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El Gobierno de  España debe investigar el asesinato de ocho saharauis, dos de ellos con DNI español, cometido por militares marroquíes el 12 de febrero de 1976 cuando todavía España permanecía en el Sáhara Occidental, de donde salieron sus últimas tropas catorce días después y dos más tarde fue arriada la bandera española de la azotea del Gobierno  General de El Aaiún.

Así lo han manifestado a responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores el médico psicólogo Carlos Martín Beristain y el médico forense Francisco Etxeberria,  investigadores del equipo que exhumó dos fosas comunes en el desierto del Sáhara Occidental,  en la zona de Fadret Leguiaa, cerca de Amgala, en la región de Smara.

Sus investigaciones determinaron que los ocho saharauis, beduinos dedicados al pastoreo, dos de ellos menores de edad, fueron asesinados por disparos de fusil en la cabeza, (“las lesiones corresponden a lugares vitales selectivos, propios de ejecuciones extrajudiciales”, reza el informe), y enterrados en el mismo lugar donde fueron detenidos por  militares marroquíes.

Para Francisco Etxeberria, profesor de la UPV, “la evidencia forense confirma todo aquello que previamente habíamos conocido a través  de testimonios completamente y al cien por cien, incluyendo las identidades. Desde el punto de vista de la patología forense hay lesiones traumáticas por disparos en la cabeza en todos, y uno de los que portaba DNI español tiene, además,  un disparo que le arranca prácticamente la zona de la cadera descendente desde el tórax hacia a la parte del abdomen”.

Se repite algo que uno puede ver en cualquier lugar del mundo, ocultar un crimen sepultando bajo tierra, en un lugar inhóspito y dejando en la incertidumbre, y convirtiendo así en victimas,  a una serie de familias”, agrega.

Los dos saharauis con carné de identidad español eran Mohamed Abdalahe Ramdam, con DNI número a-4131099, y Mulud Mohamed Lamin, con DNI número A-4520032.  Otro de los saharauis, Salama Mohamed Ali Sidahmed, tenía una cartera plastificada con membrete español con un carné de racionamiento de azúcar, junto con un documento de la empresa española Cubiertas y Tejados.

Ante la existencia de estos documentos españoles entre los restos encontrados y haber ocurrido cuando España todavía se encontraba en el Sáhara Occidental, Etxeberria y Beristain pidieron una entrevista con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladar los resultados de su investigación, siendo recibidos el miércoles 18 por la directora general de la Oficina de Derechos Humanos, Cristina Fraile, y la subdirectora General del Magreb, Eva Martínez.

Los directores del equipo de trabajo, de la Universidad del País Vasco y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, han dicho que las interlocutoras del Ministerio de Asuntos Exteriores les han comunicado que el caso tiene que ser estudiado por sus servicios jurídicos y que darán cuenta al ministerio de Justicia para ver cual es el departamento competente al que deben dirigirse.

Carlos Martin Beristain ha señalado la buena disposición mostrada por las responsables de l MAE, que han manifestado que la necesidad de verificar la nacionalidad,  buscar en los archivos y que quieren fotos más explicitas de los dni encontrados.

Falsa información de Consejo Consultivo de DDHH marroquí

Beristan y Etxeberria han pedido al Gobierno que haga gestiones ante instancias internacionales para que se protejan los restos, encontrados en un lugar controlado por la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara (MINURSO), cerca del muro que construyó  Marruecos y que divide el Sáhara Occidental.

Beristain ha indicado que no trasladaron los restos para que no se dijera que estaban destruyendo pruebas,  lo importante que es su custodia y que   puedan ser verificados por organismos internacionales para después ser entregados oficialmente a sus familias.

Quieren que se protejan otras fosas de las que tienen conocimiento, así como las que presumiblemente están en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos e, incluso, lugares de entierro de quienes murieron en centros clandestinos en territorio marroquí. “Son pruebas de crímenes de lesa humanidad  y eso debe ser esclarecido”, afirma Beristain.

También solicitan la verificación de la lista proporcionada en 2010 por el Consejo Consultivo de Derecho Humanos marroquí, en las que se hace público el nombre de 207 personas desaparecidas.  “Cuatro de ellas, dice  Beristain,  están entre las personas identificadas ahora y el Consejo Consultivo las señaló como detenidas en diferentes épocas, unas en febrero y otras en julio, en esa zona y después  llevadas al cuartel de Smara, lejos de donde las hemos encontrado ejecutadas en dos fosa comunes, lo que muestra la falsedad de la información proporcionada sobre estos cuatro casos  y pone en cuestión el resto de la información”.

Desde que hicieron público el informe “MEHERIS. La esperanza posible. Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados”,  los componentes del equipo investigador  han entrevistado con representantes de organismos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, de Desaparición Forzada y de Cruz Roja, a los que han perdido colaboración para seguir investigando más casos de fosas comunes en el Sáhara Occidental.

“Esto es un desafío para las autoridades marroquíes, que tienen que tener una actitud favorable a la investigación  y no negarse  o tratar de desviar la atención con otros factores”, concluye Beristain

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