La Asociación Unificada de Guardias civiles (AUGC) de León ha denunciado a través de un comunicado la presión que están sufriendo por la Comandancia para que colaboren en la nueva cruzada recaudatoria que comenzó para aumentar el número de infracciones.

Según la asociación, el descenso de los delitos e infracciones en la demarcación de la Guardia Civil es interpretado por los mandos de la Comandancia como una bajada en la actividad de las patrullas de seguridad ciudadana.

AUGC acusó a la Comandancia de la Guardia Civil de obligar a los agentes a que aumenten el número de infracciones «argumentando para ello que no denunciar es sinónimo de no trabajar», una seguridad ciudadana que, según los propios agentes, deja de primar para los mandos cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una nueva campaña, centrada en el cinturón de seguridad, el uso del teléfono móvil al volante...

La delegación de León de AUGC afirma que no sólo piden a los guardias civiles destinados en seguridad ciudadana que aumenten el número de infracciones, sino que también se les está exigiendo un mínimo de identificaciones diarias para seguir «engordando» la base de datos de la Guardia Civil, «por lo que pasa de ser una herramienta útil para las unidades de seguridad ciudadana, a convertirse en un almacén de datos carentes de interés policial que en muchas ocasiones más bien entorpece su labor», afirmó la asociación.

La legalidad de esta base de datos está siendo discutida en los tribunales puesto que todos los ciudadanos que son identificados quedan «fichados» para la Guardia Civil. «Todo ello con la excusa de que interesa la seguridad ciudadana, para ello parar muchos coches en nuestras demarcaciones con o sin motivo», se quejan los agentes.

Además aseguran que entre las labores a los guardias civiles, «bajo amenaza», se les exige mantener limpios los vehículos oficiales. Y para ello hay una prohibición de «entrar en camino ninguno» con los coches oficiales. Prohibición que entorpece la realización del servicio de la Guardia Civil, ya que la mayor parte de su demarcación se encuentra en terreno rural, y que califican de «el colmo de lo absurdo». Estas órdenes obligan a los guardias civiles a «bordear» la legalidad.

La Subdelegación de Gobierno ha evitado pronunciarse al respecto de esta denuncia. «La Guardia Civil no responde a estos comunicados», replicaron.

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