indemnice por los contratos de venta que tenía suscritos con países como Libia o Finlandia, que dejaron de tener validez tras firmar el Gobierno español la moratoria unilateral de forma un tanto anticipada (en julio de 2008), y también que se le compense por las existencias acumuladas y el gasto de I+D invertido en las “bombas de racimo” cuando estaban legalizadas.

Además, la compañía era la única que en esos momentos fabricaba en España esa polémica arma de efectos indiscriminados, circunstancia de sobra conocida por las autoridades españolas. Dato que desmonta la tesis oficial de que la medida adoptada no iba destinada a una empresa en concreto, sino que tenía carácter genérico y que, por tanto, las limitaciones o prohibiciones que imponía son extensibles a todas las empresas, “apreciando unas necesidades de interés general”, según el detalle ofrecido por el Gobierno a la diputada Laia Ortiz (GIP), que había cursado pregunta escrita sobre este asunto el pasado mes de enero.

Ahora, el Gobierno ha manifestado que no tiene ninguna intención de indemnizar a Instalaza (“Cinco Días” 27/04/2012), entre otras cosas porque esa decisión ya fue tomada por el anterior Ejecutivo. Pero la cuestión es que, a partir de ahí, y llevada la reclamación al ámbito judicial, puede haber sentencia favorable a la parte reclamante, dándose entonces en el ministro Morenés una doble y controvertida condición: por un lado actor interesado en la reclamación inicial y, en su caso, miembro del Gobierno obligado a satisfacerla.

¿Conocía Mariano Rajoy está situación antes de nombrar a Pedro Morenés ministro de Defensa…? Para empezar, esto es lo primero que se debería aclarar.

CANAL

 

elespiadigital.com
La información más inteligente

El Tiempo por Meteoblue