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El lobby que representa a las mayores empresas de España, el Instituto de la Empresa Familiar, encendió el debate al preguntar la pasada semana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las razones por las que había sido imposible alcanzar un pacto de Estado con el principal partido de la oposición, pese a la situación de emergencia nacional. Desde esa fecha, los acontecimientos se han precipitado, aunque las posiciones entre PP y PSOE siguen muy distantes.

El programa de reformas presentado por Rajoy a Bruselas, que prolonga un año más la subida de impuestos aprobada nada más llegar al Gobierno, ha servido como argumento al PSOE para reclamar como compensación un plan de estímulo de la economía. La propuesta de Rubalcaba se basa en una inyección de 30.000 millones de euros, que saldrían del excedente de la línea de ayuda al sector bancario, de los que 20.000 se destinarían a impulsar el crédito a pymes y a fomentar el autoempleo y otros 10.000 a sostener a los hogares en riesgo de perder su vivienda habitual. “Es una medida preventiva para evitar que en un año y medio haya que recapitalizar de nuevo a la banca española”, advirtió el líder del PSOE.

Una propuesta que ha sido rechazado en primer término por el PP y posteriormente por Bruselas. Durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de los populares celebrada ayer en Madrid, Rajoy se mostró abierto a acuerdos con los grupos parlamentarios, “siempre que no supongan volver a políticas económicas que no han funcionado”. En este punto, dio la bienvenida a las propuestas encaminadas a crear empleo y crecimiento económico. “Lo que no se puede permitir es que se solicite a través de pactos medidas de mayor gasto y de mayor endeudamiento que van en la misma dirección de las políticas económicas que llevaron a España a la actual situación”, apuntó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva. Aún más vehemente se pronunció ayer la Comisión Europea, quién descartó de forma taxativa que parte del remanente de los 100.000 millones de euros que el Eurogrupo concedió hace casi un año para los bancos españoles, pueda destinarse a créditos a particulares o ayudas al empleo. “El dinero del rescate bancario procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad no puede utilizarse para otros objetivos que no sean la recapitalización de entidades con problemas”, resaltaron fuentes comunitarias. Sabedor de que sus argumentos iban a ser respaldados por la Comisión Europea, Rajoy volvió a repetir las explicaciones que justificaron la aprobación del nuevo plan nacional de reformas y la prolongación de la subida de impuestos, que en teoría era temporal. “Se han subido impuestos para evitar el crac al que se enfrentaba España, pero el presidente ha garantizado que los bajará en cuanto sea posible y teniendo como tope el año 2015”, subrayó Cospedal durante su alocución.

El jefe del Ejecutivo insistió en que el PP es favorable a la bajada de impuestos, pero subrayó que ha habido circunstancias que han obligado a una subida de los mismos y a tomar otras medidas coyunturales para salvar al país de una situación extrema. “No queríamos subir impuestos, pero el año pasado España estaba a punto de un crac y era absolutamente necesario realizar una política como la realizada para lograr más ingresos”, señaló Rajoy según su número dos en el partido. No obstante, recordó que el Gobierno primó la disminución de los gastos, ya que por este método se han ahorrado 20.000 millones de euros, mientras que se han conseguido 2.000 por la vía del aumento impositivo. “En cuanto sea posible se bajarán los impuestos. A partir de 2015, volverán entonces a la situación que tenían antes de la subida”, avanzó Cospedal.

Ante la falta de sintonía con Rubalcaba (hasta Cayo Lara, coordinador general de IU, criticó su propuesta por estar abocada a generar más deuda y más déficit), Rajoy tratará de limar las diferencias con los sindicatos, con cuyos secretarios generales se reunirá el próximo día 16 de mayo. Tras dos huelgas generales desde que accedió a la presidencia, los líderes sindicales van a pedir al líder del PP un pacto entre los partidos políticos y los agentes sociales que dé prioridad al empleo, mientras esperan que el Gobierno revise sus políticas y haga una apuesta decidida por el crecimiento económico. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, abogó ayer por el impulso de medidas destinadas a las personas desempleadas y desprotegidas, “como una renta básica de carácter universal para aquellas familias que no tienen ningún ingreso”.

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