El pasado miércoles 19 de septiembre, ofrecimos una primicia informativa titulada “Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales deciden plantar cara al Gobierno”, acompañada de un confidencial en el que también se desvelaban las maniobras de Alberto Ruiz-Gallardón para consolidar la politización de la Justicia, generando con ellas un fuerte malestar contra el PP dentro de la misma corporación profesional.
Las reuniones masivas de las Juntas de Jueces celebradas el viernes 21 en toda España, han confirmado el malestar larvado en el ámbito judicial desde hace tiempo, aprobando sin apenas variación el borrador del Manifiesto anticipado por “elespíadigital.com”.
Además, en algunas de las juntas se quiso ir bastante más allá de lo aprobado finalmente. En las celebradas en Baleares y Badajoz, Cáceres, Huelva, Málaga, Murcia, Toledo…, se recogió la “indignación” provocada en el colectivo de jueces y fiscales por el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al “no defender los intereses de la carrera judicial” en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia, tildadas de “personales” y para las que no le considera legitimado.
Los jueces de Madrid, en primera línea
En Madrid, cuyo juez decano es el magistrado José Luis González Armengol, la Junta de Jueces, tomó cuatro acuerdos que les sitúan en primera línea de la contestación al Gobierno.
En primer lugar, aprobaron “adherirse por unanimidad al acuerdo alcanzado por la Comisión Interasociativa de fecha 17/09/2012 que propone como medidas el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación de la carga de trabajo de los Jueces y la participación en la concentración que se convoque a tal fin por la Comisión Interasociativa”. También analizaron con detalle varias medidas de presión, siendo aprobado por mayoría, con una abstención, el secundar la huelga como medida de presión.
En segundo lugar, se aprobó pedir la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”.
En tercer término, aprobaron “recordar al Ministerio de Justicia que los Jueces somos Poder Judicial; que conforme a datos estadísticos hay un político por cada 106 habitantes y un Juez por cada 10.000 habitantes y que los proyectos legislativos por él auspiciados pretenden terminar con la independencia del Poder Judicial y tienen como finalidad el control de los Jueces”.
Por último, los jueces de Madrid también acordaron “solicitar formalmente la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ”.
Fuentes del CGPJ, no concretadas, han señalado al diario “El País” que, en contra de las palpables reivindicaciones de los jueces y fiscales para mejorar el deplorable funcionamiento de la Justicia, sus protestas encubren “un intento de las asociaciones por seguir controlando la elección de los vocales del Poder Judicial” (22/09/2012), que debe renovarse el año que viene.
La razón oculta del nombramiento de Moliner al frente del CGPJ
La realidad investigada por elespiadigital.com y publicada antes de que eclosionaran las protestas latentes de jueces y fiscales, es muy distinta. El estallido del caso se produjo cuando, tras la toma de posesión de Moliner como presidente del CGPJ el pasado 23 de julio, el ministro Ruiz-Gallardón dio un “paso atrás” en la línea prometida de “despolitizar” la institución y permitir que sus vocales fueran elegidos mayoritariamente por los propios representados, causado con ello un gran malestar en las bases del estamento judicial que consideran su dependencia de los partidos políticos insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático.
En este oscuro proceder, ha sido fundamental el apoyo prestado por el PSOE a través de Soraya Rodríguez Ramos, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y Antonio Camacho, fiscal y sucesor de Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, y que pasa por garantizar a Gonzalo Moliner la relección como presidente del CGPJ y del TS en el próximo mandato institucional, apoyado de consuno por los dos partidos mayoritarios.
Dentro de este contexto, Gonzalo Moliner se posicionó abiertamente a favor de una “elección parlamentaria” de los cargos del CGPJ el pasado 10 de septiembre, durante una entrevista concedida a precisamente la “Cadena Ser” que, como “El País”, tan buenas relaciones ha mantenido siempre con Ruiz-Gallardón y con Pérez Rubalcaba.
En sus declaraciones, Moliner adujo que el CGPJ es un órgano del Estado y lo tiene que elegir la ciudadanía, afirmando que “la elección por los jueces es una elección corporativa" y que, en su opinión, en una democracia, una elección corporativa no parece que sea lo mejor. Moliner se ha mostrado, por tanto, decidido partidario de que los vocales del CGPJ sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces, como inicialmente habían propuesto el PP y su actual ministro de Justicia, ni tampoco directamente por la ciudadanía, como cabría pensar a tenor de la supuesta independencia del Poder Judicial.
Otro aspecto subyacente en esta actitud de Ruiz-Gallardón es su campaña encubierta, pero continua, para alcanzar la Presidencia del Gobierno de la forma que fuere. Ahora, con el “finiquito político” de Esperanza Aguirre y la previsión de que, tarde o temprano, Mariano Rajoy quede “abrasado” por la crisis económica, su interés más inmediato parece centrado en continuar tendiendo puentes con el PSOE para conjurar la radicalidad de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley de Plazos), a la que le obliga el programa electoral de su partido.
Más allá todavía, y según se comenta en medios europeos informados tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspire a postularse como “el Monti” español”; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos necesarios.
De esta forma se entiende también que fuera un candidato de Pérez Rubalcaba el que se alzara con la presidencia del CGPJ, candidatura muñida por dos peones de éste (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y por el actual secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García. Se da la circunstancia de que éste último fue, desde 2004, Magistrado Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, bajo las presidencias de Francisco José Hernando y Carlos Divar, ocupando previamente (desde 1999) otros cargos de relieve en el CGPJ: su perfecto entendimiento del sistema judicial de dependencia partidista es indiscutible.
El pasado miércoles 19 de septiembre, ofrecimos una primicia informativa titulada “
