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El lunes 9 de julio se iniciaba otra semana trepidante en el dramático tiovivo de la crisis española, situando la prima de riesgo de la deuda soberana en los 574 puntos básicos y la rentabilidad de los bonos a diez años por encima del 7 por 100, muy distanciada del 6,10 por 100 que marcó el bono italiano y no digamos del 2,42 por 100 del francés.

Era un día crucial en el que la autoridad monetaria y los responsables de Economía y Finanzas de la Eurozona deberían aprobar por unanimidad, como hicieron, el “rescate” del sistema financiero español y sus condiciones, acuerdo que, puesto en negro sobre blanco por el ECOFIN, se rubricará formalmente en una nueva reunión del Eurogrupo prevista para el próximo 20 de julio. En esencia, la primera clave del asunto era precisamente la condicionalidad del rescate, concluida con la imposición de 32 obligaciones financieras y fiscales (y también macroeconómicas), que, como habíamos anticipado, han terminado conformando una “intervención” en toda regla.

DEL “RESCATE FINANCIERO” AL “RESCATE/INTERVENCIÓN”

Lo primero a tener en cuenta es que se define como un “rescate del sector bancario”, pero con garantías públicas, yendo por tanto más allá de lo que se podría considerar como una mera “ayuda de mercado”. Lo segundo es que la condicionalidad del rescate es “transversal”, afectando por supuesto a los bancos beneficiarios, pero también al conjunto del sector bancario y, más importante todavía, al conjunto de la economía.

Para confirmar que el rescate en cuestión conlleva una “intervención” de la economía española por parte de las autoridades europeas, baste leer el artículo 29 y siguientes del Memorandum of Understandingon Financial-Sector Policy Conditionality (MoU), que,en definitiva, es el habitual contrato del préstamo (adjunto en su versión original).Otra cosa distinta es que el Gobierno oculte, niegue o tergiverse esta situación, como ha ocultado, negado o tergiversado otras muchas cosas en el contexto de la crisis.

Las estipulaciones del rescate en cuestión, derivaban automáticamente en un primer paquete de 35 medidas gubernamentales drásticas y urgentes, anunciadas por Rajoy en el Congreso de los Diputados el inmediato miércoles 11 de julio, en un tono angustiado y casi apocalíptico que provocó, con razón, gran alarma ciudadana. Se trataba de un verdadero aluvión de medidas tardías, incompletas y segmentadas, y en algún caso incluso poco fiables, formalizado con la aprobación del Decreto-Ley correspondiente en el Consejo de Ministros del viernes 13 de julio; no sin que el Gobierno dejara de visualizar y capitalizar el apoyo del Jefe del Estado a su comprometida decisión, de excepcional trascendencia política y social, celebrando una sesión previa “deliberante” en el propio Palacio de la Zarzuela, presidida por Su Majestad el rey Juan Carlos.

Se confirmaban así, la gravedad de la situación, la incapacidad del Gobierno para ajustar soluciones adecuadas en tiempo y forma, la opacidad o falta de transparencia informativa acreditada en la gestión de la crisis, el entretenimiento suicida de supeditar la toma de decisiones a los intereses del PP en las elecciones al Parlamento de Andalucía (25-M), etcétera… Toda una sintomatología letal para cualquier presidente de gobierno afectado en términos más o menos similares, pero que, aquí y ahora (sin una mejor alternativa política disponible), habremos de digerir como podamos.

Lo peor del caso es que este rescate/intervención, que de momento deja en evidencia al Gobierno de Mariano Rajoy y limita notablemente su capacidad ejecutiva, imponiéndole además obligaciones ineludibles, tampoco evita otras posibles ediciones posteriores, de mayor o menor calado, ni otros costes o daños colaterales de tipo político. Porque una cosa es estar “intervenidos” (como es el caso) y otra, muy distinta, estar definitivamente “rescatados” (que no lo estamos, ni lo estaremos fácilmente). Al respecto, baste leer en el último párrafo del Anexo 1 del MoU esta significativa frase: “…Más adelante podrán añadirse ulteriores exigencias” (…Further requests may be added at a later stage).

Para empezar, solo los prolegómenos del rescate ya han supuesto que España pierda su puesto como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en favor de Luxemburgo. Un pequeñísimo país de apenas 2.500 kilómetros cuadrados de extensión y 500.000 habitantes, que, con un PIB notablemente inferior al de la deuda del conjunto de nuestras comunidades autónomas, genera una renta per cápita que supera con mucho el doble de la española…

Como hemos recordado en otras ocasiones, Mariano Rajoy pretendió en su momento obtener un ilusorio trato de favor en Bruselas con el argumento de que “España no es Uganda”. Ahora, algún africano dolido por aquella despectiva comparación podría espetarle que “Luxemburgo no es España”.

Pero, dejando a un lado cualquier tipo de comparación irrelevante para superar la crisis, e incluso olvidando las mentiras y los errores con los que unos y otros han llegado a situarnos política y económicamente en donde estamos, ya irremediables, sí que conviene analizar otros graves aspectos del problema que parecen inadvertidos por el conjunto de los actores. O que, aun teniéndolos in mente, no se han llegado a situar de forma adecuada dentro de la tortuosa senda por la que se desliza la crisis, ni por su origen ni en sus consecuencias.

EL “NUDO GORDIANO” CONSTITUCIONAL

No vamos a reiterar las condiciones del rescate ni las imposiciones que conllevan sobre la política económica de España, sobradamente comentadas en los medios informativos. Ahora, nos remitimos sólo a dos aspectos de nuestro modelo de Estado, blindados constitucionalmente, que están siendo obviados o ignorados por el Gobierno de forma peligrosa, error en el que ha caído por la doble vía de no comprender el alcance real del problema y del ensoberbecido secretismo de su actuaciones (yo me lo guiso y yo me lo como, con la inquebrantable adhesión de los demás).

En definitiva, estamos hablando del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado (refrendado por las leyes orgánicas que establecen los correspondientes estatutos de autonomía) y del inalienable principio de soberanía nacional con el que está imbuida nuestra Carta Magna. Ambas circunstancias chocan con la forma en la que se instrumenta el “rescate” del sistema financieroy con la consiguiente “intervención” por parte de las autoridades europeas.

Este proceso de “más Europa” y “menos España”, colisiona con el espíritu y la letra del texto constitucional, sin entrar a valorar en estos momentos su posible conveniencia o inconveniencia política. Por ello, sorprende que la decisión del llamado “rescate financiero”, vinculado a una cesión de soberanía incluso en el ámbito macroeconómico, no se haya sometido o no se vaya a someter, cuando menos, a la autorización mediante ley orgánica que establece el artículo 93 CE, referente obligado para la celebración de tratados que puedan atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española.

Aquí, lo del “yo me lo guiso y yo me lo como”, lo de la chapuza normativa o lo de los “fraudes de ley”, que son prácticas más que habituales de nuestra clase política, no servirá. Y el acuerdo conchabado entre Rajoy y Rubalcaba, tampoco. El rescate del sistema bancario y su condicionalidad se deben plantear y debatir en el Parlamento con luz y taquígrafos, siendo aprobado, en su caso, como ley orgánica, es decir con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Un trámite parlamentario insoslayable por la trascendencia política que en sí mismo tiene el rescate/intervención. Pero también porque prácticamente todas y cada una de las medidas que está imponiendo el Gobierno, nada tienen que ver con el programa electoral previo del PP, ni con las promesas que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en los comicios del 20-N.

Se trata de un importantísimo paquete de medidas sobrevenidas de gran trascendencia en la vida nacional que, como tales, requieren al menos un debate de transparencia, que tampoco impide su revalidación política. Porque, si en una situación de tan extrema gravedad como la presente, se prescinde gratuitamente del Congreso de los Diputados, ¿para qué puede servir entonces la institución parlamentaria…?

Pero, volviendo a la irracionalidad del proceso, es que, además, el Gobierno de la Nación tampoco puede imponer a las comunidades autónomas decisiones derivadas del rescate del sistema financiero, sin ostentar para ello suficiente título competencial o contraviniendo lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. De hecho, hay autonomías, incluso gobernadas por el PP, que, con la ley en la mano y a fuer de poder quebrar económicamente, ya muestran su sonora indisciplina ante las “llamadas de atención” gubernamentales...

La realidad, es que la condicionalidad del denominado “rescate financiero”, o más en concreto la intervención y la cesión de soberanía que conlleva, tienen mal ajuste y cabida constitucional. El problema se querrá ver o no ver, pero ahí está.

MÁS PRESIÓN SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Por eso, ya advertimos también en su momento que el “rescate real” (que es en el que estamos), no el “rescate de favor” pretendido por el presidente Rajoy, obligaría tarde o temprano a una reforma constitucional.Entre otras cosas, para reconducir el Estado de las Autonomías hacia la racionalidad política y a la realidad europea: ignorar esta evidencia será volver al “ejercicio de tinieblas” de otros tiempos, con todas sus consecuencias.

Pero, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato de las autonomías? Porque, aun cuando la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria, la actual clase política provinciana y pesebrera va afanadamente a lo suyo y defenderá los privilegios caciquiles con uñas y dientes.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, en un momento ciertamente crucial de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona (el “café para todos”), ha fracasado. Por eso, la actual coyuntura de crisis, con los problemas que arrastra, no deja de ser un momento procedente para que Gobierno y Oposición convinieran la creación de una “Comisión de Sabios” encargada de estudiar ya (con urgencia) una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y a la nueva realidad política, económica y social más inmediata.

Punto final: En política, la ocultación, la negación y hasta la mentira, están lamentablemente a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.

Por eso, a Mariano Rajoy, que en relación con la crisis también ha ocultado, negado y mentido sin cuento, lo que más hay que reprocharle es el haberse equivocado con el tratamiento de paños calientes y tardanzas adoptado para afrontarla, y que en apenas siete meses nos ha introducido de forma definitiva en un pozo mucho más oscuro y profundo de lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos.

ANEXO: Borrador del Acuerdo para el Rescate Financiero (en inglés)

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