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Cerca de medio centenar de robos con violencia y al menos 30 detenciones. Es el balance de delitos cometidos a manos de menores extranjeros no acompañados (menas) en el interior de la Casa de Campo, entre el mes de enero y la primera semana de junio, a excepción del periodo de confinamiento. Es decir, la criminalidad registrada en el mayor pulmón verde de Madrid no abarca el tramo comprendido desde el 14 de marzo –día en que se declaró el estado de alarma– hasta mediados de mayo, donde la problemática señalada quedó reducida a valores ínfimos. A ello se suma una decena de hechos delictivos denunciados dentro del que fuera el albergue juvenil Richard Schirrmann, convertido desde enero de 2019 en un recurso habitacional de emergencia para acoger a estos adolescentes.

Fuentes policiales consultadas por ABC apuntan a una veintena de jóvenes conflictivos, todos ellos de origen magrebí, asentados tanto dentro como fuera del centro. La delincuencia en la zona, que alcanzó su mayor pico a comienzos del presente mes, ha provocado un efecto llamada con grupos de personas –la mayoría antiguos internos de este y otros recursos– desplazados hasta el enclave para acampar en los aledaños y tratar a diario con parte de los actuales residentes. La pasada semana, operarios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid retiraron colchones y demás enseres encontrados entre la maleza.

Este hecho, añaden las mismas fuentes, se enlaza con anteriores actuaciones llevadas a cabo por la Policía en algunos de los restaurantes abandonados del denominado Paseo de la Restauración. A lo largo del último invierno, los agentes descubrieron a varias de estas personas pernoctando en este punto, lo que derivó en un incremento de la vigilancia para evitar tal circunstancia. Ahora, con la llegada del calor y, sobre todo, del fin del aislamiento, la controvertida situación se ha recrudecido en las inmediaciones de las estaciones de Metro de Batán, Casa de Campo, Alto de Extremadura y Lago, así como en el propio parque.

Precisamente, el «efecto frontera» entre los distritos de Latina y Moncloa-Aravaca, en el acceso de Batán, añade mayor dificultad al problema. Se da la coincidencia de que los delitos cometidos más allá del paseo de la Venta, en dirección sur, se enmarcan dentro de Latina, mientras que los acaecidos en la parte más cercana a la estación de Metro y el interior de la Casa de Campo entran dentro del perímetro de Moncloa-Aravaca. Ello supone que el número de infracciones sea mayor al medio centenar contabilizado solo en el extenso parque; si bien la mayor posibilidad de escapatoria hacia esta zona implica un descenso de hechos delictivos a medida que el área verde queda más alejada. Al otro extremo, la Policía también marca en rojo el entorno de la Cuesta de San Vicente, en este caso, perteneciente al distrito de Centro.

De la treintena de detenidos en lo que va de año, cinco son reincidentes, ostentando uno de ellos el dudoso «récord» de haber sido arrestado hasta en más de cuatro ocasiones. Con todo, cabe recordar que el recurso asistencial presenta 66 plazas –ocupadas en su totalidad–, por lo que el porcentaje de residentes conflictivos se sitúa por debajo de un tercio, si se tiene en cuenta que varios de los apresados no están acogidos en el centro.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, de quien depende el espacio, desglosan a este diario el total de empleados (88) que allí trabajan, repartidos por funciones: 1 director , 2 subdirectores, 4 coordinadores, 23 educadores, 13 mediadores, 16 técnicos auxiliares educativos, 2 trabajadores sociales, 2 maestros, 2 monitores de taller, 2 monitores de ocio y tiempo libre, 1 médico, 5 auxiliares de control educativo, 2 enfermeros, 8 auxiliares de servicios generales limpieza y cocina, 3 vigilantes de día y 2 de noche. La escalada de robos y agresiones, sin embargo, no ha supuesto un aumento del personal de seguridad privada desplegado en el recinto.

El actual trance saltó al plano mediático el pasado 7 de junio, cuando la Policía Nacional arrestó a nueve menores por apedrear a varios vecinos que intentaron ayudar a una mujer a la que, previamente, habían robado los mismos agresores. Dos personas sufrieron brechas en la cabeza, que precisaron de puntos de sutura. Uno de los apresados es menor de 14 años y, por tanto, inimputable. Tal es el grado de desesperación que los moradores de las zonas afectadas piden recuperar el antiguo albergue y ya trabajan para llevar a cabo una manifestación en las próximas fechas.

Tres de cada cuatro menores arrestados en Madrid son menas

El número actual de delitos cometidos por menores en la región de Madrid ha revelado una significativa estadística acerca de los menores extranjeros no acompañados: tres de cada cuatro detenidos que pasan por las dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid (Grume) son menas. Así lo recoge el Sindicato Unificado de Policía (SUP), después de recopilar los últimos atestados relacionados con esta casuística.

Respecto a las infracciones más realizadas, los agentes señalan los de «orden patrimonial» y los que «mayor alarma social general»: robos con violencia e intimidación, entre los que se incluyen los tirones de bolsos, el empleo de armas blancas o la técnica del «mataleón»; y, en menor medida, los robos en vehículos y las agresiones a educadores y entre los propios menores.

El informe remarca el empeoramiento de la situación cuando los autores de estos hechos cumplen los 18 años, momento en que dejan de estar «bajo la tutela de las instituciones públicas y pasan más tiempo en la calle, lo que produce mayor desarraigo y aumento de las oportunidades para cometer delitos». Añaden, además, que el porcentaje de estos menores conflictivos se sitúa entre el 15 y el 20% del total.

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