Bernardo V., agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la División de Operaciones, ha sido expulsado del servicio secreto por haber intentado pasar información sensible al PP en 2011, cuando el centro de espionaje dependía orgánicamente del Ministerio de Defensa, entonces bajo la dirección de la socialista Carme Chacón, según han revelado a El Confidencial fuentes muy cercanas a la Moncloa.

Según el prestigioso digital, fue el propio PP, a través de personas próximas a José Luis Cortina, exjefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CNI y absuelto por falta de pruebas en el juicio del 23-F, quien alertó al servicio de espionaje. Bernardo V., brigada de la Guardia Civil, fue primero sancionado con tres años de suspensión y más tarde expulsado con el visto bueno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que ahora depende el CNI.

El espía expulsado, que estaba al frente de la sección de Doctrina de la División de Operaciones, no llegó a robar documentos originales del CNI, pero sí guardó durante años copias manuscritas de muchas de las misiones en las que él mismo participó o de las que tuvo conocimiento por el puesto que ocupaba. La investigación interna ordenada en 2011 por el máximo responsable del servicio secreto, el general Félix Sanz, no aclaró las razones por las que Bernardo V. copió esos informes.

"No sería la primera vez que un agente del CNI hace acopio de información reservada para cubrirse las espaldas", sostienen las fuentes consultadas. Pero ¿por qué Bernardo V. contactó discretamente con la sede de Génova para comunicar que disponía de información comprometida? "Porque su conducta había levantado sospechas en el CNI y sabía que lo vigilaban. Por eso trató de blindarse ofreciéndole su mercancía al PP. Pero sus supuestos contactos en el partido le traicionaron", añaden las mismas fuentes.

Actividades "extraprofesionales"

El ya exespía recurrió su expulsión por la vía contenciosa, según informó el 22 de abril la Cadena Ser. Pero la Audiencia Nacional dio la razón al CNI el pasado mes de marzo, asegurando que "del examen de las actuaciones se evidencian actividades extraprofesionales que revelan, sin lugar a dudas, que el agente ha vulnerado su obligación de guardar secreto y reserva de los asuntos de los que conozca por razón de su trabajo".

No es la primera vez que el CNI se enfrenta a una fuga de información. En 2010, el exagente Roberto Flórez fue condenado a 12 años de prisión por un delito de traición, tras probarse que se hizo con documentación secreta con la intención de ofrecérsela a los servicios secretos de Rusia, aunque el tribunal consideró que no hubo "acreditación suficiente" para saber si finalmente llegó a venderla. Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con Bernardo V., Flórez no fue expulsado del CNI porque ya había abandonado el servicio secreto cuando el robo fue descubierto.

Aún más sonado fue el caso del coronel Juan Alberto Perote, exjefe de la AOME, que sustrajo durante varios años material muy comprometido del Cesid, el precursor del CNI. Perote fue condenado en 1997 a siete años de cárcel por el Tribunal Militar Central por un delito de revelación de secretos. Cuando fue destituido en 1991 se llevó numerosa documentación del centro sobre la guerra sucia del Gobierno de Felipe González contra ETA. La publicación de esa información destapó la existencia de los GAL.

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